Fraga contra Fraga

LA NOTICIA de que la Coalici¨®n Popular, que lidera Manuel Fraga, se propone, seg¨²n su programa electoral, derogar la ley de Prensa e Imprenta de 1966 -popularmente conocida, especialmente por quienes fueron sus v¨ªctimas, como ley Fraga- constituye un estimulante suceso. Un suceso que demuestra, contra lo que suele mantener el propio Fraga cuando se empecina en resaltar ciertos rasgos de su vigorosa personalidad, que los hombres pueden mudar de opini¨®n.La ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de 1966 vino a reemplazar a la legislaci¨®n, pr¨¢cticamente de guerra, vigente en Espa?a desde 1939 respecto a los medios de comunicaci¨®n. Su principal novedad fue entonces sustituir la censura previa por el mecanismo de la autocensura institucionalizada. En suma, el derecho a la difusi¨®n de noticias era efectivo ¨²nicamente en el marco definido por el "acatamiento de la ley de Principios del Movimiento Nacional y dem¨¢s leyes fundamentales" del r¨¦gimen franquista. El secuestro de decenas de peri¨®dicos y revistas, su cierre temporal o definitivo y el procesamiento y encarcelamiento de centenares de periodistas fueron el resultado de ese l¨ªmite marcado por la ley Fraga.

Algunos de sus art¨ªculos fueron expresamente derogados por la ley de Protecci¨®n Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de las Personas, de 26 de diciembre de 1978, as¨ª como por la reforma, en 1980, de determinados art¨ªculos del C¨®digo Penal relativos a delitos relacionados con la libertad de expresi¨®n. Nunca, sin embargo, ha sido expl¨ªcitamente derogada la ley como tal, y en ocasiones ha seguido siendo esgrimida como fundamento legal en procesos civiles contra peri¨®dicos y revistas.

Ello ha sido as¨ª pese a que el Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo proclamado en la disposici¨®n derogatoria tercera de la Constituci¨®n, se ha pronunciado reiteradamente en favor de la no aplicatividad de las normas que se opongan a aqu¨¦lla, sin que sea requisito la expresa derogaci¨®n previa de tales normas. Y si alguna ley resulta evidentemente contradictoria con los principios proclamados por nuestra ley fundamental es precisamente la de Prensa e Imprenta de 1966, cuyo pre¨¢mbulo establece que su texto se fundamenta en los "Principios del Movimiento Nacional". As¨ª pues, ha de entenderse que la ley que ahora quiere derogar Fraga lo est¨¢ t¨¢citamente desde hace casi ocho a?os.

Por ello, la propuesta incluida en el programa de la coalici¨®n conservadora ha de entenderse antes como una sutil autocr¨ªtica que como un enunciado hacia el futuro.

Y en el ritmo de este futuro tambi¨¦n los desmanes cometidos por la Administraci¨®n socialista en materia de pol¨ªtica informativa, desde la descarada parcialidad de algunos espacios de la televisi¨®n p¨²blica hasta las amenazas de solapada intervenci¨®n, en la Prensa privada, son dignos de la mayor condena. Pero que los censores de ayer y quienes fueron responsables m¨¢ximos de TVE hasta hace bien poco se permitan hablar, en t¨¦rminos apocal¨ªpticos, de "brutales atentados a la libertad de expresi¨®n" o de "manipulaci¨®n indecente", e incluso insinuar que las elecciones "no ser¨¢n libres si no se destituye antes a un personaje como Calvi?o", ha de suscitar la perplejidad de la mayor¨ªa de los espafioles. Si el Gobierno y la oposici¨®n quieren lealmente colaborar a la ex¨ªstencia de una vigorosa opini¨®n p¨²blica en nuestra sociedad, s¨®lo tienen que hacer caso a un simple consejo, probablemente de dif¨ªcil observancia: mantener fuera las manos de los medios de comunicaci¨®n. Las tentaciones del poder aconsejan lo contrario, pero la historia contempor¨¢nea es testigo del error de los pol¨ªticos que sucumben a la tentaci¨®n de convertir a los medios informativos en aparatos de propaganda.