La muerte al acecho

La muerte de otra mujer como consecuencia de un aborto clandestino -la novena en menos de un a?o- obliga a exigir una legislaci¨®n que solucione de una manera definitiva el problema del aborto en nuestro pa¨ªs. La realidad de los hechos ha ido ratificando las advertencias de quienes hab¨ªamos se?alado que el recientemente aprobado decreto sobre acreditaci¨®n de centros sanitarios para la realizaci¨®n de interrupciones del embarazo no ofrec¨ªa soluciones reales a las mujeres espa?olas. Nueve muertes son demasiadas muertes para darnos la raz¨®n, y tambi¨¦n demasiadas para que los distintos niveles de la Administraci¨®n de nuestro pa¨ªs, Ministerio de Sanidad y Consumo Ministerio de Justicia y Parlamento, contin¨²en aferr¨¢ndose a esa versi¨®n oficial -que parecer¨ªa ingenua si no resultase ya absolutamente macabra- de que con la ley actual y sus decretos de desarrollo se pueden solucionar los problemas que acarrea la pr¨¢ctica del aborto en Espa?a.

Mucho se ha hablado sobre el riesgo del aborto, y parece que no se tiene claro que el mayor riesgo es precisamente la situaci¨®n de clandestinidad a que est¨¢ sometido en el momento actual. Es bien conocido que los riesgos de morbi-mortalidad de un aborto realizado en las 12 primeras semanas, por el m¨¦todo de la aspiraci¨®n, son m¨ªnimos, mucho menores de los que conlleva, incluso, un embarazo normal. ?Por qu¨¦, entonces, estas muertes" La ¨²nica explicaci¨®n est¨¢ en la precariedad de atenciones sanitarias que son consecuencia de la clandestinidad. La mujer que acude a un medio ilegal para realizar abortos no tiene ni puede tener medios de controlar o comprobar, ni tampoco de exigir, ni que los profesionales que lo practican tengan una cualificaci¨®n suficiente, ni que los centros en que se realizan posean condiciones adecuadas, siempre, claro est¨¢, que no recurra a las peligros¨ªsimas ayudas de personas sin ning¨²n tipo de conocimientos sanitarios, que suelen realizar manipulaciones irresponsables. Pero es m¨¢s, ?qu¨¦ puede hacer cuando se presenta una complicaci¨®n? En la mayor¨ªa de los casos intentar¨¢ esperar a que se resuelva espont¨¢neamente, y, por miedo a acabar en la c¨¢rcel o en los tribunales, o de ver su caso aireado en los medios de comunicaci¨®n, procurar¨¢ apa?¨¢rselas sola hasta que la complicaci¨®n revista una gravedad que la obligue a acudir a un centro sanitario, a veces cuando ya poco o nada se puede hacer por su vida. La clandestinidad se convierte as¨ª en un factor determinante para hacer que una complicaci¨®n, que en cualquier pa¨ªs desarrollado podr¨ªa haberse resuelto normalmente y sin grandes problemas, sea causa de muerte o de graves mutilaciones para las mujeres. Porque, aunque las muertes se conocen, ?cu¨¢ntas histerectom¨ªas, peritonitis u otras complicaciones se han producido en este mismo per¨ªodo a resultas de complicaciones de abortos ilegales?. Hay otros hechos que no pueden silenciarse. Cuando, como recientemente ha sucedido, se pone en la picota, mediante la abusiva utilizaci¨®n de las historias cl¨ªnicas, a centenares de mujeres que han acudido a centros de planificaci¨®n, se est¨¢ reforzando la b¨²squeda de otras v¨ªas m¨¢s discretas, es decir, m¨¢s clandestinas, pues muchas mujeres prefieren la seguridad del anonimato en este tema a la fiabilidad de los recursos sanitarios.

Colegios m¨¦dicos

Tampoco puede silenciarse la actitud de los colegios de m¨¦dicos, que, habiendo sido obst¨¢culos importantes en la realizaci¨®n de abortos legales en nuestro pa¨ªs, ahora denuncian unas situaciones que no son sino el resultado natural de su pol¨ªtica de obstruccionismo sistem¨¢tico. La muerte acecha a las espa?olas que quieren abortar en este pa¨ªs. Prevenir esta situaci¨®n que ya ha costado nueve vidas es bien f¨¢cil; s¨®lo es preciso:

- Ampliar la actual ley de aborto, convirti¨¦ndola en un sistema de plazos que permita a las mujeres decidir libremente en las 12 primeras semanas, complement¨¢ndola con las indicaciones actuales a partir de esa fecha.

- Regular la objeci¨®n de conciencia de los profesionales sanitarios, asegurando a la vez la cobertura de las prestaciones de aborto en el sector p¨²blico. - Asegurar la confidenciafidad de los datos proporcionados por los pacientes.

- El fin de los procesos. Acabamos con una pregunta para las autoridades sanitarias y el Gobierno: ?cu¨¢ntas mujeres m¨¢s es preciso que mueran antes de que se le d¨¦ a este problema una soluci¨®n razonable?