El Consejo del Poder Judicial recuerda la obligaci¨®n de "cumplir las resoluciones y mandatos judiciales"

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acord¨® ayer reafirmar "la obligaci¨®n constitucional de todos y cada uno de los ciudadanos y de los poderes p¨²blicos de cumplir las resoluciones y mandatos judiciales". Este acuerdo, adoptado por unanimidad en una reuni¨®n extraordinaria del pleno del Consejo guarda relaci¨®n con el oficio cursado por los mandos de la Guardia Civil a la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Bilbao, que ha impedido la comparecencia de 90 guardias civiles, citados por la mencionada autoridad judicial en relaci¨®n con una investigaci¨®n de presuntas torturas.

Seg¨²n un vocal del CGPJ, en la reuni¨®n habitual semanal de la comisi¨®n permanente del CGPJ, al percatarse de la, importancia de la materia, se decidi¨® convocar urgentemente el, pleno, al que asistieron la gran mayor¨ªa de los 20 vocales, presididos por Antonio Hern¨¢ndez Gil.Seg¨²n esta fuente, el Consejo no conect¨® ayer con la juez de Bilbao ni con el presidente de la Audiencia Territorial de Bilbao -cauce habitual de la comunicac¨ª¨®n con jueces y magistrados-, pero consider¨® necesario recordar el cumplimiento de la Constituci¨®n, a la vista de lo publicado por la Prensa en la ma?ana de ayer, y tras deliberar sobre la materia, lleg¨® a un acuerdo por unanimidad de los asistentes.

El acuerdo un¨¢nime dice as¨ª: "El Consejo General del Poder Judicial, en cumplimiento de su obligaci¨®n, de colaboraci¨®n con todos los poderes del Estado y en defensa de la independencia judicial, para la realizaci¨®n del Estado de Derecho, habiendo tenido conocimiento a trav¨¦s de las informaciones de Prensa de la situaci¨®n creada con motivo del oficio que se dice cursado por la direcci¨®n general de la Guardia Civil a la juez titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Bilbao, cree necesario insistir en la obligaci¨®n constitucional de todos, y cada uno de los ciudadanos y de los poderes p¨²blicos de cumplir las resoluciones y mandatos judiciales, sin entrar a considerar su correcci¨®n jur¨ªdica, en tanto estos no sean dejados sin efecto por la v¨ªa legal de los recursos procedentes, que nuestro ordenamiento jur¨ªdico regula".

Por otra parte, seg¨²n informa desde Bilbao ??igo Gurrutxaga, Elisabeth Huertas ha abierto una investigaci¨®n sobre la existencia o no de un acuerdo del Gobierno para impedir la comparecencia de 90 guardias civiles en las ruedas de recopnocimiento que lleva a cabo el juzgado bilba¨ªno en el proceso que se sigue por un delito de torturas. La apertura de la investigaci¨®n ha obligado a la suspensi¨®n de la convocatoria de los 90 guardias que deb¨ªan comparecer de nuevo en el juzgado bilba¨ªno el pr¨®ximo d¨ªa 8.

El mismo juzgado ha aceptado tambi¨¦n el escrito presentado por la acusaci¨®n particular del caso, que corre a cargo del abogado Txema Montero. La acci¨®n de la acusaci¨®n particular tiene como objetivo que los organismos competentes, sea la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, investiguen si existe la orden del Gobierno y en su caso procesen al ejecutivo por un delito de desacato y denegaci¨®n de auxilio a la justicia. En el mismo escrito, la acusaci¨®n solicita que en caso de que el Gobierno no haya dictado tal orden, se procese al firmante del oficio por un delito de falseamiento en documento p¨²blico.

Mientras tanto, el director general de Relaciones con las Cortes, Juan Antonio Xiol, insist¨ªa a trav¨¦s de TVE en el apoyo jur¨ªdico a la decisi¨®n adoptada por la direcci¨®n general de la Guardia Civil,con el respaldo del Gobierno, e igual hizo el secretario general de organizaci¨®n, Txiki Benegas. Por su parte, el ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, acept¨® ayer que su comparecencia parlamentaria sobre la aplicaci¨®n de la ley Antiterrorista pueda ampliarse a este caso. Entre otras preguntas, tendr¨¢ que contestar al diputado de Izquierda Unida, Nicol¨¢s Sartorius, se interesa por las razones gubernamentales para apoyar la incomparecencia de los guardias civiles, a la que califica como "un hecho de profunda gravedad, que implica una clara inobservancia de los mandatos constitucionales" y una "intromisi¨®n en el espacio reservado por la Constituci¨®n en exclusiva al poder judicial". La Asociaci¨®n contra la Tortura calific¨® ayer de intolerable el oficio de la Guardia Civil, que incurre, a su juicio, "en un delito de denegaci¨®n de auxilio a la justicia, tipificado en el art¨ªculo 269 del C¨®digo Penal".

Asimismo, esta asociaci¨®n di¨® cuenta de que la invocaci¨®n del "Gobierno de la Naci¨®n" para incumplir las ¨®rdenes judiciales no es la primera vez que se produce. Seg¨²n inform¨®, en febrero de 1986, el director de la Seguridad del Estado, Juli¨¢n San Cristobal, remiti¨® un oficio al titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 18 de Madrid, en el que se segu¨ªan diligencias por presuntas torturas denunciadas por Enrique Erreguerena Vera. San Crist¨®bal contest¨® as¨ª: "por deseo expreso del Gobierno de la Naci¨®n, no estoy en disposici¨®n de facilitar informaci¨®n confidencial relativa a todos y cada uno de los miembros de la Brigada Central de Informaci¨®n".