Ruiz-Mateos denuncia irregularidades en la venta de Rumasa

Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, fundador de Rumasa, se ha dirigido al Tribunal de Cuentas, en ejercicio de la acci¨®n popular o p¨²blica, para que exija responsabilidades contables al Gobierno y a otras personas por la forma en que ha sido reprivatizado el grupo expropiado. El denunciante estima las presuntas irregularidades en unos 500.000 millones de pesetas. Su escrito -101 folios- relata que en alg¨²n caso los intermediarios cobraron ocho millones de pesetas por una empresa adjudicada en 29.250 pesetas.El coordinador del equipo de abogados de Ruiz-Mateos, Ram¨®n Pelayo, declar¨® a Europa Press, agencia que difundi¨® ayer la denuncia, que el Tribunal de Cuentas debe explicar lo sucedido con la reprivatizaci¨®n, "qui¨¦n hay detr¨¢s de algunos testaferros y grupos, y qui¨¦nes son responsables del perjuicio causado al Tesoro p¨²blico".

El escrito se centra exclusivamente en las supuestas responsabilidades contables, no en las penales, que los abogados pretenden denunciar por separado. Se basa en que la autorizaci¨®n parlamentaria al Gobierno para reprivatizar respetando "el inter¨¦s social perseguido por la expropiaci¨®n" fue entendida como una carta blanca que origin¨® un sinn¨²mero de irregularidades y oscuridades, cifradas en medio bill¨®n de pesetas. Las p¨¦rdidas del holding han sido valoradas en 700.000 millones de pesetas por la Administraci¨®n y en m¨¢s de un bill¨®n por la oposici¨®n.

Adem¨¢s de denunciar la adjudiciaci¨®n de empresas a personas insolventes, el escrito destaca que casi ninguna repr¨ªvatizaci¨®n se hizo mediante concurso p¨²blico, que la mayor¨ªa han ido a parar a sociedades creadas ex profeso, que la falta de publicidad provoc¨® la aparici¨®n de intermediarios perceptores de comisiones incluso superiores al precio de adjudicaci¨®n, que antiguos directivos del grupo han adquirido con frecuencia empresas, reprivatizadas, que nunca se hizo una valoraci¨®n de mercado de las sociedades, que hay "alarmante diferencia" entre los precios aprobados por el Consejo de Ministros para reprivatizar y los realmente cobrados, que en la mayor¨ªa de los casos se establecen pagos aplazados sin respaldo legal.