Espa?a recurre al Tribunal de Justicia de la CE por graves diferencias sobre el tratado de adhesi¨®n

El Gobierno espa?ol, una asociaci¨®n profesional de agricultores y varias empresas han presentado recursos al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (ICE) por diferencias en la interpretaci¨®n del tratado de adhesi¨®n. Algunos reglamentos aprobados por la CE perjudican gravemente los intereses espa?oles y no respetan las condiciones pactadas para el ingreso. Sobre estos temas ha sido imposible alcanzar un acuerdo en la mesa de negociaciones. Los recursos se refieren a los intercambios comerciales, alas sanciones pesqueras y a las producciones de vino e isoglucosa. Tambi¨¦n la reducci¨®n de la producci¨®n lechera podr¨ªa ser recurrida.

El principal de los recursos presentadps ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, con sede en Luxemburgo, se refiere a los mecanismos complementarios de intercambios (MCI) aprobados por la Comunidad el pasado 25 de febrero. El reglamento, adoptado por mayor¨ªa cualificada, con la oposici¨®n de Espa?a, establece graves restricciones a las ventas de vino, patata temprana y frutas y hortalizas, aunque en este ¨²ltimo sector las limitaciones entrar¨¢n en vigor a, partir de 19910, cuando pase a integrarse progresivamente en la pol¨ªtica agr¨ªcola com¨²n.Los techos fijados para las ventas de vino antes de que empiecen a actuar las restricciones son de 1.070.000 hectolitros para los seis meses que restaban de la actual campa?a (en 1987 ser¨¢n algo m¨¢s de dos millones de hectolitros) y de 80.000 toneladas para la patata temprana. Las ventas comunitarias de productos l¨¢cteos, trigo panificable y carne de bovino han sido tambi¨¦n contingentadas.

Las normas del Consejo de Ministros y el desarrollo que de las mismas ha hecho la Comisi¨®n Europea exigen disponer previamente a la venta de un certificado de exportaci¨®n aceptado por el comprador y el dep¨®sito de una fianza, requisitos que no aparecen en el tratado de adhesi¨®n y que suponen un grave impedimento para los intercambios, seg¨²n argumenta el Gobierno espa?ol. Al margen de los nuevos requisitos formales, los, exportadores espa?oles corren el riesgo de perder la fianza depositada. La copia del dep¨®sito tiene que ser sellada en la aduana del pa¨ªs de destino y el derecho a devoluci¨®n caduca a los seis meses, plazo que puede ser superado por la demora burocr¨¢tica.

Poner trabas al vino

En el caso del vino, el verdaderamente importante, el importador era antes quien realizaba toda la tramitaci¨®n, y este nuevo sistema est¨¢ perjudicando sobre todo al jerez. En las frutas y hortalizas, el problema ser¨¢ especialmente grave: a partir de 1990, porque se trata de un mercado especialmente din¨¢mico, que no podr¨¢ sobrevivir con una mara?a burocr¨¢tica que exige fianzas y certificados individualizados para cada producto diferente de un mismo env¨ªo.

Espa?a argument¨®, sin ¨¦xito, ante la CE que el nuevo sistema representa un tratamiento peor en materia comercial que el concedido a pa¨ªses terceros, y que en todo caso supone una violaci¨®n flagrante de la cl¨¢usula stand still, relativa a que las condiciones anteriores al ingreso no pueden, verse perjudicadas. Tambi¨¦n fue rechazada su propuesta de sustituir este sistema por una declaraci¨®n frontera.

El Gobierno plante¨® un recurso el d¨ªa 23 de mayo, que fue agregado al presentado el 20 de ese mes por el sindicato agrario UFADE, en el que se pide la derogaci¨®n de los reglamentos, ya que ¨¦stos suponen un perjuicio claro sobre las condiciones pactadas en el acta de adhesi¨®n. Paralelamente, la Administraci¨®n plante¨® un nuevo recurso contra otro reglamento comunitario, ¨¦ste referido a los montantes reguladores del vino, que en sustancia significa que los vinos espa?oles con denominaci¨®n de origen se ver¨¢n sometidos a los topes fijados para el vino de mesa com¨²n.

Las limitaciones que exist¨ªan a las ventas espa?olas, en base al mecanismo anterior de los precios de referencia, s¨®lo entraban en vigor cuando las perturbaciones del mercado eran evidentes. Sin embargo, el nuevo reglamento de la Comisi¨®n entr¨® en vigor el d¨ªa 3 de marzo, justamente dos d¨ªas despu¨¦s de la incorporaci¨®n a la pol¨ªtica agr¨ªcola com¨²n (PAC) y desde luego antes de que se pudiera constatar cualquier efecto perjudicial sobre los precios europeos.

La resoluci¨®n del Tribunal de Justicia sobre la legalidad de los reglamentos recurridos tardar¨¢ en producirse m¨¢s de un a?o. Por eso, Espa?a plante¨® la suspensi¨®n de los mismos hasta tanto no se produzca la sentencia definitiva. La decisi¨®n del presidente del tribunal, el escoc¨¦s lord Mackenzie Stuart, comunicada el pasado 14 de julio, ha sido que este interdicto vuelva a ser planteado en septiembre, cuando exista una prueba estad¨ªstica sobre el efecto que estas medidas han tenido sobre las exportaciones espa?olas.

Aunque el Gobierno no ha tomado todav¨ªa la decisi¨®n pol¨ªtica de recurrir contra la reducci¨®n de la producci¨®n lechera impuesta a Espa?a en abril (un 3% de los 5,4 millones de toneladas concedidos anteriormente, de aqu¨ª a 1989), los servicios jur¨ªdicos de la Administraci¨®n tienen ultimado el recurso que en su d¨ªa anunci¨® el ministro de Agricultura, porque "Espa?a no puede ser responsable de excedentes que generan otros pa¨ªses".

Sanciones a los pesqueros

Los otros dos recursos planteados al Tribunal de Justicia responden a iniciativas del sector privado. Uno de ellos, presentado por la asociaci¨®n de armadores Arposol, se opone a la reglamentaci¨®n comunitaria que permite una doble sanci¨®n por el mismo hecho, de una manera autom¨¢tica, sin o¨ªr al infractor. Las penas contra los barcos pueden ir de dos a 12 meses de exclusi¨®n de la lista peri¨®dica para pescar en aguas comunitarias.

El otro ha sido interpuesto por dos (Laisa y CPC) de las tres empresas que producen en Espa?a isoglucosa, que consideran muy bajas las cuotas concedidas. La Comunidad, que es una gran productora de az¨²car, mantiene cuotas muy restrictivas sobre la isoglucosa. En ambos casos, la Comisi¨®n Europea ha planteado ante el Tribunal de Justicia la cuesti¨®n de inadmisibilidad.

Los servicios jur¨ªdicos de la Secretar¨ªa de Estado para la CE, seg¨²n afirma el subdirector, Jaime, Folguera, realizan un seguimiento minucioso de las cuestiones prejudiciales resueltas por el Tribunal de Justicia (unas 150 al a?o) y que aportan en muchos casos innovaciones importantes. Por parte espa?ola, s¨®lo ha sido planteada una hasta el momento, derivada de la consulta hecha por el Tribunal Central de Trabajo como resultado del recurso de un particular que reclama el derecho a percibir m¨¢s de una pensi¨®n en base al art¨ªculo 3 del Tratado de Roma, que reconoce el derecho a la mejora de las condiciones de vida.