Como un cambio de Gobierno

LOS NOMBRAMIENTOS efectuados ayer por el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez en el area de la seguridad del Estado probablemente tengan mayor alcance pol¨ªtico y significaci¨®n ciudadana que cualquier remodelaci¨®n gubernamental de corte tradicional. Por eso el propio presidente del Gobierno deber¨ªa explicar en el Parlamento las razones que le han aconsejado efectuar un cambio estrat¨¦gico -o acaso simplemente t¨¢ctico- de tanta importancia como constituye en todo sistema democr¨¢tico la remodelaci¨®n completa del equipo pol¨ªtico responsable del aparato de la seguridad del Estado.Y aqu¨ª precisamente comienzan las preguntas. Pocas personas albergan a estas alturas de la carrera escasas dudas de que uno de los mayores y m¨¢s espectaculares agujeros de la pol¨ªtica del cambio, que llev¨® a los socialistas al poder -hace ya cuatro a?os-, se residencia en el terreno del importante departamento denominado Ministerio del Interior. Hasta el d¨ªa de hoy, esta gesti¨®n sustantiva del Estado se ha caracterizado mayoritariamente por su ineficacia.

Por eso no es il¨ªcito o malpensado constatar que, en el mejor de los casos, el propio presidente del Gobierno recorre un complicado y tortuoso camino para no endosar un error b¨¢sico de la formaci¨®n de su primer Gobierno. Felipe Gonz¨¢lez organiza la marimorena en la c¨²pula de los aparatos de la seguridad del Estado y mantiene a su responsable pol¨ªtico. Probablemente su afecto personal por la persona de Barrionuevo le traicione en este importante segmento de la pol¨ªtica nacional. Pero el desastre de la gesti¨®n del confirmado ministro del Interior s¨®lo podr¨ªa haberse saldado con su cese. Y, lo que es peor -a menos que este giro suponga un movimiento en dos tiempos que llevar¨ªa a Barrionuevo a la candidatura de la alcald¨ªa de Madrid-, las valientes decisiones operadas en el campo de la seguridad del Estado podr¨ªan perder en el camino su valor pol¨ªtico.

S¨®lo el tiempo permitir¨¢ comprobar si los importantes cambios introducidos en la c¨²pula del Ministerio. del Interior coristituyen un mero gesto destinado a detener el creciente deterioro del departamento o el inicio de una rectificaci¨®n de fondo. La permanencia de Barrionuevo como titular y primer responsable de los episodios que han salpicado sus dependencias, parece avalar la idea de continuismo, puesto que, en principio, sena incongruente que el orientador de una determinada pol¨ªtica pudiera desde el mismo puesto, y a partir de un determinado momento, impulsar otra.

Sea como fuere, esta indeterminaci¨®n no impide afirmar que el nombramiento de sendos civiles como directores generales de la Guardia Civil y de la polic¨ªa supone el m¨¢s serio intento producido a lo largo de la ¨²ltima d¨¦cada de quebrar la tendencia a perpetuar la concepci¨®n militarista del orden p¨²blico heredada del pasado. Y esto es importante. De hecho, el cambio prometido en 1982 era identificado por millones de ciudadanos como el cambio, ante todo, en el funcionamiento del aparato del Estado, y en particular de las estructuras y comportamientos de sus fuerzas de seguridad. Pronto se vio, sin embargo, que era precisamente en ese terreno donde los nuevos gobernantes se mostraban m¨¢s pasivos, y con ello la falta de credibilidad de Interior se convirti¨® en s¨ªmbolo del desgaste del proyecto reformista que hizo a los socialistas llegar a la Moncloa.

Acomodos y claudicaciones

Resulta comprensible que un partido hasta entonces sin ninguna expenencia de poder recurriera a ciertas clases de prudencia ante los escollos de la realidad. Pero lo cierto fue, en el caso de las competencias propias del Departamento de Interior, que se pas¨® sin soluci¨®n de continuidad de la firme desconfianza ideol¨®gica al m¨¢s acomodaticio de los pragmatismos. Las reformas prometidas fueron aplazadas, se transigi¨® sin empacho en cuestiones poco antes consideradas como de principio, y se desaprovecharon oportunidades, como la de la nueva ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para adecuar la pol¨ªtica policial a los fundamentos constitucionales.

Desde la temprana oposici¨®n a las reformas legales de signo progresista impulsadas por el Ministerio de Justicia hasta el reciente, y muy serio, enfrentamiento con el poder judicial, la pol¨ªtica de Interior se ha caracterizado por una permanente claudicaci¨®n ante los sectores interesados en el mantenimiento y aun ampliaci¨®n de la tendencia a la autonomizaci¨®n del aparato policial. No otro ha sido el reproche impl¨ªcitamente planteado estos d¨ªas por la Junta de Jueces de Madrid al preguntarse p¨²blicamente si el Gobierno est¨¢ aut¨¦nticamente en condiciones de controlar, como es su poder, pero tambi¨¦n su responsabilidad, tan impresionante aparato". Esa autonom¨ªa, tolerada -cuando no impulsada: incomparecencia de 90 guardias ante el juez- por los responsables del ministerio, en modo alguno se ha traducido en una mayor eficacia pr¨¢ctica. Este hecho ha representado, sin ninguna duda, un cambio cualitativo en las relaciones entre el Gobierno socialista y los jueces. Y mucho nos tememos que hasta un punto de dif¨ªcil retorno.

Un nuevo dise?o policial

La tendencia a la autonom¨ªa policial ha llevado incluso a encastillamientos grupales dentro del mismo ministerio y a provocar frecuente falta de coordinaci¨®n entre los distintos servicios, escasos resultados en la lucha contra la delincuencia relacionada con el tr¨¢fico de drogas -a los que no es ajena la falta de colaboraci¨®n policial en dicho terreno, denunciada en su d¨ªa por el fiscal especial antidroga- y la impunidad con que ETA ha venido actuando en la capital de Espa?a u otras ciudades en los ¨²ltimos tiempos. Pero adem¨¢s, esa autonomizaci¨®n ha favorecido esc¨¢ndalos como los de la mafia policial -inexplicable sin referencia al corporativismo reinante en sectores de las fuerzas de seguridad- y ha sido determinante en la desconfianza de la poblaci¨®n, cuya colaboraci¨®n se solicitaba, respecto al respeto de los derechos humanos en las dependencias policiales.

Los cambios parecen apuntar hacia una rectificaci¨®n de la pol¨ªtica de pa?os calientes que condujo a aceptar, en contra de lo mantenido por los socialistas desde la oposici¨®n, el car¨¢cter militar de la Guardia Civil. Ello dio pie, a su vez, a la resistencia por parte de influyentes sectores de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del ministro de Defensa, a la posibilidad de que un civil ocupase el cargo de director general del cuerpo. El pr¨®ximo nombramiento para dicho cargo de Luis Rold¨¢n, hasta -ahora delegado del Gobierno en Navarra, abre expectativas de un m¨¢s efectivo control por parte del Ejecutivo de un colectivo compuesto por m¨¢s de 60.000 hombres armados.

Lo m¨¢s alarmante del reciente desplante del general Cassinello en su ¨²ltima actuaci¨®n como jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil no fue, con serlo mucho, el talante que reflejaba, ni siquiera el hecho de que, al parecer, el ministro del Interior se enterase de su existencia al leer la Prensa, sino la conciencia de impunidad, de sentirse a cubierto de cualquier responsabilidad, que el autor dejaba traslucir con su iniciativa. El apoyo por parte de las fuerzas pol¨ªticas y de la opini¨®n p¨²blica a la decisi¨®n gubernamental de destituir fulminantemente a Cassinello demostr¨® que la pusilanimidad mostrada en otras ocasiones por el Ejecutivo socialista carec¨ªa de justificaci¨®n pol¨ªtica. Esa decisi¨®n ha permitido ahora al Gobierno franquear un paso que puede ser decisivo para la recuperaci¨®n de su credibilidad, y en particular para afianzar un dise?o de polic¨ªa civil acorde con los principios de la Constituci¨®n. Un dise?o policial en el cual ser¨ªa columna vertebral la creaci¨®n de una aut¨¦ntica polic¨ªa judicial -siempre soslayada- que investigara a las ¨®rdenes directas de jueces y fiscales.

Ese dise?o podr¨¢ verse reforzado con la ruptura de la inercia de atribuir a un funcionario la direccion general de la polic¨ªa que supone el nombramiento para dicho cargo de Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado, hasta ahora delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Su experiencia de cuatro a?os en este cargo podr¨¢ serle ¨²til tanto para coordinar m¨¢s eficazmente a los distintos servicios policiales en la lucha contra la delincuencia como tambi¨¦n para colaborar m¨¢s estrechamente en las investigaciones judiciales que actualmente se llevan a cabo sobre actuaciones presuntamente delictivas de miembros d¨¦la polic¨ªa, como, por ejemplo, los casos de la llamada mafia policial o de El Nani.

En este sentido, el nuevo equipo de Interior deber¨ªa mostrar un talante distinto del que demuestran las declaraciones del hasta ayer subsecretario del Interior, Rafael Vera, de que "la polic¨ªa investiga a su propio cuerpo", dando as¨ª a entender que no era necesaria la creaci¨®n de la comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria apuntada por la Junta de Jueces de Madrid. Sin valorar la oportunidad de tal comisi¨®n, de lo que no deb¨ªan dudar los nuevos miembros de la c¨²pula de Interior es de que tanto el poder jurisdiccional de los jueces como el control parlamentario de diputados y senadores pueden y deben aplicarse legalmente, si llega el caso, a la investigaci¨®n de las conductas delictivas o irregulares en el seno de los cuerpos de seguridad del Estado. Si a la restricci¨®n del control jurisdiccional que ya existe mediante el fuero especial de la polic¨ªa se a?aden ahora las reticencias ante un posible control parlamentario, la pregunta de qui¨¦n custodia a los custodios tendr¨¢ cada vez m¨¢s dif¨ªcil respuesta.

La voluntad de resolver los problemas internos de los cuerpos policiales y de los que vienen enturbiando las relaciones entre el propio Gobierno y el poder judicial deber¨ªa manifestarse rotundamente y con urgencia. Pero esta voluntad debe producirse a partir del reconocimiento claro de que los jueces son titulares del poder jurisdiccional del Estado, ante el cual nada debe ocultarse o desaparecer. Descontado, claro est¨¢, que los primeros que deben dar ejemplo en este terreno son el propio Gobierno y sus agentes directos.