Alto a los periodistas

EL PASADO martes, los servicios de seguridad del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE) impidieron a la fuerza la entrada en la sede de dicho organismo p¨²blico a un redactor de este peri¨®dico. Tras un forcejeo con los guardianes -pertenecientes a una empresa de seguridad privada-, el periodista, que se hab¨ªa identificado convenientemente, fue expulsado. S¨®lo despu¨¦s de posteriores y tediosas gestiones, el redactor consigui¨® el acceso al edificio. Recibido por el director general del INE, ¨¦ste expres¨® sus excusas por el incidente, que calific¨® de una cuesti¨®n "de orden p¨²blico". De paso explic¨® que hab¨ªa dado instrucciones para que los periodistas fueran dirigidos siempre a los servicios de prensa, donde encontrar¨ªan puntual informaci¨®n, y se les impidiera ver a cualquier otro funcionario.El hecho no es anecd¨®tico, sino buen exponente de la pol¨ªtica de ocultamientos y de la falta de transparencia informativa que los organismos de la Administraci¨®n vienen practicando con la gesti¨®n socialista. Hay que poner de relieve que, mensualmente, el INE entrega al Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda un avance del ¨ªndice de precios al consumo varias semanas antes de que salga publicado el dato provisional. El director general del INE manifest¨® que no existe intenci¨®n alguna de facilitar estos avances a los medios informativos. Como en el caso de las encuestas electorales elaboradas por el Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas (CIS), el Gobierno y el partido que lo apoya utilizan as¨ª una informaci¨®n que es patrimonio de todos los ciudadanos. Las presiones y prohibiciones a los funcionarios para evitar lo que com¨²nmente vienen llam¨¢ndose filtraciones informativas s¨®lo son parejas a las presiones a los periodistas cuando esas filtraciones les interesa que se publiquen a los responsables pol¨ªticos.

Tales comportamientos corresponden a una concepci¨®n patrimonialista de la Administraci¨®n ampliamente extendida in Espa?a, desde los municipios hasta los organismos centrales del Estado, pasando por las administraciones auton¨®micas. Parece como si la obtenci¨®n del voto mayoritario del ciudadano no fuera ¨²nicamente una carta de confianza pol¨ªtica, sino una patente de corso para la apropiaci¨®n del aparato de la Administraci¨®n al servicio del partido gobernante. Este hecho se ve reforzado por los malos h¨¢bitos de algunos altos funcionarios, que todav¨ªa creen en la propiedad privada, la suya claro, sobre los datos e informaciones que manejan.

La posibilidad de recoger y procesar por medios inform¨¢ticos riqu¨ªsimos paneles de datos sobre la realidad econ¨®mica y social, o la individual incluso, obliga a los ciudadanos a exigir un aumento paralelo de la transparencia de la Administraci¨®n y un reconocimiento pleno del acceso democr¨¢tico a estos mismos datos. Pero los mismos est¨¢n siendo utilizados de forma partidista por el Gobierno. Contribuye todav¨ªa m¨¢s a confirmar esta sospecha el curioso prurito que impulsa a crear puestos de trabajo en los gabinetes de prensa y relaciones p¨²blicas, instalando toda clase de barreras intermedias entre los responsables pol¨ªticos y los periodistas.