El destino de los impuestos

LOS ESPA?OLES han terminado de rellenar los impresos del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas y pagado su deuda con Hacienda o, cuando menos, el primer plazo de la misma. Es, pues, un buen momento para interrogarse sobre el destino que el Estado piensa dar a ese dinero. El impuesto sobre la renta no es el ¨²nico que pagamos, pero s¨ª el m¨¢s importante. La recaudaci¨®n por este concepto alcanz¨® el pasado a?o la cifra de 1,46 billones de pesetas, un tercio de los ingresos obtenidos por el Estado, y algo m¨¢s de la mitad de los recursos totales obtenidos por el sector p¨²blico. La otra mitad la forman las cotizaciones a la Seguridad Social, aut¨¦ntico impuesto sobre el trabajo que desincentiva la creaci¨®n de empleo.El destino de los impuestos se orienta esencialmente hacia la redistribuci¨®n de la renta y los servicios p¨²blicos que las administraciones ofrecen. Comenzando por la redistribuci¨®n, son innegables los avances realizados desde la llegada de la democracia. El fuerte aumento de las prestaciones sociales atestigua, mejor que cualquier discurso, el mayor grado de solidaridad entre las distintas generaciones. Las prestaciones de desempleo superaron en 1985 el 2,5% del producto interior bruto, si bien existe la conciencia generalizada de que no todos los que cobran el subsidio tienen derecho a ¨¦l. De una u otra forma, a menudo en medio de un considerable desorden, la sociedad espa?ola ha realizado un esfuerzo innegable de solidaridad a lo largo de los ¨²ltimos a?os. Tal vez sea la conciencia difusa de este hecho una de las razones que explican el que la, poblaci¨®n considere a la democracia como un r¨¦gimen superior a cualquier otro, a pesar de que su instauraci¨®n ha coincidido con un largo y doloroso proceso de ajuste econ¨®mico.

Todo ello no excluye la persistencia de situaciones de dif¨ªcil explicaci¨®n racional: con los impuestos pagados por los contribuyentes que obten¨ªan en 1985 recursos inferiores al mill¨®n de pesetas se manten¨ªan los ingresos de los trabajadores de las empresas p¨²blicas, cuyos salarios superaban, en promedio, los dos millones de pesetas, llegando en algunos sectores, como el del transporte y las comunicaciones, a superar los tres millones de pesetas de media. Puede argumentarse que el pa¨ªs debe mantener por razones estrat¨¦gicas todas las empresas p¨²blicas en los sectores en que actualmente se encuentran, pero entonces el debate que debe abrirse es el del precio que esta estrategia cuesta a los espa?oles y el de los beneficios finales de la misma. Gracias a las generosas ayudas del Estado hay empresas que no parecen haberse enterado de la crisis econ¨®mica que ha afectado al resto de los espa?oles a lo largo de los ¨²ltimos a?os.

En cuanto a los servicios de las administraciones p¨²blicas, las posibilidades de mejora son ?limitadas. Desde la justicia hasta la seguridad p¨²blica, pasando por el lamentable estado de las carreteras, por no hablar del transporte a¨¦reo, por ferrocarril o barco, hay un abanico de carencias que los contribuyentes comprueban, y con dolor casi f¨ªsico, cada vez que tienen la necesidad de utilizar los servicios p¨²blicos. Existe un problema de recursos, pero existe sobre todo un problema de gesti¨®n. La convicci¨®n de que con el mismo dinero se podr¨ªan hacer mejor las cosas no es gratuita: parte de la necesidad de reformar la Administraci¨®n p¨²blica, de devolver a los funcionarios su condici¨®n de servidores del pueblo, de reconocer que la soberan¨ªa de los espa?oles no es una mera declaraci¨®n, sino un hecho aplicable y aplicado conscientemente en las cuestiones del d¨ªa a d¨ªa.

Con ello podr¨ªa evitarse el que, por ejemplo, varios cientos de miles de espa?oles que cotizan a la Seguridad Social tengan que suscribir p¨®lizas sanitarias en compa?¨ªas privadas, o que extensas zonas de la clase media sean castigadas doblemente, en su imposici¨®n fiscal, dada la imposibilidad de encontrar una plaza escolar adecuada para sus hijos, que tienen que sufragar tambi¨¦n aparte del impuesto. Todas estas cosas no son, sin duda, de ayer, pero forman parte de la realidad cotidiana de millones de espa?oles, muchos de ellos los mismos que han dado al PSOE una mayor¨ªa absoluta por segunda vez consecutiva con la ilusi¨®n de que resuelva estos problemas. Los esfuerzos recaudatorios del Estado, la mayor conciencia fiscal de los ciudadanos y las dificultades crecientes levantadas frente al fraude han consolidado un aumento formidable de los recursos p¨²blicos. Es necesario que este aumento vaya a financiar el desarrollo de todos y no la holganza de unos cuantos miles de privilegiados del empleo p¨²blico. Las recientes huelgas en este sector, algunas protagonizadas por trabajadores de elite, ponen de relieve que la reforma no ser¨¢ f¨¢cil, y que ser¨¢ dura. Pero la mejor manera de evitar el fraude fiscal es justificar el destino de lo que se recauda.