Un juez acusado de esc¨¢ndalo p¨²blico pide 80 millones a un peri¨®dico de Orense

El ex presidente de la Audiencia Provinc¨ªal de ?lava, Manuel Dom¨ªnguez Viguera, ha reclamado una indemnizaci¨®n de 80 millones de pesetas, por presunta intromisi¨®n ieg¨ªtima en el derecho al honor y a la intimidad familiar, al diario La Regi¨®n, de Orense, por los da?os que, seg¨²n ¨¦l, le ocasion¨® el peri¨®dico al publicar que hab¨ªa sido denunciado por un supuesto delito de esc¨¢ndalo p¨²blico. La demanda civil presentada por Dom¨ªnguez Viguera se vio ayer en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Orense.Dom¨ªnguez Viguera, que en la actualidad es presidente de la Audiencia Provincial de Palencia, exigi¨® ante los tribunales el ejercicio del derecho de rectificaci¨®n, que le fue concedido pese a que el peri¨®dico orensano hab¨ªa publicado varias cartas en las que Viguera expon¨ªa su versi¨®n de los hechos. Cumplido el derecho de rectificaci¨®n, inici¨® un procedimiento de car¨¢cter civil en el que exige a La Regi¨®n la indemnizaci¨®n de 80 millones por da?os a su imagen.

En el juicio celebrado ayer, Javier Perea Rodr¨ªguez, abogado de Dom¨ªnguez Viguera, mantuvo que la informaci¨®n de La Regi¨®n hab¨ªa supuesto una intromisi¨®n ileg¨ªtima en el honor y la intimidad familiar, que es un derecho recogido en la Constituci¨®n, y asegur¨® que el peri¨®dico aport¨® datos de ¨ªndole familiar, algunos de ellos inexactos, seg¨²n el letrado.

Por su parte, el abogado de La Regi¨®n, Emilio Atrio Abad, calific¨® la demanda de "extra?a", ya que el peri¨®dico se limit¨® a reproducir informaciones aparecidas en Deia, EL PA?S y Diario 16, y asegur¨® que la precisi¨®n sobre las vinculaciones familiares a Orense de Dom¨ªnguez Viguera -y, en concreto, su parentesco con la entonces senadora de AP, Carmen Lovelle Alen- quer¨ªan situar al personaje en cuesti¨®n ante los lectores de la provincia. Atrio Abad dijo que el derecho al honor y la intimidad se recoge en la Constituci¨®n en el mismo plano que el derecho a dar y recibir informaci¨®n veraz, asegur¨® que el primero era un derecho individual y el segundo un derecho social, y neg¨® que ¨¦ste estuviera supeditado a aqu¨¦l.

En todo caso, mantuvo el letrado de La Regi¨®n, es el juzgador el que debe establecer los l¨ªmites de uno y otro derecho cuando entran en conflicto. En este caso concreto, matiz¨® Atrio Abad, "La Regi¨®n se ha visto involucrada en un procedimiento en el que, sin base legal ni moral alguna, se le exige una indemnizaci¨®n de 80 millones". Finalmente, el abogado solicit¨® que el tribunal se declarase incompetente o que absolviera al peri¨®dico y obligara al demandante al pago de las costas.

En los primeros d¨ªas de este a?o, el juzgado de guardia de Vitoria abri¨® diligencias contra Manuel Dom¨ªnguez Viguera, entonces presidente de la Audiencia Provincial de ?lava, despu¨¦s de que tres vecinas de esta capital denunciaran al magistrado juez como exhibicionista. Dom¨ªnguez Viguera neg¨® los hechos que se 'le imputaban y present¨® una denuncia contra el diario Deia, que hab¨ªa adelantado la informaci¨®n, y contra la polic¨ªa municipal de Vitoria, que hab¨ªa trasladado la denunc¨ªa de las vecinas al juzgado de guard¨ªa. El d¨ªa 12 de enero, un juez de Primera Instancia de Vitoria decret¨® el sobreseimiento y el archivo de las denuncias contra Dom¨ªnguez Viguera.