El Gobierno estudia iniciar acciones judiciales contra los empresarios que pagaban el 'impuesto'
El Gobierno estudia la posibilidad de que se inicien acciones judiciales contra los empresarios que, seg¨²n la documentaci¨®n intervenida a ETA en la empresa Sokoa de Hendaya, pagaban el impuesto revolucionario. El Ejecutivo podr¨ªa solicitar a la Fiscal¨ªa General del Estado que inicie las acciones que comenzar¨ªan con la petici¨®n de una comisi¨®n rogatoria a Francia para disponer de los documentos originales sobre las finanzas de ETA. Asimismo, la organizaci¨®n terrorista ten¨ªa intenci¨®n de crear una empresa de cobertura en Portugal que blanqueara el dinero procedente del impuesto revolucionario y de los secuestros y pudiera convertirse en base de comandos operativos ante el acoso sufrido en el sur de Francia.
Fuentes francesas han confirmado que el descubrimiento del arsenal de ETA Militar en la empresa Sokoa, as¨ª como su funci¨®n de cobertura del aparato financiero de la organizaci¨®n terrorista fue facilitado a la polic¨ªa espa?ola por empresarios de Espa?a que ten¨ªan conocimiento de las actividades desarrolladas por esta cooperativa en el sur de Francia y que hab¨ªan sido extorsionados por ETA Militar. La polic¨ªa espa?ola confirm¨® los datos obtenidos y traslad¨® la informaci¨®n a Francia, donde el departamento del Aire y de Fronteras, al frente del comisario Catal¨¢, llev¨® a cabo la redada, considerada como el golpe m¨¢s duro realizado contra el aparato financiero de la organizaci¨®n. La operaci¨®n hab¨ªa sido acordada por los responsables pol¨ªticos antiterroristas de los departamentos del Interior espa?ol y franc¨¦s.Seg¨²n la documentaci¨®n intervenida, un n¨²mero aproximado de 70 empresarios vascos pagaban el denominado impuesto revolucionario, algunos de ellos en diferentes plazos. El cobro del impuesto se llevaba a cabo tanto en Espa?a como en Francia y siempre en con dinero en met¨¢lico.
Comisi¨®n rogatoria
Los nombres de los empresarios no han sido revelados aunque fuentes espa?olas no descartan que los tribunales soliciten a Francia una comisi¨®n rogatoria para conseguir los documentos originales de contabilidad que prueban esos pagos con el fin de que los jueces estudien las supuestas responsabilidades de los citados industriales. Seg¨²n fuentes gubernamentales espa?olas, se estudia la posibilidad de trasladar al Fiscal General del Estado, Javier Moscoso, el asunto para que inicie los tr¨¢mites de solicitud de la mencionada comisi¨®n rogatoria. Seg¨²n los datos en poder de la polic¨ªa, ETA ten¨ªa previsto crear una nueva empresa de cobertura en Portugal que trabajar¨ªa oficialmente en actividades de importaci¨®n y exportaci¨®n.
Las fuentes consultadas consideran que la organizaci¨®n terrorista hab¨ªa decidido buscar nuevos refugios en Portugal que tambi¨¦n se utilizar¨ªan como base para comandos operativos. Estos comandos podr¨ªan trasladarse f¨¢cilmente a Espa?a para llevar a cabo atentados.
Fuentes francesas han reconocido que Jos¨¦ Arrieta Zubimendi, Azkoiti, uno de los supuestos etarras detenidos en Hendaya y que permanece en poder de Francia -otros seis fueron entregados a Espa?a-, era uno de los responsables del aparato financiero de la organizaci¨®n terrorista.
Fuentes espa?olas no descartan que el terrorista pueda ser entregado a Espa?a, aunque puede ser condenado en Francia por utilizar documentaci¨®n falsa.
Por el estudio de la documentaci¨®n, se cree que ETA manejaba menos de 600 millones al a?o y era "austera" en sus gastos. Los seis supuestos etarras entregados la semana pasada por Francia a la polic¨ªa espa?ola, tras ser detenidos en la operaci¨®n de la empresa Sokoa, ingresaron ayer en la prisi¨®n de Carabanchel, tras prestar declaraci¨®n ante el juez Central n¨²mero uno de la Audiencia Nacional.
Se trata de Ram¨®n Sagarzazu, Jos¨¦ Antonio Lizarr¨ªbar, Jos¨¦ Miguel Urbistondo, Juan Luis Zabaleta Elosegui, Jos¨¦ Antonio Gogorza Zugarramurdi y Jes¨²s Mar¨ªa Zarrabe. La polic¨ªa espa?ola les considera bur¨®cratas del aparato financiero de ETA. Todos ellos declararon ante el juez asistidos por el abogado ??igo Iru¨ªn.
Asimismo, el director general de la empresa Sokoa, de Hendaya, Patxi Noblia, detenido hace una semana, afirma en una carta enviada desde la c¨¢rcel al peri¨®dico Sudouest que, con excepci¨®n de uno o dos de los refugiados que trabajaban en la empresa, nadie conoc¨ªa la existencia del escondite en el que la polic¨ªa descubri¨® un arsenal de ETA Militar y la documentaci¨®n contable de esta organizaci¨®n terrorista.
Noblia, acusado de poseer armas y explosivos y pertenecer a una asociaci¨®n de malhechores, niega estar involucrado en las actividades de la organizaci¨®n terrorista ETA, y asegura que ha sido v¨ªctima "del abuso de confianza" por parte de algunos de los refugiados.
Tras se?alar que la empresa Sokoa contrata a refugiados vascos desde 1971 y que ¨¦l mismo les ha autorizado a pernoctar en la f¨¢brica y a aparcar sus autom¨®viles dentro del recinto de la empresa, Noblia se lamenta de que algunos refugiados "hayan aprovechado estas facilidades para realizar otros objetivos". En sus declaraciones al juez, el presunto responsable de finanzas de ETA, Jos¨¦ Arrieta Zubimendi, detenido en la redada de Sokoa y actualmente encarcelado en Bayona, ha asumido toda la responsabilidad de la instalaci¨®n del zulo (dep¨®sito) y ha exculpado a Noblia.
Los directivos de Sokoa -que cuenta con casi 100 trabajadores- suponen, por otra parte, que el zulo fue instalado el verano pasado, aprovechando el per¨ªodo de vacaciones de que disfrutan los empleados.
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