La criminalidad creci¨® menos en 1985 que en a?os anteriores, seg¨²n el fiscal del Estado
En 1985, la criminalidad experiment¨® una desaceleraci¨®n en su incremento, seg¨²n la memoria elevada al Gobierno, presentada ayer ante el Rey por el fiscal general del Estado. Luis Antonio Bur¨®n Barba, que abri¨® el acto inaugural del a?o judicial. Mientras que en 1983 el aumento de la criminalidad fue del 22,30%, se redujo en 1984 al 16,31%, y en 1985 el crecimiento fue s¨®lo de un 5,37% que, seg¨²n Bur¨®n, "podr¨ªa hacernos esperar un incremento escaso o nulo en 1986". Asimismo, en el quinquenio 1976-1980 se produjo un aumento del 80%, mientras que en el de 1981 a 1985 el crecimiento fue del 50,1 %, a pesar de incluirse en esta ¨²ltima etapa el aumento "alarmante", en palabras de Bur¨®n, producido en 1983.El total de sentencias dictadas durante 1985 fue de 103.815, que significa un aumento en relaci¨®n a las 91.526 de 1984, de un 10,16%, que el fiscal general del Estado atribuye "al celo de jueces y tribunales y a la creaci¨®n de nuevos ¨®rganos judiciales". De las 103.815 sentencias, dictadas en 1985, 71.847 -es decir, un 69,2% del total- fueron condenatorias de conformidad con el fiscal. Del resto, 15.007 -o sea, el 14,45% del total- fueron condenatorias, pero disconformes con la petici¨®n fiscal, y las 16.957 restantes -el 16,34%- fueron absolutorias, sin que se distinga aqu¨ª entre las conformes y disconformes con la fiscal¨ªa.
Dependencia, no 'temblor'
En la presentaci¨®n de la memoria Bur¨®n resalt¨® la coincidencia de la funci¨®n judicial con el ministerio p¨²blico en el servicio a la legalidad e imparcialidad, del mismo modo que destac¨® "la ¨²nica divergencia" entre ambos: "la contraposici¨®n de la dependencia jer¨¢rquica que rige el Ministerio Fiscal y la independencia de jueces y tribunales", proclamadas ambas en la Constituci¨®n. A?adi¨® que la dependencia jer¨¢rquica de los fiscales es un "instrumento indispensable para la unidad de ¨¢ctuaci¨®n", pero rechaz¨® "la imagen", dijo, "de un fiscal general tembloroso siempre ante el riesgo de destituci¨®n y, por ende, sumiso al poder ejecutivo".Para el fiscal general del Estado, "el Gobierno de la Naci¨®n no puede desentenderse del curso de los procesos judiciales". Seg¨²n Bur¨®n, "no le corresponde desde luego suplantar el poder jurisdiccional en ning¨²n caso, pero s¨ª comprobar que la potestad jurisdiccional se ejercite en un marco de regularidad, eficacia y prontitud".
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