Los l¨ªmites del debate presupuestario

LA DISCUSI?N de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 1987 ha pasado sin pena ni gloria, con una C¨¢mara semivacia en la que no estuvo presente, salvo en la votaci¨®n final, el presidente del Gobierno, consolidando as¨ª una tradici¨®n que lleva camino de afianzarse en la vida p¨²blica espa?ola. En casi todas las democracias se considera que la discusi¨®n de los aspectos generales del presu puesto es un asunto de importancia nacional al que contribuyen todos los l¨ªderes pol¨ªticos.Las razones de este aparente desinter¨¦s tal vez haya que buscarlas en el mismo del debate, reducido a unas declaraciones globales sobre la evoluci¨®n econ¨®mica de la naci¨®n, ilustradas con unas cuantas cifras extra¨ªdas de los propios presupuestos. ?stas, por muy representantivas que sean del contenido del documento, no permiten insertar el propio presupuesto en la vida econ¨®mica del pa¨ªs, de tal manera que en real?dad asistimos a dos debates superpuestos, sin conexi¨®n alguna: uno sobre las cifras del presupuesto en s¨ª y otro sobre la evoluci¨®n econ¨®mica previsible, sin una explicaci¨®n convincente sobre la manera concreta en que las magnitudes contenidas en el proyecto de presupuesto pueden modificar la situaci¨®n econ¨®mica. No se trata, pues, de un debate sobre la pol¨ªtica econ¨®mica, sino m¨¢s bien de un debate pol¨ªtico general y de algunos comentarios m¨¢s o menos detallados sobre unas cifras econ¨®micas.

Esta impresi¨®n se ve reforzada cuando se analiza, la evoluci¨®n en el transcurso del a?o. Una comparaci¨®n entre el presupuesto inicial para 1986 y los resultados reales hasta el mes de agosto muestra unas diferencias abismales entre lo presupuestado y lo sucedido en realidad. As¨ª, por ejemplo, los impuestos indirectos crecieron a un ritmo del 57% en vez del 24% previsto. En principio, ambas cifras parecen lo suficientemente alejadas de lo razonable como para plantear por s¨ª mismas un cierto n¨²mero de problemas. Es cierto que quienes elaboraron el presupuesto para 1986 no pod¨ªan prever la reducci¨®n de los precios del petr¨®leo, responsables, junto con la decisi¨®n de no irepercutir su ca¨ªda, de una parte del exceso de recaudaci¨®n; pero no es menos cierto que el aumento del resto de los impuestos indirectos, y en particular la recaudaci¨®n del IVA, es bastante superior al oficialmente previsto, tal y como en su d¨ªa anunci¨® la pr¨¢ctica totalidad de los analistas privados.

Algo parecido sucede con los impuestos directos. El 9% inicial de aumento del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas se transform¨®, hasta el mes de agosto, en una tasa de crecimiento del 17%, a pesar de la reducci¨®n de algunas tarifas para los contribuyentes de menor capacidad adquisitiva. A ello contribuy¨®, sin duda, la lucha contra el fraude fiscal, pero el elemento fundamental fue la inflaci¨®n, por la obstinada negativa del Gobierno a modificar la tarifa del impuesto en funci¨®n de la misma. Cabe, pues, la sospecha razonable de que los ingresos p¨²blicos se infravaloran con el fin de compensar el desbordamiento de los gastos. De esta manera, el documento presentado pierde una parte de su significaci¨®n. Desde esta perspectiva, tal vez lo m¨¢s convincente fuese debatir no s¨®lo el presupuesto futuro, sino tambi¨¦n, y previamente, el pasado, con objeto de comprobar si el poder ejecutivo se ha atenido o no a las previsiones iniciales. El Parlamento se comporta a este respecto con cierta ligereza: es como si el consejo de una sociedad an¨®nima aprobara los planes de los ejecutivos y renunciase luego en la pr¨¢ctica a controlar su ejecuci¨®n, encomendando parcialmente esta tarea a los auditores (en este caso, el Tribunal de Cuentas del Estado).

Refuerza esta tendencia al descontrol la peculiar interpretaci¨®n que desde hace unos a?os realiza el Ejecutivo del art¨ªculo de la ley General Presupuestana que autoriza al Tesoro a endeudarse en el Banco de Espa?a por un importe equivalente al 12% del total de los gastos. La raz¨®n de este precepto se halla en la necesidad de dar un cierto margen de libertad a la Administraci¨®n en su gesti¨®n cotidiana. Sin embargo, el Ejecutivo viene interpretando esta norma como una autorizaci¨®n para gastar un 12% m¨¢s de lo presupuestado, sin tener que dar por ello explicaci¨®n alguna; para ello basta con considerar que el l¨ªmite del 12% se cuenta cada a?o a partir de cero.

Estos mecanismos no favorecen en nada la gesti¨®n administrativa ni el control del poder ejecutivo por el legislativo. Escapan a la fiscalizaci¨®n del Parlamento aspectos sustanciales de la actividad econ¨®mica del Estado y de sus organismos; en estas condiciones es muy dif¨ªcil evitar que al desinter¨¦s de los legisladores corresponda la arrogancia de los gestores. El espect¨¢culo del Congreso semivac¨ªo a la hora de debatir los rasgos principales de los Presupuestos Generales del Estado no hace sino ilustrar este estado de cosas.