Los jueces intentan reinar sobre la ola de detenciones provocada por el estado de emergencia en Sur¨¢frica

La batalla por el imperio de la ley frente al estado de emergencia vigente en Sur¨¢frica, y tambi¨¦n en Zimbabue, se abre paso con grandes dificultades en los tribunales. De acuerdo con las estrictas leyes de emergencia impuestas por Pretoria, s¨®lo el Parlamento o los tribunales quedan al margen de la prohibici¨®n de informar sobre detenciones [ya superan las, 8.000] o sobre protestas antigubernamentales. Desde que se iniciaron las vacaciones parlamentarias, los tribunales son el ¨²nico espacio desde el cual se puede cuestionar el estado de emergencia.

.[El n¨²mero de personas que permanecen detenidas sin haber sido juzgadas se eleva a 8.400, seg¨²n un informe hecho p¨²blico ayer por denominado Grupo de Investigaci¨®n Ciudadana, creado en el seno de la Universidad de Johanesburgo para defender los derechos de las v¨ªctimas del estado de emergencia decretado el pasado 12 de junio por las autoridades surafricanas. La legislaci¨®n de represiva permite no revelar la identidad de los detenidos.]La justicia surafricana tiene una probada reputaci¨®n de independencia. Los jueces son nombrados por el jefe del Estado, pero no pueden ser destituidos si no media una recomendaci¨®n expresa de sus colegas en la magistratura.

En Natal, por ejemplo, los tres miembros del Tribunal Supremo desestimaron varias provisiones del estado de emergencia, en vigor desde el 12 de junio, relajando las restricciones a la Prensa y permitiendo que los detenidos vieran a sus abogados. En Harare (Zimbabue), el juez supremo Enoch Dumbatschena reiter¨® en una de sus sentencias la independencia de ?ajusticia frente al Gobierno y el caos que se producir¨ªa de ignorarse las sentencias de los tribunales.

El estado de emergencia est¨¢ a punto de cumplir en Zimbabue 21 a?os de vigencia ininterrumpida. El comentario de Dumbatschena era una respuesta al caso de dos funcionarios de aduanas blancos que comparecieron 10 veces ante el Tribunal Supremo y otras audiencias porque, tras ser puestos en libertad por los tribunales en tres ocasiones, fueron nuevamente detenidos por las autoridades, sin que ¨¦stas presentaran razones jur¨ªdicas para ello. El Gobierno aduc¨ªa la legislaci¨®n de emergencia para justificarse.

Para el juez John Didcott, de la ciudad surafricana de Durban, algunos apartados de la legislaci¨®n de emergencia son "ininteligibles" o de una vaguedad tal que carecen de sentido. "No tienen ni pies ni cabeza ( ... ); quien quiera que sea el que las escribi¨®, escribi¨® un mont¨®n de insensateces". Refiri¨¦ndose a una cl¨¢usula que declara ilegales "aquellas declaraciones que debiliten o socaven la confianza p¨²blica, o de cualquier parte del p¨²blico, en la conclusi¨®n del estado de emergencia", dijo que era "excesivamente vago". "Realmente no tengo ni idea de lo que significa", a?adi¨®.

El diario de Johanesburgo The Star public¨® un editorial cuyo t¨ªtulo rezaba: 'Si un juez no puede entenderlo, ?qui¨¦n puede?'; a continuaci¨®n dec¨ªa: "Cuando un Gobierno recurre a leyes que sus ciudadanos no pueden entender, entonces se hace plausible la conclusi¨®n de que el motivo de ¨¦stas no es el fomento del orden, sino la intimidaci¨®n por sortilegios".

Asistencia al preso

Una de las provisiones a las que se opon¨ªa el juez Didcott era la prohibici¨®n, excepto para los funcionarios gubernamentales, de visitar u obtener informaci¨®n de un detenido. El juez explic¨® que ¨¦ste puede necesitar hablar con su abogado sobre un asunto no relacionado con el estado de emergencia; por ejemplo, el pago del colegio de su hijo o cualquier caso similar. Didcott conclu¨ªa en su sentencia que el presidente Botha hab¨ªa rebasado sus poderes en este particular.Al margen de la disposici¨®n que sosten¨ªa que algunas definiciones del concepto "declaraci¨®n subversiva" son excesivamente vagas desde el punto de vista legal (en la pr¨¢ctica, los periodistas todav¨ªa trabajan bajo el yugo de la censura), otra parte fundamental de la sentencia garantizaba a los abogados poder hablar con sus clientes detenidos.

Seg¨²n un experto constitucionalista, el profesor Dion Basson, de la universidad de Pretoria, ¨¦ste es un "pronunciamiento que destaca por su activismo". "Esto confirma", explic¨®, "que la justicia en Sur¨¢frica est¨¢ haciendo verdaderas piruetas para preservar los derechos individuales, a pesar de que no tenemos una carta de derechos". Para Helen Suzman, portavoz de la oposici¨®n blanca al Gobierno, esta decisi¨®n "puede ser un freno para el Gobierno y la polic¨ªa de seguridad, que han actuado de forma arbitraria y casi irreal".

Fallos adversos al Gobierno

El fallo del juez de Durban, sin embargo, no ha sido el primero adverso al Gobierno. A principios de este mes, el Tribunal Supremo de Johanesburgo orden¨® a la polic¨ªa que liberara a un t¨¦cnico de sonido de la televisi¨®n de raza negra, Spokes Mashiani. que hab¨ªa sido arrestado cuando visitaba a su novia en la universidad de Witwatersrand. Unos d¨ªas despu¨¦s, una monja irlandesa de la orden dominica, la hermana Clare Harkin, fue puesta en libertad por orden de un juez en Ciudad del Cabo. Los polic¨ªas que les arrestaron no pudieron aportar razones suficientes que justificaran la necesidad de su detenci¨®n "para mantener el orden p¨²blico". En el caso de Mashiani, el juez record¨® a la polic¨ªa que la legislaci¨®n de emergencia, por "amplia que sea, todav¨ªa pone algunas limitaciones a la detenci¨®n de personas". "Es deseable e incluso saludable que a un oficial le sea recordado que hay unos l¨ªmites y que puede ser convocado ante un juzgado de primera instancia para dar cuenta de sus acciones", dijo el juez Gladstone.La sentencia de Durban tuvo como consecuencia casi inmediata el acceso a casi 4.000 detenidos, seg¨²n los abogados, y la puesta en libertad de algunos; entre ellos, el director de peri¨®dico de raza negra Zwelakhe Sisulu, de 33 a?os de edad, hijo de Walter Sisulu, dirigente del Congreso Nacional Africano, colega y compa?ero de c¨¢rcel de Nelson Mandela.

En Harare, el fallo del juez supremo Dumbatschena resum¨ªa su actitud, que bien podr¨ªa ser la de los tribunales en Sur¨¢frica, declarando que "quiz¨¢ sea necesario recordarse a uno mismo, de tiempo en tiempo, que el primer y m¨¢s sagrado deber de un tribunal, siempre que sea posible, es la administraci¨®n de justicia a aquellos que la requieran desde arriba o desde abajo, ricos o pobres, negros o blancos; es decir, tratar de hacer justicia entre hombre y hombre y entre hombre y Estado". Citando a un lord del derecho brit¨¢nico, Atkin, Dumbatschena continu¨®: "Uno de los principios de la libertad ( ... ) es que los jueces no deben respeto a las personas, simplemente se colocan entre el sujeto y cualquier intento de entremeterse en su libertad por parte del Ejecutivo, siempre atentos a que el uso de la fuerza est¨¦ justificado por la ley".

En aquellos pa¨ªses donde es frecuente la detenci¨®n preventiva, dice Dumbatschena, ¨¦sta es una "preocupaci¨®n constante" de la justicia. "Algunas veces", explica, "[las detenciones] crean conflictos innecesarios entre la justicia, la custodia de los derechos de los ciudadanos que buscan su protecci¨®n en los tribunales, y el Ejecutivo, guardi¨¢n de la seguridad del Estado".