El general argentino Ram¨®n Camps, condenado a 25 a?os por violaci¨®n de los derechos humanos

La C¨¢mara Federal de Apelaciones en lo Correccional y lo Criminal de Buenos Aires conden¨® al general Ram¨®n Camps a 25 a?os de prisi¨®n, y le declar¨® culpable de haber practicado torturas en 73 casos en el curso de la guerra sucia contra la subversi¨®n en la provincia bonaerense durante la pasada dictadura militar. Ram¨®n Camps, del arma de Caballer¨ªa, ostent¨® en aquellos a?os la jefatura de la polic¨ªa de la provincia y lleg¨® a jactarse p¨²blicamente de haber hecho desaparecer a 15.000 personas. El tribunal conden¨® tambi¨¦n al general Pablo Ricchieri a 14 a?os de prisi¨®n por aplicaci¨®n de torturas en 20 ocasiones.

Camps, quien tortur¨® personalmente a Jacobo Timermann, entonces director de La Opini¨®n, se encuentra desde hace un a?o en un hospital militar acosado por un c¨¢ncer de pr¨®stata con met¨¢stasis generalizada, y sus expectativas de sobrevivir son escasas.El comisario general de la polic¨ªa bonaerense, Miguel Etchecolatz, que le sucedi¨® en el cargo fue condenado a 23 a?os de reclusi¨®n, mientras el m¨¦dico policial Jorge Bergez lo fue a seis a?os de c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n definitiva para ejercer su profesi¨®n.

El fiscal Julio C¨¦sar Strassera y su adjunto, Moreno Campo, solicitaron cadena perpetua para Camps y Etchecolatz, pero no ha podido probarse su participaci¨®n directa en ning¨²n asesinato.

Respecto a la prescripci¨®n de las causas, ha prevalecido el criterio de la fiscal¨ªa de calcularlas a partir del 1 de diciembre de 1983, asunci¨®n del Gobierno democr¨¢tico, por estimar que con anterioridad era inane cualquier denuncia sobre violaci¨®n de derechos humanos. Por el contrario, ha favorecido a los encausados el principio de obediencia debida que hace recaer la mayor culpabilidad sobre los triunviros de las tres primeras juntas militares que instrumentalizaron las ¨®rdenes de destrucci¨®n de la guerrilla.

Se trataba esta vez del tercer gran proceso contra la barbarie militar instaurada entre 1976 y 1983 en Argentina, tras eljuicio a las tres primeras juntas militares y el iniciado contra la pen¨²ltima junta por la p¨¦rdida de la guerra de las Malvinas. El pr¨®ximo jueves, se inicia tambi¨¦n en Buenos Aires el juicio contra el teniente de nav¨ªo Alfredo Astiz -que se rindi¨® ante los brit¨¢nicos en las Georgias del Sur- por la desaparici¨®n de la s¨²bdita sueca de 17 a?os Dagmar Hagelin.

Astiz se encuentra igualmente involucrado en el caso de la desaparici¨®n de dos monjas francesas colaboradoras de las Madres de la Plaza de Mayo. Su proceso despertar¨¢ chispas ante la renuencia de la Armada para que los juicios por violaci¨®n de derechos humanos desciendan a rangos medios o inferiores.

Tras el proceso de Astiz caer¨¢ indefectiblemente el gran juicio sobre los horrores cometidos en la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada, el m¨¢s ominoso chupadero de personas articulado en el pa¨ªs. Y ya es dudoso que toda esta teor¨ªa de juicios prosiga durante alg¨²n tiempo m¨¢s.

El Gobierno radical tiene preparado un proyecto de ley de punto final que ser¨¢ aprobado, aunque no sin discusi¨®n, por el Congreso y el Senado, para evitar que en cascada decreciente terminen sent¨¢ndose en el banquillo hasta los m¨¢s modestos furrieles del Ej¨¦rcito.