El desaf¨ªo de la colza
El tribunal que juzgar¨¢ el caso estima que el juicio podr¨¢ empezar en noviembre
Jer¨®nimo Barnuevo, de 68 a?os; Siro Garc¨ªa, de 49, y Javier G¨®mez de Lia?o, de 37, son los tres magistrados que integran la Secci¨®n Segunda de lo Penal de la. Audiencia Nacional. Ellos son los encargados de juzgar el. proceso m¨¢s importante en la historia de la justicia espa?ola por el volumen del sumario, el n¨²mero de fallecidos y afectados y la cantidad de procesados. Los tres se han planteado el juicio como un desaf¨ªo a la justicia de los a?os noventa y pretenden que el proceso, que piensan que puede empezar en noviembre de este a?o, sea ejemplar y constituya la aut¨¦ntica justificaci¨®n de la existencia de la Audiencia Nacional.
Es un tribunal que busca el equilibrio, y para ello cuenta con la experiencia del presidente, Jer¨®nimo Barnuevo, el magistrado m¨¢s veterano de la sala de lo penal y la fuerza de los dos, magistrados m¨¢s j¨®venes.Los tres han se?alado que no quieren quitarse el caso de encima, sino que tienen el m¨¢ximo inter¨¦s en el mismo, pues "va a ser el asunto m¨¢s importante con el que pueda encontrarse un magistrado en su vida profesional". Para ellos el proceso constituye un reto, que aceptan de buen grado, de lo que es capaz de dar de s¨ª la, Audiencia Nacional, "porque este proceso es el banco de pruebas de lo que va a ser la justicia espa?ola en los a?os venideros". "Es precisamente en este tipo de causas, con muchos procesados, que afecta a varias provincias y dif¨ªcilmente abarcable por un juzgado ordinario, donde m¨¢s se justifica la existencia de la Audiencia Nacional", precisan. "El poder legislativo, en la nueva ley Org¨¢nica del Poder Judicial, ha dado una muestra m¨¢s de la confianza depositada en la Audiencia, y nosotros vamos a dar respuesta a esa confianza".
Cinco meses de juicio
Los magistrados estiman que el juicio tendr¨¢ una duraci¨®n de unos cuatro o cinco meses, "depende de las pruebas (testigos y peritos) que propongan las partes". Cada jornada tendr¨¢ una sesi¨®n intensiva con horario de nueve de la ma?ana a tres de la tarde, y un breve par¨¦ntesis a media ma?ana. El motivo de que se haya escogido este horario es que al final de cada sesi¨®n se pueda hacer una recopilaci¨®n de lo ocurrido en la vista y que las actas puedan estar confeccionadas de un d¨ªa para otro. Adem¨¢s, de esta forma se perjudica menos a los letrados, que tienen despachos y otras obligaciones que atender.
Respecto a la sentencia, los magistrados afirman que su elaboraci¨®n, una vez concluido en juicio, se demorar¨¢ al menos un mes, debido a su complejidad.
Lugar sin decidir
Todav¨ªa no se ha decidido el lugar donde se celebrar¨¢ la vista, aunque el tribunal precisa que ser¨¢ un local amplio, con buenas condiciones de ac¨²stica, que permita que se cumpla el principio de audiencia p¨²blica, y que al mismo tiempo tenga el ambiente propio de un juicio. Los magistrados piensan que el Centro Cultural de la Villa de Madrid es un lugar ¨®ptimo desde el punto de vista funcional, tanto por su aforo como por su proximidad a la Audiencia Nacional, ya que las salas de la propia audiencia est¨¢n descartadas. "En realidad", afirman, "depende de las fechas y del presupuesto. El Ministerio de justicia hasta ahora nos ha facilitado todos los medios que hemos necesitado, y parece que est¨¢ en la mejor disposici¨®n de continuar as¨ª".
Entre las innovaciones jur¨ªdicas que va a aportar este proceso se encuentra la figura del doble ponente (encargado de redactar la sentencia). Los miembros del tribunal se dieron cuenta de la necesidad de que hubiera dos ponentes, y as¨ª lo acordaron, pero han pedido la aceptaci¨®n de la sala de gobierno, y el Consejo General del Poder Judicial tiene conocimiento de la decisi¨®n. "Todav¨ªa no nos han contestado, aunque la sala de gobierno tal vez no lo ha hecho porque entiende que no debe intervenir en la cuesti¨®n y que basta, nuestra decisi¨®n. Creemos que el Consejo lo ve con buenos ojos".
Por otro lado, se ha nombrado un secretario espec¨ªfico para este: caso. "Como pretendemos que en las actas de las sesiones se haga, una reproducci¨®n exhaustiva de todo lo que acontezca en el juicio", explican los magistrados, "estamos pensando en el medio para hacerlo mediante la utilizaci¨®n de grabaciones magnetof¨®nicas o a trav¨¦s de taqu¨ªgrafos y esten¨®grafos.
El proceso de los aceites
Los magistrados Jer¨®nimo Bar nuevo, Siro Garc¨ªa y Javier G¨®mez de Lia?o consideran que ya se ha delimitado el objeto del proceso, al menos parcialmente, porque, aunque lo haya hecho, el fiscal, todav¨ªa faltan las 36 acusaciones privadas. Esta delimitaci¨®n, a su en tender, hace que el denominado sumario del s¨ªndrome t¨®xico pase a ser el proceso de los aceites t¨®xicos y de los aceites adulterados no t¨®xicos, puesto que de este juicio han quedado excluidos todos los otros elementos que no son Los miembros del Tribunal que juzgar¨¢ el caso de la colza estiman que se han investigado todas las hip¨®tesis formuladas sobre la causa del s¨ªndrome t¨®xico, y a este respecto, los magistrados recuerdan la resoluci¨®n que dictaron a principios de marzo de, este a?o, en la que analizaban el tema de los organo fosforados, precisando que esta v¨ªa no hab¨ªa sido olvidada y que se hab¨ªan aportado "expedientes, documentaci¨®n de experimentos, informes cient¨ªficos y policiales y hasta un dictamen de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud, revelador de la establecida diferencia entre la sintomatolog¨ªa del envenenamiento por herbicidas o pesticidas y el s¨ªndrome t¨®xico a que se refiere el presente proceso".
El Tribunal incid¨ªa tambi¨¦n en la investigaci¨®n que sobre los organofosforados como causa del s¨ªndrome realizaba el catedr¨¢tico de Sevilla Luis Frontela. Los magistrados afirmaban que la actuaci¨®n del profesor de medicina legal hab¨ªa quedado frustrada por su propia renuncia, a pesar de la pr¨®rroga que se le hab¨ªa concedido.
Respecto a la posibilidad de que los afectados reciban las indemnizaciones que les correspondan, los magistrados han se?alado que ¨¦stas no podr¨¢n percibir se como resultado de este juicio, ya que, aun en el caso de que los procesados fueran condenados y sus empresas declaradas responsables civiles subsidiarias, no tienen bienes suficientes para hacer frente a las indemnizaciones. Los magistrados apuntaron la existencia de otro proceso en el que se depuran las presuntas responsabilidades de altos cargos de la Administraci¨®n, y en el que, en caso de condena, el Estado ser¨ªa declarado responsable civil subsidiario y tendr¨ªa que hacer frente a las indemnizaciones. Tambi¨¦n cabe la posibilidad de que el Estado apruebe una ley por la que se fijen indemnizaciones, pero al margen del proceso judicial.
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