Argentina, en el div¨¢n
EL ETERNO problema de la acomodaci¨®n de la justicia a la pol¨ªtica acaba de plantearse nuevamente con toda su crudeza en la Rep¨²blica Argentina. La pasada semana el Gobierno radical de Ra¨²l Alfons¨ªn aprob¨® un proyecto de ley de Reconciliaci¨®n Nacional en el cual se fija un plazo de 30 d¨ªas para formular nuevas denuncias sobre violaci¨®n de derechos humanos en el pa¨ªs, anteriores al 10 de diciembre de 1983 -fecha de asunci¨®n del Gobierno democr¨¢tico-, y de otros 30 d¨ªas para que los tribunales castrenses u ordinarios dicten nuevos procesamientos. Cumplidos estos plazos no podr¨¢ enjuiciarse a nadie por la "guerra sucia contra la subversi¨®n", excepto a los pr¨®fugos y a los implicados en la desaparici¨®n de ni?os que a¨²n no han sido hallados. De esta manera, con el apoyo de la Iglesia Cat¨®lica y de las Fuerzas Armadas y con el rechazo de la mayor¨ªa de la oposici¨®n, de los organismos defensores de los derechos humanos y de no pocos radicales, Alfons¨ªn ha hecho una apuesta pol¨ªtica que le aportar¨¢ un inevitable desgaste.Aducen los opositores al proyecto de ley que los cr¨ªmenes de la humanidad no deben prescribir jam¨¢s y que de hacerlo en Argentina deber¨ªa ser a partir de diciembre de 1983, en que pudieron formularse las denuncias sin temor a la represi¨®n. Estiman tambi¨¦n que estos tres a?os de juzgamientos militares y policiales no han sido suficientes, dado el obstruccionismo que durante buena parte de ellos ejerci¨® el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, m¨¢ximo tribunal militar. Se?alan, as¨ªmismo, que el principio de igualdad ante la ley deber¨ªa extender la prescripci¨®n a los delincuentes de derecho com¨²n.
Alfons¨ªn replica que durante tres a?os el Gobierno ha decretado procesamientos y ha estimulado otros contra los responsables de la "guerra sucia", ha propiciado y sufragado la investigaci¨®n de los hechos a trav¨¦s de la Comisi¨®n S¨¢bato y ha realizado un esfuerzo sin precedentes para aplicar la justicia desde Nuremberg. El Gobierno estima que mantener el estado de inseguridad jur¨ªdica permanente, de sospecha eterna, sobre el conjunto de las Fuerzas Armadas, Policiales y Penales de la naci¨®n es un camino maximalista que s¨®lo conduce a la debilidad institucional. Porque el Gobierno -y la sociedad argentina m¨¢s sensibilizada ante aquella tragedia- sabe perfectamente que la ¨²ltima Junta Militar inciner¨® archivos, demoli¨® hasta los cimientos de los campos clandestinos de detenci¨®n, crem¨® toneladas de restos humanos, e hizo todo lo posible para la destrucci¨®n de pruebas. En la mayor¨ªa de los casos falta el cuerpo del delito y las pruebas elementales. S¨®lo cabr¨ªa un juicio pol¨ªtico y moral contra el conjunto de las Fuerzas Armadas y su filosof¨ªa acerca de la seguridad interior.
El presidente Alfons¨ªn firm¨®, a los tres d¨ªas de su llegada al poder, un decreto de enjuiciamiento de las tres primeras Juntas Militares, del general Camps y sus compinches como responsables policiales de la provincia de Buenos Aires, y del contralmirante Chamorro y sus secuaces en la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada. No se puede negar que lo avanzado ya en Argentina, en materia de distribuci¨®n de justicia, ha sido mucho; y mucho m¨¢s si se contempla la inminente ley de amnist¨ªa en Uruguay y el hecho de que 20 a?os de dictadura militar en Brasil no hayan deparado un solo procesamiento. No existen precedentes de que tres ex presidentes militares consecutivos de una naci¨®n hayan sido procesados y condenados en primera instancia, junto a sus conmilitones en el gobierno, ni puede acusarse de debilidad ante los militares a la Administraci¨®n radical argentina.
Que la ley de Reconciliaci¨®n Nacional reconcilie realmente a los argentinos es otra cosa. No es seguro ni que los militares hagan en su conjunto un acto de contricci¨®n por sus pasados pecados, ni que los deudos de los desaparecidos y torturados puedan llegar a olvidar y perdonar. La ley solo ser¨¢ eficaz si Argentina se levanta del div¨¢n del psicoanalista en el que sigue postrada y enfrenta sus problemas de vertebraci¨®n social y crecimiento econ¨®mico.
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