60.000 madrile?os tendr¨¢n que cambiar de casa en seis a?os, a causa del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana

Un total de 11.741 familias -unas 60.000 personas en total- tendr¨¢n que cambiar de vivienda en los pr¨®ximos seis a?os como consecuencia de los procesos urban¨ªsticos que prev¨¦ el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Madrid. A 7.684 de estas familias les afectar¨¢n los procesos de reforma y rehabilitaci¨®n de barrios a cargo de la Comunidad de Madrid. Otras 3.057 acceder¨¢n a nuevas viviendas como consecuencia de los procesos de realojamiento. Las 1.000 restantes son familias gitanas, 300 de las cuales pasar¨¢n de residir en chabolas a casas bajas; otras 300, a pisos de altura, y las restantes, a asentamientos.

El Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Madrid recoge 37 operaciones de transformaci¨®n en suelo urbano que requieren procesos de realojamiento. Afectar¨¢n a unas 9.541 familias que deber¨¢n cambiar de vivienda en los pr¨®ximos seis a?os , per¨ªodo que le queda de vigencia al plan. De estas familias, 7.684 se ver¨¢n afectadas por procesos de reforma o de rehabilitaci¨®n en sus barrios; a unas se les proporcionar¨¢n nuevas viviendas; a otras, el cambio s¨®lo les afectar¨¢ en las mejoras que se realicen en sus actuales hogares.Otras 1.857 familias acceder¨¢n a una nueva vivienda como consecuencia de la intervenci¨®n urban¨ªstica de la iniciativa privada o p¨²blica. A excepci¨®n de los procesos de reforma o rehabilitaci¨®n, el Plan General prev¨¦ tres sistemas de actuaci¨®n para los que exigen realojamiento de los vecinos: compensaci¨®n, cooperaci¨®n y expropiaci¨®n.

Los dos primeros est¨¢n previstos para la iniciativa privada, con la ¨²nica diferencia de que el sistema de cooperaci¨®n se utiliza cuando existen numerosos propietarios.

En este supuesto, el Ayuntamiento asume la iniciativa en la inversi¨®n, para pasar posteriormente los costes a los propietarios del suelo. En ambos casos, la ley del Suelo obliga a los promotores a asumir las cargas urban¨ªsticas y a no provocar el desplazamiento de los vecinos hacia barrios perif¨¦ricos con el realojamiento de los mismos.

El tercer sistema, el de expropiaci¨®n, est¨¢ destinado a la iniciativa p¨²blica. La ley de Expropiaci¨®n Forzosa, sin embargo, no prev¨¦ el realojamiento de los vecinos; s¨®lo recoge la obligaci¨®n de indemnizarlos. Seg¨²n Juan Barrado, adjunto al gerente municipal de urbanismo, la ley no lo contempla, pero la pr¨¢ctica municipal es fijar la necesidad de realojo". "El Ayuntamiento", a?ade Barrado, "tendr¨¢ que hacer consigo mismo exactamente igual en estos pol¨ªgonos. Se actuar¨¢ con un programa espec¨ªfico de viviendas. El coste de la expropiaci¨®n de los terrenos ¨¦s tan alto en estas actuaciones que la construcci¨®n de viviendas para el realojo es un porcentaje m¨ªnimo que no llega al 10%. El problem¨¢ es c¨®mo financiar estas operaciones".

Un ejemplo t¨ªpico de este caso es el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la avenida de Daroca, junto al cementerio de La Almudena. El estudio previo para su aprobaci¨®n estima una inversi¨®n de 800 millones. "El suelo es ahora de propiedad privada", precisa Barrado, "por lo que el Ayuntamiento tendr¨¢ que expropiar y hacer el bloque de realojamiento. Quedar¨¢n al final unas parcelas que puede vender o dedicar a otros fines. Si decide venderlas podr¨ªa obtener de 500 a 600 millones. Luego, el coste de la inversi¨®n ser¨ªa de 200 o 300 millones. El problema es financiar los 800 millones".

Hasta el momento no se ha iniciado la actuaci¨®n en ninguno de estos planes urban¨ªsticos, si bien todos ellos deber¨¢n comenzar en el plazo m¨¢ximo de seis a?os. En caso contrario se tendr¨ªan que revisar.

En la actualidad est¨¢n a punto de ser aprobados los planes de Playa Victoria, Vereda de Ganapanes, Cerro Belmonte y avenida de Daroca, de iniciativa privada, Arroyo de los Pinos y barrio de la Alegr¨ªa, de iniciativa municipal y los proyectos para los Poblados A y B de Fuencarral, el Poblado de Ca?o Roto, el Rancho del Cordob¨¦s y la carretera de Villaverde Cruce, a cargo de la Comunidad.

Patrimonio municipal

Por otra parte, el Ayuntamiento tiene un patrimonio de vivienda libre, en el cual se est¨¢ realojando a las familias cuyas viviendas se encuentran en pol¨ªgonos expropiados como consecuencia de actuaciones municipales. Son pol¨ªgonos cuya expropiaci¨®n se inici¨® en tiempos pasados y en los que quedan familias en viviendas dispersas para las que no existe un programa espec¨ªfico de realojamiento.Adem¨¢s, el Ayuntamiento tiene un programa de construcci¨®n de 1.200 viviendas, en las que se realojar¨¢ a las familias que viven en las zonas afectadas por grandes proyectos de equ¨ªpamientos, parques o viarios, como son los casos de la avenida de la Ilustraci¨®n, la v¨ªa Borde de Hortaleza o la avenida de los Poblados.

Finalmente, existe un programa espec¨ªfico para el realojamiento de la poblaci¨®n gitana, que se realizar¨¢ a trav¨¦s, de un convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad. En el mismo se prev¨¦ el realojamiento de 1.000 familias, de las cuales 300 pasar¨¢n de chabolas a casas bajas; otras 300, a pisos en altura, y el resto a asentamientos constru¨ªdos para este fin en las carreteras de Burgos y Barcelona y en la zona sur de Madrid; los dos primeros, a cargo del Ayuntamiento, y el tercero, de la Comunidad.

La mayor¨ªa de los procesos de realojamiento mencionados responden a necesidades sociales y urban¨ªsticas. "El Plan de Madrid pretende acabar la ciudad, de rematar y ordenar las zonas deterioradas de la ciudad, que son precisamente aquellas en las que se asienta la poblaci¨®n de menores ingresos", puntualiza Barrado.

Precisamente el reducido poder adquisitivo de la poblaci¨®n a la que afectan estos procesos es la caracter¨ªstica que m¨¢s graves problemas plantea. Como se?ala Mariano Lapuente, aparejador y economista especializado en urbanismo, "tanto en operaciones de rehabilitaci¨®n como en operaciones de realojarniento nos estamos encontrando con familias que no pueden comprar una vivienda de promoci¨®n p¨²blica ni privada, incluso en las condiciones econ¨®micas en que se les ofrece, a menos de su coste real en muchas ocasiones. Hace falta una intervenci¨®n p¨²blica en la vivienda de alquiler".

Sin embargo, ninguno de estos planes prev¨¦ la construcci¨®n de vivienda p¨²blica en alquiler. Para estas familias, en la actualidad, la ¨²nica posibilidad es recurrir al patrimonio p¨²blico en alquiler de la Comunidad o del Ayuntamiento de Madrid.

A partir de este momento tienen que pagar mensualidades que se multiplican por 10, y se convierten en poco tiempo en clientes fijos de los Servicios de Asistencia Social de las Juntas Municipales de distrito. "Los que pasan a los nuevos bloques se encuentran de repente agobiados econ¨®micamente", comenta Rosa Sedano, asistente social y t¨¦cnica de la Junta Municipal de Fuencarral. Sedano a?ade: "el agobio de las letras mensuales unido a los gastos de comunidad, y que hasta entonces no pagaban, descoloca sus vidas, y nos piden ayuda para poder pagar desde el comedor escolar hasta el recibo de la luz o el gas".