Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco, piezas mal encajadas en la Espa?a auton¨®mica

La evoluci¨®n de los presupuestos globales de las comunidades aut¨®nomas entre 1981 y 1986 ha sido extraordinaria: de poco menos de 200.000 millones de pesetas a casi dos billones. El Gobierno socialista echa mano de este dato como prueba de su gesti¨®n auton¨®mica. Considera que ha impulsado, una descentralizaci¨®n sin parang¨®n en la historia de Espa?a, de una envergadura notablemente superior a la italiana o alemana y muy parecida al proceso federal norteamericano. Una reforma que, a su juicio, ha hecho surgir un Estado moderno y participativo. Sin embargo, ese criterio administrativo no logra ocultar las graves disfunciones registradas en este cuatrienio en las relaciones entre la Administraci¨®n central y los territorios, ni los crujidos de los mecanismos que engarzan la estructura auton¨®mica. El PSOE no ha logra, do que las comunidades se sientan protagonistas de la nueva pol¨ªtica del Estado y, sobre todo, no ha sabido integrar a Catalu?a y al Pa¨ªs Vasco en el funcionamiento del Estado de las autonom¨ªas.

La pol¨ªtica auton¨®mica anunciada por Felipe Gonz¨¢lez en su debate de investidura, basada en un pacto de Estado con las minor¨ªas nacionalistas sobre el proceso auton¨®mico, ha sido un fracaso estrepitoso. El di¨¢logo entre el poder central y los de las comunidades se ha establecido s¨®lo parcialmente y al final de la legislatura. Sobre todo, despu¨¦s de sustituir en la cartera de Administraci¨®n Territorial a Tom¨¢s de la Quadra -nada ajeno a la gestaci¨®n de la ley Org¨¢nica de Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico (LOAPA)- por F¨¦lix Pons, un riguroso jurid¨ªcista.Con De la Quadra hubo la impresi¨®n de que se retroced¨ªa respecto a un modelo de Estado descentralizado. Durante su mandato existi¨® cierto ritmo de transferencias, pero se exhibieron notables fallos de sensibilidad pol¨ªtica. Porque aquella propuesta residencial de buscar el consenso con las comunidades naci¨® en flagrante contradicci¨®n con la filosof¨ªa de la LOAPA, de revisar a la baja el desarrollo auton¨®mico, que ha animado la pol¨ªtica auton¨®mica socialista.

Generalizaci¨®n auton¨®mica

En todos estos a?os, el PSOE ha variado su concepto sobre el car¨¢cter singular de Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco -cuyos estatutos fueron producto de una negociaci¨®n inspirada en el clima de reconciliaci¨®n hist¨®rica del principio de la transici¨®n.- en favor de una generalizaci¨®n de las autonom¨ªas.A partir de los pactos auton¨®micos (firmados con UCD en julio de 1981, cuando a¨²n gobernaban los centristas), los socialistas han intentado dise?ar un mapa auton¨®mico arm¨®nico e igualitario, y han ido elaborando los estatutos pendientes. Pero al amparo de aquellos acuerdos, con el argumento de querer "racionalizar" al Estado de las Autonom¨ªas, han intentado fortalecer el centralismo del Estado, reinterpretando el mandato constitucional de ceder atribuciones a las comunidades.

La desautorizaci¨®n de la LOAPA, en agosto de 1983, supuso la vuelta al punto de partida del problema auton¨®mico. La sentencia invitaba a reabrir unas v¨ªas de negociaci¨®n entre el Gobierno y los nacionalistas catalanes y vascos. Sin embargo, el Ejecutivo no replante¨® a fondo con imaginaci¨®n su postura ni estableci¨® un clima de entendimiento leal y regular con las dem¨¢s fuerzas pol¨ªticas sobre el desarrollo, auton¨®mico.

El di¨¢logo con las comunidades no ha adquirido relieve hasta el ¨²ltimo a?o. El Gobierno ha. intensificado las negociaciones bilaterales y siempre distintas, pero ¨²nicamente ha dise?ado una pol¨ªtica de Estado en relaci¨®n con el Pa¨ªs Vasco, que culmin¨® con el pacto de legislatura firmado en Vitoria a principios del a?o pasado entre PSOE y PNV. Pese a ese: acuerdo, los socialistas no han, logrado eliminar los recelos y quejas de los vascos, ni tampoco de los catalanes. Para ambos, el intento socia lista de restar car¨¢cter pol¨ªtico a sus respectivas autonom¨ªas ha equivalido a una agresi¨®n.

El Gobierno vasco, en palabras del consejero de la Presidencia, Juan Ram¨®n Guevara, califica la actuaci¨®n auton¨®mica del Gobierno de "desastre". Jordi Pujol, presidente de la Generalitat opina que en el mandato socialista se ha producido "una involuci¨®n auton¨®mica acusad¨ªsima", que se manifiesta en el papel que se asigna a las comunidades en el conjunto del Estado. Seg¨²n el programa electoral del PSOE de 1982, ese papel deb¨ªa ser de "protagonistas".

La 'loapizaci¨®n'

La desautorizaci¨®n de la LOAPA por los tribunales no elimin¨® la desconfianza de las nacionalidades hist¨®ricas pues ambas entienden que el Ejecutivo insiste en actuar con el esp¨ªritu de aquella ley. El Gobierno se ha apoyado en que la sentencia salvaba algunos contenidos de la LOAPA y permit¨ªa estructurar unos instrumentos centrales de cohesi¨®n, planificaci¨®n, seguridad jur¨ªdica y econ¨®mica por medio de la legislaci¨®n central sobre las competencias compartidas entre la Administraci¨®n central y la auton¨®mica. En la segunda mitad de la legislatura, los nacionalistas se han esforzado por negociar este tipo de leyes de bases, calificadas como loapizadoras. Ambas fuerzas se quejan de que, desde la derogaci¨®n de la LOAPA, el PSOE ha ido realizando, con una estrategia formalmente m¨¢s cuidadosa, una interpretaci¨®n unilateral de la Constituci¨®n que ha condicionado el desarrollo de los Estatutos, convirtiendo a las leyes org¨¢nicas y de bases (ley de Educaci¨®n, las de R¨¦gimen Local, Aguas, Polic¨ªa, por ejemplo) en textos reglamentistas muy detallados.El Gobierno replica que el Estado necesita resortes fuertes para su pol¨ªtica, y les acusa, a su vez, de propagar interesadamente mensajes de insatisfacci¨®n e insuficiencia.

Lo mejor del balance de la pol¨ªtica auton¨®mica socialista se refiere al aspecto formal. Cuando el PSOE lleg¨® al poder solo funcionaban plenamente cuatro autonom¨ªas: Pa¨ªs Vasco, Catalu?a, Galicia y Andaluc¨ªa. En esta etapa se han aprobado todos los estatutos pendientes, se han celebrado elecciones en 13 comunidades aut¨®nomas y se han ido realizando las valoraciones econ¨®micas definitivas de los servicios traspasados.

La Administraci¨®n estatal ha traspasado ya m¨¢s de 360.000 puestos de trabajo hacia las autonom¨ªas y ha acelerado las transferencias, culmin¨¢ndolas en Cantabria, Castilla-La Mancha, Arag¨®n, Asturias, Murcia, Baleares, Andaluc¨ªa, La Rioja, Extremadura, Castilla-Le¨®n, la Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias. Las correspondientes a Catalu?a, Pa¨ªs Vasco y Galicia se consideran como pr¨¢cticamente ultimadas, y se han desbloqueado las navarras, que se iniciaron con retraso.

Una nueva financiaci¨®n

En estos cuatro a?os se han aprobado 25 leyes sobre las autonom¨ªas (las de cesi¨®n de tributos y la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas, LOFCA, entre ellas), y se han determinado sus porcentajes de participaci¨®n en los ingresos del Estado.Pero, a pesar de que la LOFCA establec¨ªa la autonom¨ªa financiera de las comunidades, y pese al impulso dado a cierta descentralizaci¨®n de los recursos del Estado, el Gobierno socialista no ha sabido encontrar una f¨®rmula de financiaci¨®n estable que fuera aceptable para las autonom¨ªas.

El problema de la financiaci¨®n se ha afrontado tarde, en los ¨²ltimos meses del mandato, despu¨¦s de que deteriorara las relaciones; del Gobierno con Catalu?a, la comunidad m¨¢s discriminada por el actual sistema de financiaci¨®n. El proyecto de un nuevo modelo, prometido inutilmente por Felipe Gonz¨¢lez para el 31 de diciembre de 1985, signific¨® s¨®lo un avance. Conjuga parcialinente los errores y apenas reduce los agravios comparativos existentes entre las hac¨ªendas forales y las de las comunidades de r¨¦gimen general. Esta nueva f¨®rmula, por otra parte, tampoco consolida la autonom¨ªa del gasto. Y ni siquiera respeta la autonom¨ªa financiera prevista por la LOFCA, pues, en aras de la unidad tributaria, el Gobierno hasta ahora se niega a ceder parcialmente los impuestos potentes como el IVA o IRPF.