Pol¨¦mica entre el Gobierno, la oposici¨®n y un sector de la magistratura por el control de la Escuela Judicial
La elaboraci¨®n por el Ministerio de Justicia de un Proyecto de reglamento del Centro de Estudios Judiciales (antigua Escuela Judicial) ha sido objeto de cr¨ªticas por un sector de la magistratura y algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que recuerdan que el Tribunal Constitucional ha negado al Gobierno capacidad para dictar reglamentos que afecten al estatuto de jueces y magistrados. Por su parte, el diputado conservador Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Gallard¨®n se mostr¨® "extra?ad¨ªsimo" ante la iniciativa gubernamental y asegur¨® que equivale a "no haberse le¨ªdo la sentencia" del alto tribunal.
El control del Centro de Estudios Judiciales fue uno de los temas pol¨¦micos durante la elaboraci¨®n de la vigente ley org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ). El Gobierno, pese a las protestas del CGPJ, de mayor¨ªa conservadora, presidido entonces por Federico Carlos Sainz de Robles, lo adscribi¨® al Ministerio de Justicia y mantuvo esta adscripci¨®n despu¨¦s del vuelco dado al CGPJ, que aseguraba una mayor conexi¨®n con la soberan¨ªa popular a trav¨¦s de la elecci¨®n parlamentaria de sus 20 vocales.Con ocasi¨®n del recurso de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Parlamentario Popular, Ruiz Gallard¨®n defendi¨® que la potestad reglamentaria para desarrollar la LOPJ corresponde, al CGPJ. Por el contrario, el Gobierno, apoy¨¢ndose en el art¨ªculo 97 de la Constituci¨®n, argument¨® en favor de su propia competencia en la materia. El Tribunal Constitucional acept¨® como regla general la tesis gubernamental, pero, en lo que se refiere a los jueces y magistrados, neg¨® la potestad reglamentaria al Gobierno y asegur¨® que su estatuto "ha de venir determinado por ley, y m¨¢s precisamente, por ley org¨¢nica".
En su sentencia de 29 de julio de 1986 el alto tribunal se?ala que la necesaria independencia de los jueces y magistrados supone que "no pueden estar sometidos, en principio, a normas de rango inferior a la ley y, muy especialmente, a los reglamentos que pueda dictar el Gobierno". "Y ello no s¨®lo en el ejercicio de la potestad jurisdiccional", a?ade, "sino tambi¨¦n en su propio estado, pues lo contrario supondr¨ªa la posibilidad de influir en su situaci¨®n personal, con los riesgos que ello acarrea respecto a la misma funci¨®n jurisdiccional".
Un alto cargo del Ministerio de Justicia confirm¨® a este peri¨®dico que el proyecto de reglamento comenz¨® a estudiarlo el jueves pasado la comisi¨®n de subsecretarios para su aprobaci¨®n en un pr¨®ximo Consejo de Ministros. Asegur¨® que el reglamento del Centro de Estudios Judiciales no afecta al estatuto de los miembros de la carrera judicial, "ya que regula el acceso al mismo cuando todav¨ªa el aspirante no es juez". A?adi¨® que el r¨¦gimen b¨¢sico de la situaci¨®n de jueces y magistrados se encuentra en la LOPJ, "con lo que se cumple el requisito de ser regulado por ley org¨¢nica".
Sin embargo, Ruiz Gallard¨®n se mostr¨® "extra?ad¨ªsimo" de que el Gobierno vaya a regular esta materia directamente, ya que, seg¨²n dijo, "est¨¢ expresamente excluida por el Tribunal Constitucional y reservada a ley org¨¢nica. No se han enterado de la sentencia". Record¨® que, adem¨¢s de los jueces que ingresan por oposici¨®n, el Centro de Estudios Judiciales tendr¨¢ que seleccionar y formar a los que ingresen directamente como "juristas de reconocida competencia" y a los que asciendan de categor¨ªa. "No es posible un reglamento; el Gobierno tiene que remitir un proyecto de ley org¨¢nica al Parlamento", asegur¨® el diputado conservador.
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