El Gobierno recurrir¨¢ contra un acuerdo administrativo que fija en el 80% el valor de las acciones de Galer¨ªas Preciados

El Gobierno va a interponer en breve un recurso ante la Audiencia de Madrid al haber declarado lesivo el acuerdo adoptado por el Jurado Provincial de Expropiaci¨®n de Madrid, que fijaba el valor (justiprecio) de las acciones de los aproximadamente 20.000 accionistas minoritarios de Galer¨ªas Preciados que hab¨ªa en el momento de la expropiaci¨®n de todas las empresas de Rumasa en el 80%. De hacerse firme este acuerdo, el Estado deber¨ªa desembolsar en torno a unos 4.000 millones de pesetas.

El pasado mes de julio, la Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado elev¨® al Jurado de Expropiaci¨®n de Madrid su hoja de valoraci¨®n de las acciones de Galer¨ªas Preciados, estimando su valor a efectos de justiprecio en cero pesetas. El Patrimonio del Estado lleg¨® a ofrecer en su momento a los representantes de los accionistas minoritarios, ajenos al grupo Rumasa, una valoraci¨®n de sus acciones -en el momento de la expropiaci¨®n cotizaban en bolsa al 26%- del 50%, que ¨¦stos rechazaron.

Desde un primer momento, la Administraci¨®n intent¨® llegar a un acuerdo con los representantes de los accionistas minoritarios como los logrados en casos similares con otras empresas del grupo de Rumasa, sin que ello fuera posible dado que la valoraci¨®n que ellos presentaron en su correspondiente hoja de aprecio se elevaba al 145%. La oferta de la Administraci¨®n ten¨ªa un coste para el Estado pr¨®ximo a los 1.500 millones de pesetas, mientras que las aspiraciones de los accionistas minoritarios representaban un coste para el Estado cercano a los 5.000 millones de pesetas.

El recurso que tiene decidido presentar el Gobierno ante la Audiencia de Madrid mantendr¨¢ las mismas premisas contempladas en la hoja de aprecio enviada al Jurado Provincial de Expropiaci¨®n de Madrid, y en concreto insistir¨¢ en el valor cero para el justiprecio de las acciones de Galer¨ªas Preciados.

El Estado, contra el Estado

La decisi¨®n del Jurado Provincial de Expropiaci¨®n de Madrid, fijando el valor de las acciones en el 80% -valor intermedio te¨®rico entre las peticiones de los accionistas y la oferta que el Patrimonio del Estado lleg¨® a hacer en su d¨ªa-, provoca una situaci¨®n jur¨ªdica peculiar en la que el Estado recurre -en este caso como un particular cualquiera- contra s¨ª mismo ante los tribunales. La soluci¨®n se contempla en el art¨ªculo 56 de la ley de Jurisdicci¨®n Contencioso-administrativa.En cualquier caso, este recurso que va a presentar el Gobierno, al considerar que la decisi¨®n del Jurado Provincial de Expropiaciones de Madrid le resultaba lesivo, supondr¨¢ un nuevo aplazamiento en la decisi¨®n de este largo contencioso que dura ya m¨¢s de un a?o. Todav¨ªa falta fijar el justiprecio de las acciones correspondientes a otras 15 o 20 empresas de la antigua Rumasa.