El fiscal pide dos meses de c¨¢rcel para los ocupantes del local de la calle del Amparo

El fiscal ha pedido dos meses de c¨¢rcel y una multa de 50.000 pesetas para cada uno de los 15 j¨®venes acusados de un delito de coacciones por la ocupaci¨®n del inmueble situado en el n¨²mero 83 de la calle del Amparo, en el barrio de Lavapi¨¦s, el pasado 1 de noviembre. Por su parte, la empresa propietaria del local, Uni¨®n Iberoamericana de Promociones Industriales y Comerciales SA (UIPIC), niega haber emprendido una acci¨®n legal contra los ocupantes, que ma?ana por la tarde har¨¢n una entrega simb¨®lica de todos los escombros retirados durante la ocupaci¨®n ante las puertas del inmueble citado.

Los acusados recuerdan que su intenci¨®n era "convertir un lugar abandonado hace 15 a?os en un centro cultural y alternativo". "No s¨®lo se nos niega el derecho a una vivienda o a crear por nuestros propios medios una alternativa cultural", se?ala un portavoz de los ocupantes, "sino que act¨²an violentamente contra nosotros y encima quieren llevarnos a la c¨¢rcel".El fiscal estima que "se impidi¨® el ejercicio del derecho de propiedad a la. entidad titular" y pide la aplicaci¨®n del art¨ªculo 496 del C¨®digo Penal por un supuesto delito de coacciones. En total son 18 las personas acusadas. Para 15 de ellas se piden penas de dos meses de c¨¢rcel y multa de 50.000 pesetas. Para las tres restantes, menores de edad, multas de 40.000 y 20.000 pesetas, con 60 d¨ªas de arresto sustitutorio en caso de impago.

La ocupaci¨®n del local de la calle del Amparo, 83, dur¨® 11 d¨ªas. El 1 de noviembre los vecinos de la angosta calle, en el coraz¨®n del barrio de Lavapi¨¦s, se encontraron con una inesperada sorpresa. Una veintena de j¨®venes hab¨ªa ocupado el viejo almac¨¦n de tres plantas que en su d¨ªa fuera un economato de la compa?¨ªa Electra, SA, tal como pod¨ªa leerse en los gastados azulejos de la fachada. Los primeros ocupantes se introdujeron en el local por una ventana y despu¨¦s lograron abrir la puerta met¨¢lica de la entrada.

Los vecinos no sal¨ªan de su estupor aquel d¨ªa. Unos se sent¨ªan molestos por la presencia de varios punkies entre los j¨®venes ocupantes, pero la mayor¨ªa cooper¨® con los ocasionales inquilinos y les proporcion¨® muebles y material para la rehabilitaci¨®n del inmueble. Una nave de 300 metros cuadrados acogi¨® d¨ªas despu¨¦s el primer y ¨²nico estreno teatral en lo que pretend¨ªa convertirse en un centro cultural alternativo.

En los pisos superiores pernoctaban el 11 de noviembre unos 15 j¨®venes, que se despertaron sobresaltados ante la irrupci¨®n de la polic¨ªa. Los agentes manten¨ªan una vigilancia desde lejos del edificio, pero ese d¨ªa entraron con una orden judicial, justificada por la petici¨®n expresa del ministerio fiscal. El desalojo, seg¨²n los ocupantes, fue violento. "Nos empujaron y golpearon cruelmente", declar¨® uno de los afectados, "en ning¨²n momento nos mostraron la orden de desalojo". Los ocupantes fueron detenidos y trasladados en un furg¨®n policial al edificio de los juzgados, en la plaza de Castilla.

Los ocupantes acamparon con algunos de sus enseres -"la polic¨ªa se qued¨® con parte de nuestras pertenencias", se?alaron en una sala de audiencia. Uno a uno fueron prestando declaraci¨®n ante el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 24, F¨¦lix Alfonso Guevara. Esa misma noche la polic¨ªa disolvi¨® a unos 300 manifestantes que protestaban por el desalojo. El local fue precintado y se reforz¨® la vigilancia El 16 de noviembre unas 400 personas volvieron a recorrer las calles de Lavapi¨¦s a los gritos de "la ocupaci¨®n no es un delito, es un derecho".

En Madrid existen m¨¢s de 100.000 viviendas vac¨ªas y 50 grandes locales desocupados, seg¨²n estimaciones de la Federaci¨®n Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV). Seg¨²n el, presidente de la FRAV, Salvador Torrecilla, "igual que se ha puesto en marcha una ley de ex propiaciones para fincas manifiestamente mejorables, deber¨ªan arbitrarse medidas legales que mejoren las injusta situaci¨®n de los locales vac¨ªos.

Los acusados, de momento, procuran sacar fondos como pueden en previsi¨®n de una sentencia desfavorable. Camisetas, pegatinas y una fiesta en El Barberillo de Lavapi¨¦s, prevista para esta tarde, son algunos de los medios con los que esperan hacer frente a probables multas. Ma?ana, a las ocho de la tarde, los vecinos del barrio de Lavapi¨¦s tendr¨¢n ocasi¨®n de volver a ver a sus ocasionales inquilinos. "Vamos a devolver la mierda que sacamos del local de la calle del Amparo a sus due?os", afirma un portavoz de los ocupantes. La peculiar romer¨ªa consistir¨¢ en la entrega simb¨®lica de los escombros retirados.

Carlos Garc¨ªa Tapia, director de la firma UIPIC, declar¨® ayer que la empresa no tiene nada que ver en la acusaci¨®n contra los ocupantes del inmueble de la calle del Amparo, 83. "Nosotros denunciamos en su d¨ªa la, ocupaci¨®n ilegal", afirm¨®, "lo que motiv¨® probablemente la intervenci¨®n de la polic¨ªa. Sin embargo, no interpusimos ning¨²n tipo de querella o reclamaci¨®n contra los ocupantes, por lo que no tenemos nada que ver en la acusaci¨®n".

"Para nosotros, el asunto termin¨® cuando los j¨®venes fueron desalojados", a?adi¨® Carlos Garc¨ªa, que se reserva el destino que UIPIC tiene pensado para el inmueble. La actividad de la empresa, seg¨²n su director, es fundamentalmente "la promoci¨®n de negocios e inversiones".

Un precedente

El pasado 30 de abril, el fiscal del Juzgado de Distrito n¨²mero 21 de Barcelona solicit¨® que se impongan dos multas de 5.000 pesetas a cada uno de los 19 j¨®venes que el 7 de diciembre de 1984 ocuparon un inmueble situado en la calle del Torrent de l'Olla, del barrio barcelon¨¦s de Gr¨¤cia.Pertenecientes al colectivo Squat Barcelona, pretend¨ªan, a partir de esta acci¨®n, realizar otras ocupaciones similares. El inmueble ocupado se encontraba abandonado desde hac¨ªa 10 a?os y hab¨ªa servido con anterioridad de ambulatorio.