Magistrados, conservadores y progresistas coinciden en que deben respetarse las decisiones judiciales

Representantes de los dos colectivos de jueces rechazaron ayer el apoyo gubernamental a la incomparecencia de guardias civiles ante la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Bilbao, Mar¨ªa Elisabeth Huertas. Jos¨¦ Gabald¨®n, presidente de la Asociaci¨®n Profesional de la. Magistratura (APM), manifest¨® que "el respeto a las decisiones judiciales es necesario en un Estado de derecho". Jueces para la Democracia calific¨® de "intolerable" la actitud del Gobierno y pidi¨® la dimisi¨®n de Juan Antonio Xiol, director general de Justicia.

Gabald¨®n manifest¨® que para poder opinar solventemente sobre la materia ser¨ªa preciso conocer los antecedentes de la resoluci¨®n judicial incumplida y a?adi¨® que, trat¨¢ndose de una cuesti¨®n sub judice, "es particularmente dificil y arriesgado para. un colectivo de jueces". En todo caso, y a t¨ªtulo personal, el presidente de la conservadora AFM dijo lo siguiente: "remont¨¢ndome a los principios, para m¨ª, como juez, en un Estado de Derecho, es necesario el respeto a las decisiones judiciales que, si no se ajustan a la ley, deben corregirse por los recursos ordinarios y extraordinarios existentes". A estos efectos, se refiri¨® a la intervenci¨®n del fiscal y sugiri¨® que, en caso de no existir medios adecuados para resolver situaciones de excepci¨®n, deben adoptarse, a trav¨¦s de las oportunas disposiciones legales.El comit¨¦ permanente de la asociaci¨®n judicial progresista Jueces para la Democracia se reuni¨® ayer en la sala de juntas del edificio de los Juzgados de Madrid. Tras recibir la informaci¨®n que personalmente suministr¨® Mar¨ªa Elisabeth Huertas, acord¨® por unanimidad expresar su preocupaci¨®n por lo que califica de intolerable respaldo gubernamental a los guardias civiles citados legalmente en una investigaci¨®n judicial para esclarecer la existencia de torturas y por la forma en que se ha presentado a la opini¨®n p¨²blica. la actuaci¨®n de la juez Huertas.

Jueces para la Democracia se?ala: "el tema es todav¨ªa mucho m¨¢s preocupante si se tiene en cuenta. que hechos como el investigado se dan en el ¨¢mbito de la actuaci¨®n de fuerzas cuyo control corresponde directamente al Ejecutivo, y bajo su responsabilidad por tanto", "y que la jurisdicci¨®n, a. la que: ahora trata de convertirse en chivo expiatorio, al perseguir todas las conductas incriminables con Independencia de la calidad de los posibles sujetos activos, act¨²a en el m¨¢s riguroso cumplimiento de su deber constitucional'.

La asociaci¨®n Judicial progresista reprocha especialmente al director general para las Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia, Juan Antonio Xiol, "el respaldo expl¨ªcito prestado al incumplimiento de un acuerdo leg¨ªtimamente adoptado por el juez competente". [Se refiere a las declaraciones hechas por Xiol el pasado viernes a trav¨¦s de TVE, en las que justific¨® la incomparecencia de los guardias civiles en el riesgo de sus derechos fundamentales a la integridad f¨ªsica, seguridad y derecho a la defensa, y excluy¨® que: pudieran incurrir en el delito de denegaci¨®n de auxilio a la justicia, por quedar excluidos los supuestos en los que la orden judicial sea manifiestamente ilegal.]

En opini¨®n de Jueces para la Democracia, "arrojar falsas sospechas de ilegalidad sobre la actuaci¨®n de un magistrado, que adem¨¢s no ha sido en ning¨²n caso recurrida por el Ministerio Fiscal presente en la causa, y hacerlo, como es el caso del citado director general, desde una sede gubernamental y en un medio p¨²blico, puede constituir, adem¨¢s de un serio atentado a los fundamentos ideales del sistema democr¨¢tico, un supuesto previsto en el C¨®digo Penal".

Que dimita Xiol

En consecuencia, entre otras medidas, se insta al Ministerio Fiscal para "el ejercicio de las acciones pertinentes", y se pide "la inmediata dimisi¨®n de Juan Antonio Xiol Rius como director general para las Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia, por entender que desde ahora queda plenamente inhabilitado para el desempe?o de este cometido". En respuesta a los preceptos jur¨ªdicos invocados por Xiol, Jueces para la Democracia se?ala que art¨ªculos como los 299 y 789 de la ley de Enjuiciamiento Criminal confieren al juez instructor competencia para acordar las investigaciones necesarias en relaci¨®n con el delito, sus circunstancias y "las personas que en ¨¦l hayan participado".

Jueces para la Democracia recuerda que la investigaci¨®n se refiere a hechos en los que se dan "indicios de la mayor consistencia de haberse ejercido actos de tortura sobre un detenido", que los verdaderos responsables de estas diligencias son las autoridades policiales que se niegan sistem¨¢ticamente a depurar las conductas de los funcionarios y que los reconocimientos en rueda se celebran con todas las garant¨ªas y la conformidad y presencia del fiscal.