SAVE reclama de la Administraci¨®n una deuda de 1.337 millones

Vicente Iborra, presidente de la Sociedad An¨®nima Valenciana de Estacionamientos (SAVE), manifest¨® ayer que su procesamiento obedece a razones pol¨ªticas. SAVE est¨¢ acusada de defraudar al Estado 760 millones de pesetas en sus liquidaciones por la concesi¨®n de los aparcamientos de 11 aeropuertos.

Iborra dijo que esta merma estaba autorizada verbalmente por la Administraci¨®n, que compensaba as¨ª diversos incumplimientos de contrato. Seg¨²n Iborra, el perjuicio causado a SAVE por esta raz¨®n se eleva a 1.337 millones de pesetas.SAVE, que factur¨® 899 millones de pesetas, no repartir¨¢ dividendo con cargo al beneficio de 134,6 millones obtenido en 1985. De ellos, poco m¨¢s de 122 engrosar¨¢n un fondo que atender¨¢ los gastos del tr¨¢mite judicial. Adem¨¢s de Iborra, otras 33 personas est¨¢n procesadas, entre ellas el consejo de administraci¨®n, altos directivos y algunos trabajadores de la empresa.

En su primera comparecencia p¨²blica desde que en noviembre pasado quedara en libertad bajo fianza, Iborra expuso ante la junta de accionistas de SAVE los pormenores de la relaci¨®n mantenida con el organismo aut¨®nomo Aeropuertos Espa?oles desde 1973.

El que fuera presidente de la patronal valenciana neg¨® que SAVE hubiera incurrido en responsabilidad penal al no liquidar parte del canon que, seg¨²n los contratos de concesi¨®n, hab¨ªa de entregar al Estado. Iborra explic¨® que las cantidades no retenidas -760 millones de pesetas seg¨²n la peritaci¨®n realizada por el juzgado instructor, el 12 de Valencia- lo eran con la autorizaci¨®n de la Administraci¨®n.

Aeropuertos Espa?oles compensaba as¨ª a SAVE por no cumplir una de las cl¨¢usulas contractuales, que establec¨ªan que las ¨²nicas zonas de los aeropuertos en las que se permit¨ªa aparcar eran los estacionamientos concedidos a SAVE. En realidad, seg¨²n Iborra, la Administraci¨®n nunca impidi¨® a los miles de trabajadores de los aeropuertos que estacionaran en aparcamientos paralelos no permitidos, pese a las cont¨ªnuas quejas de SAVE. Ello llev¨® a ambas entidades a formalizar en 1978 un pacto verbal seg¨²n el cual Aeropuertos Espa?oles habr¨ªa autorizado la falsificaci¨®n de las recaudaciones descubierta por la polic¨ªa. La Administraci¨®n no ha reconocido estos hechos.

Vicente Iborra afirm¨® que ese pacto se tradujo en 1981 en un convenio escrito que se convirti¨® en papel mojado al seguir existiendo los estacionamientos ilegales.

Perjuicio econ¨®mico

SAVE valora en 1.337 millones de pesetas el perjuicio econ¨®mico sufrido por estas pr¨¢cticas, que toler¨® la Administraci¨®n a ra¨ªz de la protesta de los trabajadores de aeropuertos. La cifra ha sido calculada por SAVE contando cada d¨ªa, entre diciembre y abril, el n¨²mero de autom¨®viles que estacionaban en los aeropuertos dentro y fuera de la zona autorizada y extrapolando hasta el inicio de la concesi¨®n, que es, seg¨²n la empresa, el mismo sistema seguido por la polic¨ªa para cifrar el presunto fraude en 760 millones. Por el mismo concepto, la Administraci¨®n hubiera percibido otros 1.494 millones. Iborra se refiri¨® a otro incumplimiento contractual, que afectar¨ªa a las tarifas, que no se incrementaban cada a?o seg¨²n lo pactado, lo que produjo un perjuicio valorado en otros 114 millones.