El presidente del poder judicial acuerda la resoluci¨®n urgente del expediente contra los dos magistrados absueltos

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Antonio Hern¨¢ndez Gil, y el fiscal general del Estado, Luis Antonio Bur¨®n, coincidieron ayer en la iniciaci¨®n de los tr¨¢mites para la resoluci¨®n urgente del expediente contra Jaime Rodr¨ªguez Hermida y Ricardo Var¨®n Cobos, los dos magistrados absueltos del delito de prevaricaci¨®n por la mayor¨ªa de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por su parte, la asociaci¨®n judicial conservadora expres¨® su "satisfacci¨®n" por la sentencia, y la progresista, su "preocupaci¨®n".

Seg¨²n una nota oficial del CGPJ, su presidente "ha acordado incluir con car¨¢cter urgente en el orden del d¨ªa del pleno convocado para el pr¨®ximo d¨ªa 13 de los corrientes, el conocimiento del expediente disciplinario contra ambos magistrados, que se hallaba concluso y pendiente de resoluci¨®n definitiva, la cual se hab¨ªa suspendido hasta que se dictara sentencia en la causa criminal".Por su parte, el fiscal general del Estado, Luis Antonio Bur¨®n, envi¨® un escrito al CGPJ para que se reabra el expediente disciplinario, "¨²nica posibilidad abierta", seg¨²n manifest¨® Bur¨®n, para actuar contra los magistrados en el sentido de la acusaci¨®n mantenida por el fiscal durante el proceso penal. Bur¨®n explic¨® que la sanci¨®n a los dos magistrados no significar¨ªa contradicci¨®n Con la sentencia absolutoria del Tribunal Supremo, "porque una cosa son las obligaciones profesionales", dijo, "y otra la valoraci¨®n penal de unos hechos".

Seg¨²n la ley org¨¢nica del Poder Judicial de 1870, aplicable a la conducta de los dos magistrados absueltos, los jueces y magistrados ser¨¢n corregidos disciplinariamente, entre otros casos, cuando por la irregularidad de su conducta moral o por vicios que les hicieren desmerecer en el concepto p¨²blico, comprometieren el decoro de su ministerio". Esta f¨®rmula fue ampliada por una ley de 1952, para incluir aquellos hechos que revistan "caracteres de manifiesta infracci¨®n de los principios y normas que de ben presidir la actuaci¨®n judicial". El expediente disciplinario, que fue instruido por el magistrado del Supremo Agust¨ªn Mu?oz, solicitaba sanciones muy duras para Var¨®n Cobos y Rodr¨ªguez Hermida.

Reacciones judiciales

El presidente de la APM, Jos¨¦ Gabald¨®n, resalt¨® que la absoluci¨®n hab¨ªa sido decidida "por un tribunal de la m¨¢xima solvencia, como es la Sala Segunda del Tribunal Supremo". Expres¨® tambi¨¦n su satisfacci¨®n "porque la instituci¨®n ha sabido enfrentarse", dijo, "con un trance duro y dif¨ªcil, como es el enjuiciar a dos de sus miembros". Neg¨® que en el enjuciamiento del caso el tribunal "haya podido dejarse arrastrar por un falso esp¨ªritu de compa?erismo".Gabald¨®n asegur¨® que, por el contrario, los magistrados, "en estas circunstancias tienden m¨¢s bien a sobreponer los intereses de la justicia y del prestigio de la propia instituci¨®n, a cualquier otra consideraci¨®n en inter¨¦s de una persona determinada". En su opini¨®n, "el tribunal se habr¨¢ enfrentado al caso, como suele hacerlo, con absoluta objetividad y valorando adecuadamente las pruebas y el derecho aplicable".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Juan Alberto Belloch, mostr¨® "profunda preocupaci¨®n"' por la sentencia. "Jueces para la Democracia comprende la sensaci¨®n de frustraci¨®n generalizada entre los ciudadanos, tanto por la marcha del proceso (con episodios como la exclusi¨®n del enjuiciamiento por un posible delito de cohecho) como por la propia sentencia absolutoria".

Seg¨²n la asociaci¨®n judicial progresista, la sentencia "revela una frontal disconformidad entre la conciencia de esos concretos jueces y la conciencia de la sociedad y, en consecuencia, no contribuye a fortalecer la escasa credibilidad de que ya hoy goza la administraci¨®n de justicia, sino que permite dudas y especulaciones sobre el peso que todav¨ªa tienen las concepciones corporativistas en amplios sectores del poder judicial".

Asimismo, Jueces para la Democracia estima que la sentencia evidencia "hasta qu¨¦ punto es negativo para el prestigio de la justicia como instituci¨®n el que la responsabilidad penal de los jueces sea depurada exclusivamente por los propios jueces". "Sentencias como la dictada en este caso o como la dictada hace poco tiempo en el llamado caso Ballesteros convierten en inaplazable", dice, "la instauraci¨®n de un sistema de jurado puro, que debe ser obligatorio y no optativo para el enjuiciamiento de delitos cometidos por funcionarios p¨²blicos en el ejercicio de sus funciones, o realizados con abuso de la situaci¨®n de privilegio,que dicha condici¨®n puede, en ciertos casos, determinar".

"Un d¨ªa de pesar"

En contraste con la actitud de la APM, para Jueces para la Democracia, segun su portavoz, hoy es "un d¨ªa de pesar, precisamente por la frustraci¨®n del sentido de justicia de los ciudadanos, y no podemos compartir el gozo que otros compa?eros jueces han manifestado, gozo que, con todo respeto, consideramos producto de una cierta complicidad corporativista".