El poder judicial, expresa su "m¨¢s firme apoyo" a Belloch y Huerta

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expres¨® ayer su respaldo al magistrado Juan Alberto Belloch y la juez Mar¨ªa Elisabeth Huerta y encuadr¨® las amenazas de muerte recibidas en la "campa?a de desprestigio de los jueces y magistrados del Pa¨ªs Vasco", que atenta "contra su independencia e imparcialidad". El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, telefone¨® ayer por la ma?ana al magistrado Belloch para manifestarle su solidaridad a ¨¦l y a la juez Huerta y expresarle la preocupaci¨®n del Gobierno por garantizar la independencia de los jueces.El Consejo "estima necesario manifestar su preocupaci¨®n por la campa?a de desprestigio de los jueces y magistrados del Pa¨ªs Vasco, a la que no son ajenas las amenazas de muerte dirigidas contra dos de ellos, sin m¨¢s motivo que las decisiones adoptadas en el ejercicio de su funci¨®n". "Estas amenazas y el clima de censura no racionalizada en que se han reproducido", prosigue, "presionan sobre los jueces y magistrados con el evidente prop¨®sito de atentar contra su independencia e imparcialidad".

"Este Consejo record¨® con serenidad, pero con firmeza, el deber de cumplimiento de las resoluciones judiciales que a todos, incluidos los poderes p¨²blicos, impone nuestra Constituci¨®n, y se esforz¨® por no exacerbar un incidente en el que podr¨ªan resultar deterioradas instituciones fundamentales del Estado de Derecho. Todos tienen derecho a la discrepancia y cr¨ªtica de las resoluciones judiciales, pero esto no ampara la insistente descalificaci¨®n p¨²blica de jueces que ejercen sus funciones en condiciones no siempre f¨¢ciles".

EL Consejo, "como ¨®rgano garante de la independencia de los jueces y magistrados integrantes del poder judicial, expresa ahora su m¨¢s firme apoyo a quienes desempe?an la delicada tarea de impartir justicia y manifiesta su voluntad de no escastimar esfuerzos para respaldarlos en el ejercicio de la potestad jurisd¨ªccional que la Constituci¨®n ha puesto exclusivamente en sus manos". El acuerdo se adopt¨® por 17 votos favorables, ninguno en contra y tres abstenciones -las de Luis Vacas, Antonio Albasanz y Pablo Beltr¨¢n de Heredia-, que, seg¨²n fuentes del Consejo, no fueror¨ª tanto por el contenido del acuerdo, como por la discrepancia con un nuevo pronunciamiento del Consejo sobre, los problemas judiciales del Pa¨ªs Vasco.

Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao, Juan Bautista Pardo, y el de la Audiencia Provincial de San Sebasti¨¢n, Joaqu¨ªn Jim¨¦nez, relacionaron tambi¨¦n las amenazas con el desprestigio de los jueces de Euskadi.

El, magistrado Perfecto Andr¨¦s, del secretariado de Jueces para la Democracia, asociaci¨®n judicial progresista y, minoritaria, conden¨® los hechos y a?adi¨®: "No s¨¦ qui¨¦n ha puesto la letra a las amenazas, pero la m¨²sica es la misma que desgraciadamente suena en algunas declaraciones de Ricasdo Garc¨ªa Damborenea [secretario general de los socialistas vizca¨ªnos] y en algunos medios de comunicaci¨®n social reaccionarios. Me parece que responden a una misma finalidad de crear un clima que haga m¨¢s dif¨ªcil todav¨ªa el ejercicio de su funci¨®n por compa?eros que la est¨¢n desempe?ando con exquisito rigor constitucional".

Por su parte, Jos¨¦ Gabald¨®n, presidente de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, expres¨® su "sentimiento de rechazo e indignaci¨®n, propio de cualquier persona honesta".

Juan Saavedra, presidente de la Audiencia Provincial de Vitoria y portavoz del grupo judicial minoritario y moderado Francisco de Vitoria, se?al¨® que las amenazas son "una intimidaci¨®n sobre la labor de unos magistrados" y "otra injerencia, en este caso innorninada, que pr¨®duce un efecto enrarecedor en el funcionamiento del Estadode derecho".