La televisi¨®n pronto llegar¨¢

?STE ERA el t¨ªtulo de una cancioncilla popular de los a?os cincuenta que se tarareaba en los bares y caf¨¦s de Espa?a anunciando la buena nueva que del mismo se desprend¨ªa. Desde entonces hasta nuestros d¨ªas, cuanto se ha hecho en televisi¨®n en nuestro pa¨ªs ha sido bajo el control y la gesti¨®n directas de las autoridades p¨²blicas. Ahora, y despu¨¦s de una larga historia de vacilaciones, el Gobierno socialista ha decidido enviar a Cortes un proyecto de ley que dar¨¢ paso tambi¨¦n a la televisi¨®n privada. ?sta es, pues, una buena noticia: supondr¨¢ aumentar la oferta informativa y cultural de la televisi¨®n, dinamizar¨¢ a la propia RTVE, potenciar¨¢ el mercado publicitario y contribuir¨¢ a nivelar la situaci¨®n espa?ola con la de algunos de los pa¨ªses de nuestro entorno pol¨ªtico y econ¨®mico.Quiz¨¢ el hecho m¨¢s destacado de la aprobaci¨®n del proyecto es que haya sido un Gobierno socialista quien rubrique la privatizaci¨®n televisiva, despu¨¦s de d¨¦cadas de poder de la derecha, en la dictadura y en la democracia, incapaz de haber generado esta liberalizaci¨®n de las ondas. Aunque en muchos aspectos el proyecto del Gobierno pueda parecer t¨ªmido, la oposici¨®n conservadora no debe perder de vista este matiz: es la izquierda la que se ha decidido a esta oferta de pluralismo televisivo, tercamente negada por equipos gobernantes anteriores. Y cuantas protestas se hacen ahora desde esas ¨¢reas -las m¨¢s reaccionarias y las m¨¢s moderadas- pueden ponerse entre par¨¦ntesis a la hora de analizar lo que hicieron sus representantes cuando pudieron, y no quisieron, aprobar ellos una ley privatizadora de la televisi¨®n. Por lo dem¨¢s, no es descabellado contemplar el proyecto socialista como el primer paso en una senda que ir¨¢ ensanch¨¢ndose a medida que las nuevas tecnolog¨ªas de la comunicaci¨®n vayan adquiriendo cuerpo real en Espa?a.

Tanto Manuel Fraga como Miquel Roca han manifestado su disgusto y disconformidad con la ley, y han adelantado que van a modificarla totalmente en cuanto venzan en unas elecciones legislativas. Al margen de que esta eventualidad parece por el momento lejana, es preciso analizar el comportamiento que ambos dirigentes pol¨ªticos y sus partidos han manifestado en las ocasiones en que han tenido responsabilidades en el terreno de la televisi¨®n. Sin que el an¨¢lisis hist¨®rico sea eximente de las culpas de los directivos actuales de RTVE, ser¨ªa una injusticia no reconocer el papel de Manuel Fraga a la hora de hacer balance de lo que sucede en el conocido monstruo de la ¨²nica televisi¨®n de ¨¢mbito nacional. Buena parte de las disfunciones, vicios de funcionamiento y h¨¢bitos de sometimiento observables hoy en d¨ªa en RTVE tienen su origen y se organizan en los a?os en que hab¨ªa un ministro del ramo que se ocupaba de la televisi¨®n y que casualmente se llamaba Fraga. Ya en la etapa predemocr¨¢tica, siendo ¨¦ste ministro del Interior, no se distingui¨® por su disposici¨®n a liberalizar la televisi¨®n. Ni mucho menos lo hicieron los sucesivos Gobiernos de la UCD en los que el actual coordinador general del partido fraguista fue, entre otras cosas, director general del ente. Puede decirse que la derecha dura de este pa¨ªs, y aun el centro-derecha, s¨®lo se han mostrado de veras partidarios de la televisi¨®n privada cuando las urnas les han arrebatado el monopolio de la p¨²blica. El Gobierno se ha podido quedar corto en el proyecto enviado a Cortes, pero su largueza es enorme si se compara con el patrimonialismo televisivo que han ejercitado los que ahora chillan hasta la amenaza -de dudosa fiabilidad democr¨¢tica- de abandonar el Parlamento y de no presentarse a las elecciones.

En cuanto a Roca, la experiencia de gesti¨®n de la empresa p¨²blica Corporaci¨® Catalana de R¨¤dio i Televisi¨®, en manos de su partido y que emite con el nombre de TV-3, no es precisamente un buen ejemplo de utilizaci¨®n racional de fondos p¨²blicos o de ausencia de manipulaci¨®n por parte del Gobierno catal¨¢n. Aunque es preciso reconocerle algunas cualidades t¨¦cnicas y profesionales, en su conjunto TV-3 parece haber seguido, paso por paso, el objetivo de conseguir en tres a?os lo que a RTVE le ha costado 30 en lo que a colosalismo, gastos disfuncionales y control gubernamental se refiere. El estado de gracia en que se mantiene el canal catal¨¢n ante la opini¨®n p¨²blica se debe principalmente a la normalizaci¨®n cultural y ling¨¹¨ªstica que promueve, pero no permite cerrar los ojos a sus defectos estructurales, de los que el partido que controla la Generalitat -y al que Roca pertenece- es principal responsable.

El proyecto socialista

Por lo dem¨¢s, hay importantes cr¨ªticas que hacer al proyecto socialista. La reserva m¨¢s seria es el car¨¢cter mismo de la ley prevista. Hubiera sido mejor, como garant¨ªa futura de los derechos ciudadanos, una ley org¨¢nica que desarrollara la libertad de expresi¨®n reconocida en el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n en el terreno audiovisual y no este simple desarrollo esbozado de la gesti¨®n del servicio p¨²blico de televisi¨®n. El Gobierno, haciendo una lectura restrictiva de la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de marzo de 1982, huye de la posibilidad de esa ley org¨¢nica, aunque su grupo parlamentario al contar con m¨¢s de la mitad m¨¢s uno de los esca?os de la c¨¢mara posee los votos necesarios para la aprobaci¨®n de un proyecto de esta naturaleza. Pero, como ya tuvimos ocasi¨®n de decir entonces, la opini¨®n mayoritaria del Tribunal Constitucional, en cuanto dec¨ªa que "la televisi¨®n privada nos es una derivaci¨®n necesaria del art¨ªculo 20" de nuestra norma fundamental, es discutible. Y la propia sentencia abr¨ªa la puerta a que la ley que ordenara la televisi¨®n privada fuera efectivamente org¨¢nica "en la medida en que afecte a algunos de los derechos constitucionalizados en el art¨ªculo 20". "Salta a la vista", dec¨ªa EL PA?S de hace cuatro a?os, "que la autorizaci¨®n de la televisi¨®n privada afecta al derecho de comunicar o recibir libremente informaci¨®n veraz por cualquier medio de difusi¨®n y que por ende s¨®lo una ley org¨¢nica podr¨¢ regular este campo". Hoy seguimos pensando exactamente igual, pero es obvio que el Gobierno ha escogido la v¨ªa menos comprometida para la tramitaci¨®n parlamentaria. Y lo ha hecho incluso ignorando otra sentencia del alto tribunal (de 7 de diciembre de 1982) que, pese a una notoria ambig¨¹edad, habla expl¨ªcitamente de la "necesidad de una ley org¨¢nica que exprese, dentro del marco de la Constituci¨®n, la decisi¨®n pol¨ªtica de instituir la llamada televis¨ª¨®n privada". ?ste no es un tema tampoco balad¨ª: los futuros concesionarios no pueden estar al albur de que las Cortes aprueben ahora una norma que se pueda recurrir con facilidad al Tribunal Constitucional.Entre las exigencias a las nuevas televisiones privadas que- el proyecto establece merece se?alarse la de una cuota de producci¨®n nacional, comprensible si se quiere proteger el sector cinematogr¨¢fico y audiovisual de nuestra industria. Los l¨ªmites marcados a la publicidad son del todo innecesarios desde el entendimiento de las leyes del mercado, pero pueden resultar plausibles si contribuyen a evitar la degradaci¨®n del medio.

Lo m¨¢s oscuro de lo que se conoce del proyecto sigue siendo la regionalizaci¨®n de las emisiones y en qu¨¦ medida pudiera afectar a las competencias de los Gobiernos auton¨®micos, mediante el dise?o de un mapa que no coincidiera con el de las autonom¨ªas. Otras cuestiones quedan tambi¨¦n pendientes de futuros desarrollos, como el instituto que controlar¨¢ el uso de la red p¨²blica y futuros sistemas alternativos de difusi¨®n, as¨ª como la utilizaci¨®n correcta de las concesiones, y del que, como m¨ªnimo, cabe esperar que funcione mejor que las instituciones dise?adas por el Estatuto de Radiotelevisi¨®n Espa?ola.

Habr¨¢ que aguardar, pues, tras la aprobaci¨®n de la ley, al decreto que regular¨¢ las concesiones, tan importante o m¨¢s que la ley misma. Entre tanto, merece la pena poner sordina a las expectativas e ilusiones desorbitadas que la televisi¨®n privada genere. La capacidad industrial, comercial y profesional de Espa?a es limitada, y atendiendo a ella resulta imposible pensar en la existencia de cinco canales -dos p¨²blicos y tres privados- de cobertura nacional, m¨¢s los tres auton¨®micos ya existentes, emitiendo durante un n¨²mero considerable de horas al d¨ªa con una calidad irreprochable. La televisi¨®n privada dar¨¢ v¨ªas al pluralismo informativo y de expresi¨®n de los espa?oles, y generar¨¢ alternativas de ocio diferente. Pero merece la pena ser esc¨¦pticos respecto al contenido de programaci¨®n de muchos de esos canales. No obstante, la competencia entre ellos permitir¨¢ agilizar los sistemas de gesti¨®n tambi¨¦n en RTVE, dinamizar la estructura de ¨¦sta y sanearla. Al mismo tiempo la televisi¨®n estatal deber¨¢ estar menos preocupada por hacerle la guerra comercial a los operadores privados y m¨¢s por cubrir las lagunas culturales y educativas que los nuevos canales puedan tener. Tambi¨¦n ser¨¢ interesante contemplar de qu¨¦ manera pueden protegerse en este terreno las empresas espa?olas de la presi¨®n de las extranjeras, con experiencia y capacidad de producci¨®n y de emisi¨®n ya en las manos.

En definitiva, son muchos los interrogantes a¨²n pendientes. Lo aprobado ayer en Consejo de Ministros es s¨®lo la se?al de partida de una carrera que nos lleva a un futuro mejor pero no necesariamente esplendoroso.