Los 'flecos' de las autonom¨ªas

EL ACUERDO rubricado el pasado viernes por el ministro de Hacienda y los responsables econ¨®micos de las comunidades aut¨®nomas servir¨¢ para clarificar las complejas relaciones entre la Administraci¨®n central y las autonom¨ªas. Pero adem¨¢s, dicho pacto, realizado en el seno del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, establece de una forma mucho m¨¢s concreta que todas las definiciones existentes hasta ahora los perfiles del Estado auton¨®mico espa?ol.La ¨²ltima propuesta presentada por Carlos Solchaga supone el esfuerzo m¨¢s serio de cuantos se han hecho desde el Gobierno central para racionalizar el reparto de recursos entre la Administraci¨®n y las comunidades aut¨®nomas. El sistema anterior, provisional, buscaba una mera transferencia de un dinero equivalente al coste efectivo de las competencias traspasadas a las comunidades aut¨®nomas. Ese planteamiento incumpl¨ªa varias previsiones legales de la ley org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA) y de los estatutos, pero adem¨¢s supon¨ªa la existencia de niveles de financiaci¨®n distintos y discriminatorios: no s¨®lo entre las comunidades de r¨¦gimen foral -el Pa¨ªs Vasco y Navarra- y las de r¨¦gimen general, sino tambi¨¦n entre estas 15 ¨²ltimas.

La propuesta de Solchaga trata de subsanar los desniveles en ingresos per c¨¢pita entre unas comunidades y otras, ponderando elementos correctores en atenci¨®n a factores socioecon¨®micos como la densidad de poblaci¨®n, el nivel de los servicios y los problemas espec¨ªficos de coyuntura cada comunidad. As¨ª, Catalu?a, cuyo peso econ¨®mico en el conjunto de Espa?a es del orden del 20%-22% y su porcentaje de poblaci¨®n un 15%-16%, se ver¨¢ beneficiada con la nueva f¨®rmula y ve atendida su reclamaci¨®n de dejar de ser la autonom¨ªa menos financiada de cualquiera de las que se han desarrollado a trav¨¦s del art¨ªculo 151 de la Constituci¨®n, y la ¨²ltima de todas las de r¨¦gimen general. Este respeto gen¨¦rico a los principios de la LOFCA y a los estatutos de autonom¨ªa (en detrimento de otros argumentos, como la extensi¨®n territorial) se ha impuesto finalmente en las conversaciones y ha despejado muchas de las sombras que se hab¨ªan suscitado en el largo proceso de negociaciones bilaterales y multilaterales que el Gobierno emprendi¨® con las partes afectadas.

Otra de las mejoras es el incremento de la autonom¨ªa del gasto, la capacidad de decisi¨®n que tendr¨¢n a partir de ahora los Gobiernos aut¨®nomos. El modelo de la Espa?a de las autonom¨ªas se despega con ello de una escueta descentralizaci¨®n administrativa. Las comunidades tendr¨¢n capacidad para impulsar pol¨ªticas propias en las materias reconocidas estatutariamente, y no s¨®lo limitarse a ejecutar decisiones adoptadas desde la Administraci¨®n central o a materializar la continuidad de lo establecido anteriormente. De todas maneras, el volumen de financiaci¨®n de los servicios transferidos contin¨²a sin incluir expl¨ªcitamente un cap¨ªtulo para las nuevas inversiones que se tengan que realizar.

Todas las partes han acabado efectuando concesiones para lograr el acuerdo, generalmente elogiado. Por lo mismo, resulta absurdo que se haya dejado abierto un aspecto sustancial del problema: la dotaci¨®n para sufragar los costes de servicios ligados a realidades hist¨®ricas, como es la normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica de algunas comunidades y problemas de ese g¨¦nero. Esto, que ha sido bautizado como los flecos de la financiaci¨®n, significa partidas de gran importancia que merec¨ªan haber quedado tambi¨¦n resueltas. Parece impensable que el dinero necesario para sufragar la extensi¨®n de las lenguas vern¨¢culas en Catalu?a y Galicia se tenga que ahorrar de partidas como la sanidad o las obras p¨²blicas, y sin embargo esa cuesti¨®n ha quedado sin una dotaci¨®n espec¨ªfica y sin una aclaraci¨®n pertinente. Mantener abiertos cap¨ªtulos de negociaci¨®n entre el Gobierno central y las comunidades aut¨®nomas equivale a tener siempre sobre la mesa materia para agravios, victimismos y cosas de ese estilo. En definitiva, a no completar el proceso pol¨ªtico de la transici¨®n y el horizonte racional de la construcci¨®n del Estado.