Los reclusos se quejan al Defensor del Pueblo de la asistencia de los abogados de oficio

El fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid, Fernando Jim¨¦nez Lablanca, ha decidido organizar el servicio fiscal de visitas peri¨®dicas a los centros penitenciarios para conocer las quejas d¨¦ los internos sobre dilaciones de procedimientos penales y ejecuci¨®n de sentencias. El acuerdo se adopt¨® a petici¨®n del Defensor del pueblo, tras una reciente visita de ¨¦ste a la c¨¢rcel de Carabanchel (Madrid). Numerosos reclusos se quejaron a Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez de que s¨®lo tienen contacto con su abogado de oficio minutos antes del juicio oral.

Un n¨²mero considerable de internos de la c¨¢rcel de Carabanchel se han quejado al Defensor del Pueblo de la lentitud con que se tramitan los procedimientos penales que les afectan y la tardanza en que los tribunales les remiten los testimonios de sentencias y las liquidaciones de condena, que a veces se reciben con ocho o nueve meses de retraso. El pasado 24 de marzo, el Defensor del Pueblo inform¨® sobre estas quejas al fiscal general del Estado, Luis Antonio Bur¨®n. En la misma fecha, dio cuenta al presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa, Antonio Pedrol, de que numerosos internos se quejaron de que s¨®lo pudieron tener contacto con su abogado de oficio minutos antes de la celebraci¨®n del juicio oral.En su escrito a Bur¨®n, el Defensor del Pueblo resaltaba la especial gravedad de la lentitud judicial cuando afecta a la privaci¨®n de libertad de los ciudadanos. A?ad¨ªa que esta demora "tiene una incidencia directa en el elevado n¨²mero de presos preventivos existente en la actualidad y constituye un factor determinante de la masificaci¨®n de los establecimientos penitenciarios".

El Defensor del Pueblo invocaba la misi¨®n de defensa de los derechos fundamentales que la Constituci¨®n asigna tambi¨¦n al ministerio fiscal, y reclamaba "una especial sensibilidad de esa fiscal¨ªa general" en relaci¨®n a las quejas expuestas. Entre las medidas a adoptar para agilizar la tramitaci¨®n de los procedimientos penales, el Defensor del Pueblo propon¨ªa la posibilidad de que las salas sentenciadoras comuniquen mediante telegrama a los centros penitenciarios el contenido esencial del fallo, sin perjuicio de la ulterior remisi¨®n de los correspondientes testimonios de sentencia".

El 21 de abril de 1.986, el fiscal general del Estado remiti¨® al Defensor del Pueblo un oficio, del fiscal jefe, de la Audiencia Territorial de Madrid, que daba cuenta de la comunicaci¨®n al presidente de la Audiencia Territorial, Clemente Auger, "a fin de que adopte las medidas oportunas para acelerar la tramitaci¨®n de los procedimientos penales". Igualmente, comunicaba la constituci¨®n de: una ponencia para estudiar la organizaci¨®n del servicio de visitas peri¨®dicas a los centros de detenci¨®n, penitenciarios, a fin de que en breve plazo "el fiscal pueda tener conocimiento de las quejas que en cuanto a los procedimientos penales y ejecuci¨®n de sentencias formulen los internos".

Pedrol no responde

En el escrito remitido a Pedrol -y que la semana pasada a¨²n no ten¨ªa respuesta-, el Defensor del Pueblo traslada al presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa las quejas de un elevado n¨²mero de internos por "su ausencia de relaci¨®n con los letrados que le son designados de oficio, los cuales, seg¨²n manifiestan", se?ala el Defensor del Pueblo, "suelen ponerse en relaci¨®n con sus defendidos unos minutos antes de la celebraci¨®n del juicio oral, siendo escasas sus visitas a los centros penitenciarios para establecer los contactos necesarios para el pleno ejercicio del derecho a la defensa y a la asistencia letrada, cuyo ¨ªntegro contenido abarca no s¨®lo el momento del juicio, sino todas las actuaciones previas al mismo".El Defensor del Pueblo expresaba la seguridad de que los hechos expuestos "ser¨¢n investigados por ese Consejo, cuya especial preocupaci¨®n por la efectividad de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos consta a esta instituci¨®n, por las actuaciones que del mismo dimanan".