La redada

Las recientes redadas masivas instigadas por algunos miembros del poder judicial contra centros de planificaci¨®n familiar por presuntas pr¨¢cticas abortivas, en momentos en que el Gobierno se dispon¨ªa a introducir medidas que, aunque insuficientes, ten¨ªan car¨¢cter liberalizador, exigen algo m¨¢s que una reflexi¨®n jur¨ªdica para comprender el significado y la trascendencia que, con vistas al futuro, pueden tener las mismas.A pesar del car¨¢cter sacrosanto que muchos conceden a las decisiones Judiciales, como si ¨¦stas fuesen emanaciones puras de la justicia por encima del bien y del mal, la sociedad, los ciudadanos, tenemos derecho a ejercer la cr¨ªtica sobre ellas, pues, qui¨¦rase o no, muchas tienen importantes efectos sociales y pol¨ªticos, e incluso muchas veces est¨¢n mediatizadas por concepciones ideol¨®gicas alejadas plenamente del consenso social existente en un momento hist¨®rico concreto.

En un caso como el del aborto, la legislaci¨®n, y m¨¢s la actual, siempre dejar¨¢ lagunas que podr¨¢n dar pie a interpretaciones diversas por los jueces. Igual que en el Reino Unido fueron ¨¦stos en gran medida los que, con su jurisprudencia, sentaron las bases para entender la cuesti¨®n del Aborto como algo que concern¨ªa, en la pr¨¢ctica, ¨²nica y exclusivamente a la voluntad de la mujer embarazada, las recientes actuaciones de los jueces espa?oles, de generalizarse, pueden llegar a constre?ir a¨²n m¨¢s los pacatos l¨ªmites de la legislaci¨®n actual. Por ello es importante que la sociedad civil -el problema no ata?e solamente a las mujeres- reaccione vigorosamente con la cr¨ªtica y la oposici¨®n a aquellas decisiones judiciales que, levantando obst¨¢culos a las leyes que ampl¨ªan la libertad del individuo, se alejan del mandato establecido en el C¨®digo Civil de interpretar las normas "de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas".

Como testigos privilegiados que hemos sido de las ¨²ltimas decisiones judiciales, queremos referirnos cr¨ªticamente a ellas, especialmente a las del titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 14 de Madrid, cumpliendo con ello ya no s¨®lo con nuestro deber como defensores, sino tambi¨¦n como ciudadanos. Llama poderosamente la atenci¨®n en la actuaci¨®n del juez Del Valle que de las personas que hab¨ªan acudido a las consultas allanadas s¨®lo fueron detenidas y llevadas a presencia judicial las mujeres, siendo puestos en libertad inmediatamente los hombres tras tomarles la filiaci¨®n.

El juez actuante sabe, o deber¨ªa saber, que los delitos que tipifican el aborto no excluyen a los hombres como posibles autores, c¨®mplices o encubridores, sin necesidad de que sean m¨¦dicos. Es m¨¢s, incluso en alg¨²n caso pod¨ªan llegar a tener mayor responsabilidad penal que la propia mujer que aborta. ?C¨®mo explicar la puesta en libertad de los hombres sin intentar determinar cu¨¢l era su grado de participaci¨®n en las supuestas pr¨¢cticas abortivas que el juzgado estaba investigando? Si no hab¨ªa motivos para detener a los hombres, ?c¨®mo es que s¨ª lo hab¨ªa para detener a las mujeres? Una actuaci¨®n judicial coherente obligaba a la detenci¨®n de todos o de ninguno. La discriminaci¨®n que se realiz¨®, que todav¨ªa no ha sido explicada, s¨®lo tendr¨ªa una de estas explicaciones: o fue una negligencia, o se produjo una detenci¨®n ilegal (la de las mujeres), o se produjo una decisi¨®n manifiestamente injusta (la no detenci¨®n de los hombres). De cu¨¢l de las posibilidades se trata es un tema que deber¨¢n dilucidar los ¨®rganos disciplinarios del Consejo General del Poder Judicial y los tribunales. Esperemos que el ministerio fiscal tome nota de ello.

No obstante, sea cual sea la explicaci¨®n de esa decisi¨®n, ¨¦sta ya ha tenido efectos. Las mujeres pueden sacar una conclusi¨®n: aunque se liberalice el aborto, siempre podr¨¢ existir un juez que ordene su detenci¨®n, sin preocuparse siquiera de que sea realizada por mujeres, aunque s¨®lo sea para que cuando tengan que ir a orinar no las tenga que acompa?ar un guardia civil, y despreciando su posible salud quebrantada, ya que si est¨¢n en trance de abortar, legal o delictivamente, nos da lo mismo, su se?or¨ªa no va a considerar conveniente llevar ambulancias y medios para atenderlas. Aunque est¨¦n detenidas, tampoco les va a dejar de importar que se las someta a preguntas como "?qu¨¦ es eso del flujo?", que raya la humillaci¨®n.

Miedo

Y el efecto de estas conclusiones va a ser el miedo. Las mujeres van a sentir que se les est¨¢ infundiendo miedo. De tal forma que si tienen que abortar, si pueden, seguir¨¢n yendo a Londres, o lo har¨¢n en Espa?a clandestinamente, pens¨¢ndose dos veces el ir al hospital si se complica la operaci¨®n, aun a riesgo de su vida.

Miedo que ser¨¢ compartido por aquellos m¨¦dicos que est¨¢n dispuestos a ejercer la profesi¨®n en este ¨¢mbito y sobre los que gravitan presiones desde diversos sectores, profesionales, colegiales y judiciales, a pesar de que la mayor¨ªa de la profesi¨®n est¨¢ a favor del aborto, como demostr¨® una encuesta realizada por el anterior presidente de la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial, doctor Rivera. Pero aqu¨ª los que presionan saben lo que hacen, porque, legalmente, sin m¨¦dicos no puede haber abortos, y disuadirlos se convierte en un punto estrat¨¦gico de los que mantienen posiciones antiabortistas. De seguir la cadena de encarcelamientos, no dudamos que se lograr¨¢ ese objetivo.

De esta forma se cerrar¨ªa el c¨ªrculo. El temor, la inseguridad jur¨ªdica que determinadas pr¨¢cticas judiciales infundir¨ªan en las mujeres y los m¨¦dicos, actores necesarios de cualquier aborto, nos reconducir¨ªa a una situaci¨®n similar a la que hab¨ªa antes de la reforma. Por ello es necesario hacer comprender a los jueces, mayoritariamente conservadores, que, hoy por hoy, la mayor¨ªa de los ciudadanos est¨¢ a favor de que las mujeres puedan abortar cuando as¨ª lo decidan, aplicando la ley de forma tolerante y no inquisitorial, como hemos visto estos d¨ªas.

Pero junto a ello es necesario tambi¨¦n que el Gobierno legisle de acuerdo con la mayor¨ªa que le ha votado y deje de poner la vista en los poderes f¨¢cticos que se oponen a ella. Una legislaci¨®n clara, que ampl¨ªe los supuestos que hoy contempla la ley, que limita al m¨¢ximo las posibilidades interpretativas de los jueces, es una labor urgente del Gobierno que debe acabar de una vez por todas con el exasperante goteo legislativo que parece propiciar en esta materia.