Un fiscal para el nuevo Gobierno

EL RELEVO en la Fiscal¨ªa General del Estado propuesto por el Gobierno ha sido acogido con recelo y desconfianza desde distintos y contrapuestos sectores, como son la ejecutiva de Alianza Popular y la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF). Desde la derecha pol¨ªtica se califica este nombramiento de "gesto partidista" que no est¨¢ en consonancia con la insistencia de imparcialidad institucional impuesta por el Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, mientras que desde la izquierda profesional de los fiscales se pone en cuesti¨®n el modelo socialista de relaciones Gobierno-ministerio fiscal, que, dicen, "implica una dependencia fiscal del Gobierno bastante acusada, con el peligro que ello lleva consigo para el principio de legalidad y, asimismo, el peligro de sustituirlo por el principio de oportunidad".Si la cr¨ªtica proveniente de la derecha pol¨ªtica puede ser obviada por el Gobierno, deber¨ªa preocuparle, sin embargo, la posici¨®n mantenida por el grupo de fiscales que m¨¢s ha apoyado en el seno del ministerio fiscal el cambio propugnado por los socialistas en 1982, incluido un nuevo marco de relaciones Ejecutivo-ministerio p¨²blico que arrinconase definitivamente en la historia el impuesto durante a?os por el franquismo.

La Constituci¨®n espa?ola de 1978, primero, y el Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, de 30 de diciembre de 1981, despu¨¦s, concretan la misi¨®n del fiscal en el nuevo Estado democr¨¢tico, fundamentalmente en la defensa de la legalidad), del inter¨¦s p¨²blico y en la satisfacci¨®n del inter¨¦s social ante los tribunales de justicia, y el segundo de los textos citados fija los contornos de las relaciones del Gobierno con el ministerio fiscal, que se efectuar¨¢n siempre a trav¨¦s del fiscal general del Estado, al que el Rey nombra y destituye a propuesta del Gobierno.

Los dos textos legales a?aden que la actuaci¨®n del ministerio fiscal se realizar¨¢ conforme a los principios de unidad de actuaci¨®n, y dependencia jer¨¢rquica, pero siempre con sujeci¨®n a los de legalidad e imparcialidad. El problema surge cuando se trata de compaginar estos principios con los criterios que el Gobierno maneja cuando decide interesar del fiscal general del Estado las actuaciones pertinentes sobre alg¨²n asunto, criterios que principalmente no son otros que los de oportunidad pol¨ªtica.

Los socialistas descubrieron desde el momento de su llegada al poder la importancia del ministerio fiscal como instrumento vital para el Gobierno en la defensa que le incumbe a ¨¦ste del inter¨¦s p¨²blico y social ante los tribunales, que son independientes y sobre cuyas decisiones no tiene influencia alguna, salvo la que legalmente pueda realizar, precisamente a trav¨¦s del ministerio fiscal.

Respetando el actual marco legal de las relaciones poder ejecutivo-ministerio p¨²blico, los socialistas han potenciado en la pr¨¢ctica la iniciativa del Gobierno en estas relaciones, intentando impulsar la acci¨®n del ministerio fiscal en todos los campos (penal, civil, laboral, etc¨¦tera) y agilizar y aproximar su actuaci¨®n a los problemas de los ciudadanos.

El actual ministro de Justicia ya recab¨® para los Gobiernos democr¨¢ticos en diciembre de 1983, durante una reuni¨®n de fiscales jefes de toda Espa?a celebrada en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el monopolio de la interpretaci¨®n del inter¨¦s p¨²blico y social que el ministerio fiscal debe promover, y no justific¨® el recelo frente al Gobierno, que s¨®lo es comprensible -dijo en aquella ocasi¨®n el ministro- en reg¨ªmenes dictatoriales pero no en los democr¨¢ticos.

La implantaci¨®n de este modelo, sin embargo, no ha logrado cuajar en estos cuatro a?os de poder socialista por varias razones. Unas, imputables a la propia personalidad del hasta ahora fiscal general del Estado, Luis Bur¨®n Barba, que no ha sintonizado con el estilo de mando socialista; y otras, imputables al Gobierno, que con frecuencia ha podido dar la impresi¨®n de actuar por oportunismo m¨¢s que por oportunidad pol¨ªtica, lo que ha provocado en el seno del ministerio fiscal justamente el recelo que el ministro de Justicia considera injustificado en los sistemas democr¨¢ticos.

El n¨²mero de asuntos en los que ha podido existir una falta de sinton¨ªa entre el hasta ahora fiscal general del Estado y el Gobierno forma parte del secreto con que se llevan las relaciones entre ambos, pero hay indicios de que exceden con mucho al caso Banca Catalana, en el que si bien el Gobierno acogi¨® con cierta complacencia la iniciativa aut¨®noma del ministerio fiscal, ahora est¨¢ preocupado por las consecuencias pol¨ªticas que su desarrollo puede desencadenar.

La designaci¨®n del ex ministro Javier Moscoso como fiscal general del Estado es interpretada desde la perspectiva de un nuevo ensayo de los socialistas para poner en pr¨¢ctica su modelo de relaciones Ejecutivo-ministerio fiscal, seg¨²n el cual el fiscal general del Estado debe estar siempre presto a actuar, cuando se lo pide el Gobierno, en defensa del "inter¨¦s p¨²blico y social", que s¨®lo este ¨²ltimo interpreta.

Quiz¨¢ sea esta raz¨®n la que ha motivado que una minor¨ªa de seis vocales del Consejo General del Poder Judicial, frente a una mayor¨ªa de 13 que no ha planteado objeciones, se haya opuesto a la propuesta de nombramiento de Javier Moscoso, en el informe de car¨¢cter no vinculante del m¨¢ximo ¨®rgano del gobierno judicial. No obstante, es de esperar que la actuaci¨®n del nuevo fiscal general del Estado, acreditada ya en otros campos de la pol¨ªtica nacional, sirva para disipar estas dudas y su trayectoria sea un modelo de ejercicio del ministerio p¨²blico en un Estado de derecho.