El aborto seg¨²n los socialistas

EL PROCESAMIENTO del director gerente de una cl¨ªnica de Salamanca en la que, seg¨²n el propio procesado, se han practicado unas 3.000 interrupciones de embarazo ha vuelto a poner de manifiesto las contradicciones derivadas de la aplicaci¨®n de la ley de despenalizaci¨®n del aborto, en vigor desde hace poco m¨¢s de un a?o. Recientes insinuaciones del ministro de Justicia y del vicepresidente del Gobierno en tomo a una eventual ampliaci¨®n de los supuestos contemplados en dicha ley, "si as¨ª lo demanda la sociedad", parecen anunciar la apertura de un debate nacional sobre la cuesti¨®n.El programa del partido socialista promet¨ªa "ampliar por la v¨ªa de los conciertos el n¨²mero de centros autorizados para realizar este tipo de operaciones". Se hablaba tambi¨¦n en ¨¦l de "modificaci¨®n de las normas y los baremos existentes para facilitar el acceso voluntario y responsable a los m¨¦todos quir¨²rgicos anticonceptivos" y de la simplificaci¨®n de los tr¨¢mites previos a la intervenci¨®n.

Seg¨²n estudios solventes, el n¨²mero de mujeres que se encuentran en alguno de los tres supuestos contemplados en la ley se eleva a unas 27.000 al a?o. Y, sin embargo, apenas 200 abortos legales se han efectuado en Espa?a en el primer a?o de aplicaci¨®n de la norma. Ello significa que gran n¨²mero de embarazadas cuya salud corr¨ªa grave peligro o se encontraban en alguna de las otras situaciones previstas en la ley ha tenido que bien al desplazamiento al extranjero, bien a cl¨ªnicas en las que los abortos se realizan en condiciones de semiclandestinidad. Y ello se debe a las dificultades objetivas y las penalizaciones a?adidas que la puesta en pr¨¢ctica de la ley conlleva.

El que en una cl¨ªnica de la provincia de Salamanca, que no figura precisamente entre las de mayor densidad de poblaci¨®n, se realizase una media de 20 abortos diarios -frente a tan s¨®lo seis abortos legales en el ¨²ltimo a?o- demuestra las lagunas sociales que deja al descubierto la ley. La Administraci¨®n ha practicado en muchos casos la tolerancia respecto a las cl¨ªnicas que colmaban, mal que bien, parte de esas lagunas. Pero el procesamiento del director salmantino pone de relieve la inseguridad jur¨ªdica en que se mueven las personas que act¨²an en ese campo. El Ministerio de Sanidad ha indicado que est¨¢ en estudio una orden ministerial destinada a clarificar, con vistas a su eventual legalizaci¨®n, las condiciones exigibles a los centros privados que realizan interrupciones de embarazo. Ninguno de esos centros ha solicitado por el momento la acreditaci¨®n correspondiente, exigible seg¨²n la normativa dictada en julio de 1985 y que ahora se pretende simplificar. Pero, en resumidas cuentas, lo que est¨¢ claro es que la ley socialista no ha resuelto el problema del aborto en Espa?a.

El enorme desfase entre esos 27.000 casos posibles y las 200 intervenciones legales realizadas responde, sobre todo, a las dificultades con que se encuentran las mujeres para superar la carrera de obst¨¢culos en que se ha convertido la obtenci¨®n del dictamen favorable, demostrativo de que la embarazada es susceptible de acogerse a alguno de los tres supuestos contemplados en la ley, y que es imprescindible para la realizaci¨®n del aborto legal. Esa tramitaci¨®n es muy dilatada. Tanto, que con frecuencia, para cuando culmina, han transcurrido ya las 12 semanas de embarazo que la propia ley marca como Emite para proceder a su interrupci¨®n legal. Pero es, adem¨¢s, y con no menor frecuencia, vejatoria para la mujer, obligada a mendigar aqu¨ª y all¨¢ los certificados correspondientes, cuya expedici¨®n depende al final m¨¢s del talante o las convicciones personales de los m¨¦dicos autorizados que de razones objetivas. Un estudio reciente de la Direcci¨®n General de la Salud P¨²blica indica que, en la mayor¨ªa de los abortos legales realizados al amparo del primer supuesto contemplado por la ley, la raz¨®n efectivamente admitida fue la existencia de un riesgo verificable para la vida de la embarazada, y s¨®lo en unos pocos casos, la constataci¨®n de riesgos, no mortales, para su salud fisica o ps¨ªquica. Ello demuestra que la ley se est¨¢ aplicando con criterios restrictivos y contrarios al esp¨ªritu de la propia norma, que trataba de resolver un problema y, sin embargo, s¨®lo ha conseguido generar problemas a?adidos.

Las estimaciones m¨¢s prudentes sit¨²an por encima de los 100.000 el n¨²mero de abortos de espa?olas realizados en nuestro pa¨ªs o en el extranjero en los ¨²ltimos 12 meses. La mayor¨ªa de las mujeres aleg¨® como motivo de su decisi¨®n razones de ¨ªndole socioecon¨®mica, no admitidas en la legislaci¨®n. Decenas de miles de ciudadanas espa?olas necesitan seguir viajando al extranjero para abortar o lo hacen en cl¨ªnicas clandestinas, y son precisamente las pertenecientes a las clases sociales m¨¢s acomodadas econ¨®micamente y m¨¢s informadas culturalmente.

Desde el Gobierno se afirma que es posible una ampliaci¨®n de la actual legislaci¨®n, pero se a?ade que tal ampliaci¨®n se llevar¨¢ a t¨¦rmino ¨²nicamente si se demuestra que ¨¦sa es la demanda planteada por la sociedad espa?ola. No sabemos si esta actitud se debe a la ignorancia o al cinismo. Ya a ra¨ªz de la aprobaci¨®n de la despenalizaci¨®n parcial, el vicepresidente del Gobierno afirm¨® que la ley en cuesti¨®n era "la deseada por los espa?oles, seg¨²n demuestran las encuestas". Pero la realidad indica que la actual ley ha sido aplicada a menos del 0,2% de las mujeres que en los ¨²ltimos 12 meses han abortado. En la cuesti¨®n del aborto no es s¨®lo la voluntad de la mayor¨ªa, sino el respeto a los derechos de las minor¨ªas lo que debe guiar tambi¨¦n la voluntad del legislador. Y la veneraci¨®n rid¨ªcula ante las encuestas que el vicepresidente del Gobierno padece se convierte en dram¨¢tica cuando anda por medio cuesti¨®n tan grave como ¨¦sta. La realidad es que el Gobiemo no ha tenido hasta ahora el valor de enfrentarse pol¨ªticamente a sectores de poder de esta sociedad impulsando una ley de aborto m¨¢s racional y menos vergonzante. Una actitud m¨¢s audaz por su parte le implicar¨ªa indudables riesgos pol¨ªticos entre la clientela de los poderes f¨¢cticos, que tan bien cultiva. Pero disminuir¨ªan dr¨¢sticamente los riesgos para la salud, e incluso la vida, de miles de mujeres de este pa¨ªs.