Los fiscales acusan

A MEDIDA que trasciende el contenido de la petici¨®n de procesamiento presentada por los fiscales Jos¨¦ Mar¨ªa Mena y Carlos Jim¨¦nez Villarejo contra Jordi Pujol y otros 16 ex directivos de Banca Catalana aumenta la preocupaci¨®n por la gravedad y concreci¨®n de las acusaciones que se plantean.El nuevo escrito de los fiscales -fruto de una tenaz investigaci¨®n de m¨¢s de dos a?os de trabajo- formula graves acusaciones contra el presidente de la Generalitat por sus actuaciones personales concretas, algunas de las cuales, como las relativas a la venta y cesi¨®n de acciones, fueron efectuadas cuando ya ostentaba la m¨¢xima representaci¨®n pol¨ªtica de Catalu?a. El c¨²mulo de datos y precisiones aportado por los fiscales tras su trabajo recrudece severamente las acusaciones iniciales que se hab¨ªan formulado contra los imputados.

De las acusaciones de car¨¢cter gen¨¦rico vertidas en el texto de la querella inicial, presentada en mayo de 1982, en la que se se?alaba como principales irregularidades descubiertas las alteraciones en la contabilidad, la creaci¨®n de un sistema de administraci¨®n paralelo conocido como caja b, la instrumentalizaci¨®n de activos ficticios para ocultar p¨¦rdidas, la existencia de sociedades de paja y la ocultaci¨®n de informaci¨®n a los accionistas, que eran presuntamente constitutivas de los delitos de falsedad y apropiaci¨®n indebida, se ha pasado a una exposici¨®n pormenorizada de estas actividades en las que maniobras y responsabilidades personales aparecen con la mayor crudeza.

La acusaci¨®n de que en enero de 1982 se vendi¨® un paquete de 11.157 acciones de la familia de Jordi Pujol -de las que 1.057 eran propiedad del propio presidente- por m¨¢s de 25 millones de pesetas, es decir, al 226% de su valor nominal, a una sociedad instrumental pr¨¢cticamente quebrada que hab¨ªa obtenido un pr¨¦stamo, semanas antes, de la propia Banca Catalana para poder realizar el pago, plantea multitud de interrogantes en relaci¨®n con los acontecimientos que ocurrieron posteriormente. Pocos meses despu¨¦s, a primeros de mayo, los inspectores del Banco de Espa?a descubrieron la existencia de un agujero en Banca Catalana de 47.000 millones de pesetas, y, en noviembre, despu¨¦s de que aflorara la crisis en toda su magnitud, y tras la intervenci¨®n del Fondo de Garant¨ªa, el valor de este tipo de acciones fue reducido a una peseta.

La cesi¨®n del principal paquete de acciones de Pujol -97.702 t¨ªtulos- a la Fundaci¨® Catalana, en mayo de 1982, y que, seg¨²n los fiscales, no puede imputarse v¨¢lida, al no cumplirse una de las condiciones estatutarias, despierta mayores sospechas a¨²n, que deber¨ªan ser esclarecidas cuanto antes, por la trascendencia pol¨ªtica del caso, al margen de la calificaci¨®n penal de estos hechos y de la marcha del proceso. En opini¨®n del ministerio p¨²blico, esta operaci¨®n constitu¨ªa un ardid para evitar que se conociera el verdadero precio de los t¨ªtulos. Sin embargo, este punto, en el que se basa la acusaci¨®n de maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas, no parece suficientemente argumentado.

Esta pol¨¦mica cesi¨®n de las acciones del presidente de la Generalitat se efectu¨® en los mismos d¨ªas en que el Consell Executiu intervino como tal para buscar una salida a la crisis de Banca Catalana. Adem¨¢s, es evidente el car¨¢cter pol¨ªtico de esta discutida donaci¨®n a una fundaci¨®n por tratarse de una instituci¨®n cuyas normas de creaci¨®n y funcionamiento est¨¢n reguladas por una ley del Parlamento de Catalu?a que, en opini¨®n de los fiscales, tambi¨¦n ha sido vulnerada.

Al margen de estas consideraciones, tambi¨¦n es necesario que la opini¨®n p¨²blica conozca las averiguaciones del ministerio p¨²blico sobre los pormenores de las presuntas irregularidades m¨¢s significativas descubiertas para una mayor comprensi¨®n de las complejas operaciones realizadas bajo la ¨¢rida terminolog¨ªa financiera. No es lo mismo hablar de activos ficticios a secas que explicar c¨®mo se equilibraban los balances acudiendo a pr¨¢cticas tan burdas como la de pagar 200.000 pesetas a un estudiante para simular un cr¨¦dito y, por tanto, un activo del banco de 11 millones de pesetas.

A estas alturas de la investigaci¨®n, y seg¨²n los datos conocidos, va tomando cada vez mayor cuerpo la idea de que la compra de bancos fue uno de los factores desencadenantes de la crisis, tanto por los elevados precios pagados como por los costes suplementarios e injustificables que la acompa?aron. La acusaci¨®n de que en la compra de acciones de otros bancos se habr¨ªan invertido 11.061 millones de pesetas, el doble del capital social de Banca Catalana, es un s¨ªntoma del todo elocuente.

Por estas y otras razones el trabajo de los fiscales supone un esfuerzo que puede ayudar a comprender una importante crisis bancaria. Sin embargo, todas estas afirmaciones constituyen simplemente las alegaciones de los acusadores. Para formarse un cabal juicio de lo ocurrido es preciso cuanto antes conocer tambi¨¦n la versi¨®n de los propios imputados- y los m¨®viles que les impulsaron a sus actuaciones. Para ello, y lo hemos repetido muchas veces, nada mejor que la aceleraci¨®n del procedimiento y el deslinde de las responsabilidades concretas de unas personas de la representaci¨®n pol¨ªtica que en un determinado momento ostentan. Nadie, por tanto, puede, moral ni jur¨ªdicamente, condenar a unas personas sobre las que ni tan siquiera han reca¨ªdo todav¨ªa autos de procesamiento. Precisamente la presunci¨®n de inocencia constituye un postulado b¨¢sico de todo sistema judicial democr¨¢tico.