La ley m¨¢s pol¨¦mica
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Los presupuestos dedicados a la ense?anza privada aumentaron ocho veces por encima de los presupuestos globales de educaci¨®n en los a?os inmediatamente anteriores a la Administraci¨®n socialista. Con el acceso del Partido Socialista al Gobierno cambia radicalmente esa pol¨ªtica. El ministro de Educaci¨®n, Jos¨¦ Mar¨ªa Maravall, ha repetido que "al Estado no le corresponde un papel subsidiario en la ense?anza" y ha dedicado generosas partidas a mejorar la situaci¨®n de los colegios p¨²blicos y dotar de centros rurales a aquellas zonas donde no exist¨ªan escuelas. Sin embargo, al haberse incrementado espectacularmente los presupuestos. dedicados a la educaci¨®n, el conjunto de colegios privados concertados tambi¨¦n ha recibido, con los socialistas, m¨¢s subvenciones que con los Gobiernos anteriores, aunque a cambio se han visto obligados a acatar la ley Org¨¢nica Reguladora del Derecho a la Educaci¨®n (LODE).La pol¨ªtica de racionalizaci¨®n del sector privado de la ense?anza se inici¨® con la LODE, una ley cuya definitiva entrada en vigor cost¨® al Gobierno m¨¢s de la mitad de la legislatura y concit¨® las protestas callejeras m¨¢s multitudinarias que cualquier otra acci¨®n del Gabinete de Felipe Gonz¨¢lez. Miles de enmiendas de la oposici¨®n, tensiones con la Iglesia y un fallido recurso de inconstitucionalidad marcaron una larga y pol¨¦mica tramitaci¨®n parlamentaria.
Seg¨²n la LODE, para seguir siendo financiados por el Estado, los colegios concertados deben renunciar al car¨¢cter lucrativo de sus actividades extraescolares o complementarias, ajustarse al mismo sistema de admisi¨®n de alumnos que los centros p¨²blicos y su gesti¨®n debe estar controlada por profesores, padres y alumnos a trav¨¦s de los llamados consejos escolares.
El propietario jur¨ªdico del centro, por tanto, no puede decidir por s¨ª mismo la marcha interna del colegio ni puede contratar o despedir profesores. Estas tareas corresponden al consejo escolar. Tampoco puede distribuir seg¨²n su criterio la subvenci¨®n que recibe del Estado, puesto que es la Administraci¨®n p¨²blica la que paga directamente el salario de los profesores, aunque trabajen en centros privados. Todas estas circunstancias, unidas al hecho de que a partir de la LODE estos colegios no pueden seleccionar a los alumnos seg¨²n sus deseos sino que deben ajustarse a los criterios de la LODE en materia de admisi¨®n, han suscitado tremendas resistencias por parte del sector privado de la ense?anza, cuyos m¨¢ximos representantes decidieron agruparse en la Coordinadora pro Libertad de Ense?anza pocos meses despu¨¦s de la toma de posesi¨®n del ministro Jos¨¦ Mar¨ªa Maravall.
Esta entidad ha defendido los intereses de los empresarios del sector (CECE), la Federaci¨®n Espa?ola de Religiosos de la Ense?anza (FERE), las asociaciones cat¨®licas de padres (Concapa) y un sindicato de implantaci¨®n minoritaria, FSIE. Durante estos cuatro a?os, desde manifestaciones hasta cierres generalizados de colegios han sido promovidos por estas organizaciones, en su mayor¨ªa de car¨¢cter confesional, pero que no han gozado siempre del apoyo de la jerarqu¨ªa de la Iglesia.
El secretario general de la FERE, Santiago Mart¨ªn, ha repetido durante esta legislatura que el PSOE no ha renunciado a los objetivos educativos que ten¨ªa en el a?o 1931", y busca "reducir la ense?anza privada a un ¨¢mbito puramente testimonial".
A pesar de estas resistencias, al final del proceso pr¨¢cticamente todos ellos se han visto obligados, hace apenas un mes, a firmar los conciertos, a¨²n en contra de su voluntad, pues de lo contrario no hubieran recibido la subvenci¨®n estatal.
Maravall, por su parte, no ha ocultado su enfrentamiento con la Coordinadora Pro Libertad de Ense?anza. Al hacer balance de su gesti¨®n, ha se?alado que ha tenido que luchar contra "resistencias tenaces que han hecho de la educaci¨®n un caballo de batalla y bunkers de privilegios, a veces financiados con dinero p¨²blico".
Este sector, que acoge al 37% de los alumnos de ense?anza general b¨¢sica de nuestro pa¨ªs, un 22% de los cuales est¨¢ en centros religiosos, y el 15% restante en centros seglares, afirma que sufre un d¨¦ficit por aula y a?o de 700.000 pesetas. Sin embargo, el Ministerio de Educaci¨®n asegura que durante los ¨²ltimos cuatro a?os todos los incrementos en el m¨®dulo de las subvenciones han sido siempre por encima del ¨ªndice de precios al consumo (IPC) y de los incrementos salariales de los profesores. Durante 1986 el Estado ha destinado para financiar este sector 135.399 millones. Entre 1982 y 1985 el n¨²mero de centros privados de EGB subvencionados ha pasado del 88% al 91%, y un 10% m¨¢s de ellos ha obtenido la financiaci¨®n plena.
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