Menos universitarios

LA TENDENCIA generalizada de las universidades a acogerse a la limitaci¨®n de plazas en aquellas carreras por las que existe una gran demanda social obliga a plantearse con urgencia los criterios pol¨ªticos y acad¨¦micos que rigen el acceso a la Universidad p¨²blica en Espa?a. La situaci¨®n actual est¨¢ marcada por un cierto vac¨ªo legal. El Gobierno regul¨® el pasado mes de mayo, mediante real decreto, los procedimientos de ingreso en los centros universitarios. En su art¨ªculo segundo, el decreto indicaba que el ingreso en los centros universitarios estar¨¢ condicionado "por la capacidad de ¨¦stos, que ser¨¢ determinada por las distintas universidades con arreglo a m¨®dulos objetivos establecidos por el Consejo de Universidades".El vac¨ªo reside en que el Consejo de Universidades, en el que se sientan los rectores de las 29 universidades p¨²blicas m¨¢s el rector de la universidad a distancia y que preside el ministro de Educaci¨®n, no ha conseguido llegar a un acuerdo para definir los m¨®dulos objetivos que deben determinar la capacidad de las aulas universitarias. Mientras tanto, como situaci¨®n transitoria, las universidades remiten sus peticiones de limitaci¨®n de plazas a la comisi¨®n acad¨¦mica del Consejo de Universidades, que las autoriza o deniega mediante resoluci¨®n motivada. La actual demanda de ense?anza superior ha provocado que lo que un d¨ªa parec¨ªa un problema que afectaba s¨®lo a los aspirantes a estudiar medicina se haya extendido, en algunas universidades, a todas las carreras.

Es obvio que las razones que animan a las autoridades acad¨¦micas a poner un l¨ªmite m¨¢ximo de plazas a las aulas universitarias son mejorar la calidad de la ense?anza, elevar el prestigio acad¨¦mico de nuestros centros superiores y no colaborar a la creaci¨®n de una bolsa de parados de lujo. El desajuste entre la oferta y la demanda educativa es un problema de dif¨ªcil soluci¨®n, sobre todo cuando el s¨²bito inter¨¦s por determinadas carreras superiores est¨¢ motivado por factores coyunturales que es previsible que desaparezcan en un plazo breve de tiempo. Si el Estado tuviese que realizar las inversiones en material y profesorado para absorber toda la demanda social de ense?anza superior no habr¨ªa presupuesto ni deuda p¨²blica que pudiera soportarlo. Pero si la selectividad se impone, por tanto, como una necesidad real y acuciante en algunos casos ante la avalancha de peticiones en determinados centros, los poderes p¨²blicos deben abrir un debate sobre los criterios que deben presidir la selectividad.

Las oportunidades para alcanzar una educaci¨®n superior en Espa?a, pese al esfuerzo real y encomiable que se est¨¢ realizando por extender la gratuidad de la ensefianza, siguen siendo desiguales. El bachillerato supone todav¨ªa para muchas familias un esfuerzo econ¨®mico considerable que realizan con la esperanza de que sus hijos alcanzar¨¢n el ingreso en la Universidad. La necesidad de unos criterios claros, objetivos e iguales para todos se impone por tanto para evitar arbitrariedades e injusticias. El Gobierno y las universidades deben definir cu¨¢les son los m¨®dulos objetivos que llevan a una universidad a fijar el n¨²mero de plazas. La Universidad espa?ola se sigue financiando en gran medida con el dinero de todos los espa?oles, y es de justicia que se facilite la informaci¨®n suficiente y con el plazo de tiempo necesario para conocer qu¨¦ oportunidades tendr¨¢n los aspirantes a universitarios a cursar la carrera que deseen. Las reticencias del Gobierno a definir con claridad su posici¨®n respecto a qu¨¦ tipo de universidad desea se explican por la impopularidad que acarrea este tipo de decisiones ante el electorado. La autonom¨ªa que la ley concede a las universidades no debe servir tampoco de excusa para rehuir un debate que es, esencialmente, pol¨ªtico. Y mientras nuestros pol¨ªticos tomen sus decisiones, esperemos al menos que impere la transparencia en el proceso de selectividad, lo que evitar¨¢ las suspicacias y las arbitrariedades que permiten las situaciones transitorias.