Corrupci¨®n policial

EL ESC?NDALO de la corrupci¨®n de varios funcionarios policiales presuntamente implicados en delitos como la realizaci¨®n de atracos o la participaci¨®n en operaciones de tr¨¢fico de armas. y de droga, ha vuelto a poner de manifiesto que la reforma de las fuerzas de seguridad sigue estando pendiente.La supuesta implicaci¨®n de al menos siete inspectores y comisarios de polic¨ªa -que podr¨ªan ser m¨¢s, en opini¨®n del fiscal encargado de la investigaci¨®n- en delitos muy graves no debe ser despachada mediante el habitual argumento de que en un colectivo tan numeroso siempre cabe la posibilidad de que aparezca una manzana podrida.

El joyero Federico Venero -que alert¨® del caso y que ha sido se?alado ¨¦l mismo como confidente policial- denunciado hechos como la extorsi¨®n econ¨®mica, la planificaci¨®n de atracos a mano armada, el encubrimiento d¨¦ asesinos, la venta de armas a delincuentes habituales y la comercializaci¨®n de droga, joyas y lingotes de oro, previamente aprehendidos por la polic¨ªa. El principio de presunci¨®n de inocencia que asiste, a todo ciudadano impide entrar en consideraciones concretas sobre estas acusaciones, por m¨¢s que fuentes del Ministerio del Interior aseguren contar con transcripciones de conversaciones telef¨®nicas que confirmar¨ªan los indicios de culpabilidad. Por otra parte, y al margen del procedimiento judicial en curso, la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa ha abierto expedientes disciplinarios a los funcionarios supuestamente implicados, y dos comisarios han sido ya destituidos vi obligados a dimitir.

Pero, m¨¢s all¨¢ de las responsabilidades espec¨ªficas y personalizadas que la investigaci¨®n habr¨¢ de intentar dilucidar, estos hechos; arrojan bastante luz sobre algunos de los m¨¢s oscuros rincones de la actividad policial Del relato del joyero santanderino, como de otros episodios de similar naturaleza que han sido anteriormente conocidos, se deduce que es pr¨¢ctica relativamente habitual de los inspectores utilizar m¨¦todos orientados a obtener, a cambio de promesas o contraprestaciones, la colaboraci¨®n de unos delincuentes para capturar a otros delincuentes.

Tal argucia forma probablemente parte de los gajes del oficio. El problema es que su generalizaci¨®n puede conducir a una espiral en la que se cometan o amparen delitos ciertos para evitar otros probables. As¨ª, es un hecho que la actividad policial genera, por su propia naturaleza, unos m¨®dulos de comportamiento que en ocasiones circulan por la frontera de la ilegalidad. .

Los obispos vascos, y el anterior fiscal general para la lucha contra la droga, denunciaron en su d¨ªa como pr¨¢ctica habitual la de utilizar la droga aprehendida para presionar o chantajear a delincuentes y recabar as¨ª su colaboraci¨®n. Si en este supuesto el ¨²nico criterio que ampara este procedimiento es el de su eficacia bastar¨¢ que el m¨¦todo resulte ¨²til para rozar la tentaci¨®n de ampliarlo a otros ¨¢mbitos.

En un Estado de derecho las fuerzas de seguridad son depositarias, en monopolio, del uso leg¨ªtimo de la violencia coactiva. Por ello, un elemento decisivo de ese mismo Estado es la existencia de mecanismos efectivos de control sobre quienes disfrutan de ese poder exclusivo. Y, por m¨¢s que se invoquen argumentos pragm¨¢ticos, la democracia quedar¨¢ da?ada si esos instrumentos de control no existen o no funcionan.

En Espa?a, la ausencia -no resuelta por la reciente ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de una aut¨¦ntica polic¨ªa judicial, org¨¢nica y funcionalmente dependiente de los jueces, y por tanto independiente de la Administraci¨®n policial, agrava el problema. Porque si algo ha demostrado la experiencia reciente es que una polic¨ªa no dependiente de los jueces y tribunales no por ello acaba subordinada a las directrices del poder ejecutivo. Los cuerpos policiales tienden a alcanzar una autonom¨ªa que no pocas veces compromete la normalidad y la credibilidad del poder leg¨ªtimo. La investigaci¨®n de corrupciones como las ahora denunciadas hace m¨¢s patente la necesidad de crear una aut¨¦ntica polic¨ªa judicial, tal como est¨¢ prevista en la Constituci¨®n, y cuyo desarrollo todav¨ªa aguardan los espa?oles.