Los magistrados ser¨¢n juzgados durante este a?o judicial
Los magistrados Carlos Lorenzo-Penalva de Vega y Joaqu¨ªn Garc¨ªa Lavernia y otros seis profesionales del derecho ser¨¢n juzgados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo antes de que finalice el a?o judicial en el mes de julio, seg¨²n se asegura en medios jur¨ªdicos. La investigaci¨®n contra estos magistrados finaliz¨® el pasado mes de octubre y la causa se encuentra ahora en poder del ministerio fiscal para que cumplimente el tr¨¢mite de calificaci¨®n provisional.El procedimiento contra estos dos jueces se inici¨® en julio de 1982, cuando la Guardia Civil recibi¨® una denuncia an¨®nima asegurando que se ven¨ªan cometiendo supuestos cohechos en los juzgados 2 y 6 de Primera Instancia de Barcelona.
La investigaci¨®n la inici¨® el capit¨¢n de la Guardia Civil Asterio Gil Gil, que en aquella ¨¦poca era jefe de an¨¢lisis de los Grupos Operativos de la Guardia Civil.
Querella de Bar¨®n
En el mes de mayo de 1983, el fiscal general del Estado, Luis Antonio Bur¨®n Barba, interpuso una querella criminal por los presuntos delitos de cohecho y prevaricaci¨®n. La querella mencionaba que los magistrados se hab¨ªan puesto de acuerdo con los otros acusados para nombrarlos interventores, comisarlos o depositarios de los procedimientos. de quiebras o suspensiones de pagos que se siguieran en sus respectivos juzgados, recibiendo a cambio un porcentaje de las ganancias.
El Supremo decidi¨® en julio de 1984 procesar a los dos magistrados y al abogado Luis Lorenzo-Penalva de Vega, hermano de uno de los jueces, por supuesto cohecho. Era la primera vez en lo que iba de siglo que el Supremo procesaba a dos magistrados. Posteriormente, el alto tribunal proces¨® a los magistrados Ricardo Var¨®n Cobos y Jaime Rodr¨ªguez Hermida por su supuesta implicaci¨®n en el caso Bardellino.
En el mes de diciembre de 1985 la misma Sala Segunda ampli¨® el auto de procesamiento contra Joaqu¨ªn Vidal R¨ªos, Juan Magr¨ª Barrera, Gloria Vi?als Gabanach, Fernando S¨¢nchez S¨¢nchez y Pedro Norberto Truyas, a quienes fij¨® una fianza de dos millones de pesetas para hacer frente a las responsabilidades civiles.
Actualmente, los dos magistrados se encuentran suspendidos de sus funciones y apartados provisionalmente de sus juzgados.
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