El Gobierno regional se opone a la construcci¨®n de cementerios privados

La Asamblea de Madrid debatir¨¢ a primeros de febrero en proyecto de ley de cementerios supramunicipales, presentado por el Gobierno regional. Declaraciones de altos cargos de la Comunidad de Madrid afirmaron que la futura ley pretende atajar las perspectivas de un sector del capital privado, que ha visto en la construcci¨®n de cementerios un nuevo fil¨®n de negocios. El frente de batalla de esta pugna entre el capital privado y la Administraci¨®n regional se libra en estos momentos en torno al proyecto de construcci¨®n de un gran cementerio en Alcobendas.

El proyecto de ley recoge la idea de que los cementerios, que por tradici¨®n han estado siempre en manos de los ayuntamientos o de la Iglesia, tambi¨¦n pueden ser construidos y gestionados por un organismo de ¨¢mbito territorial superior -en este caso, la Comunidad de Madrid-, pero con car¨¢cter complementarlo; es decir, que los ayuntamientos seguir¨¢n con sus competencias, y la Comunidad construir¨¢ cementerios supramunicipales en las zonas m¨¢s congestionadas.La aprobaci¨®n de la ley fac¨ªlitar¨ªa al Gobierno regional un mecanismo legal para atajar los intentos del capital privado de erigirse en abanderados de la creaci¨®n de nuevos cementerios que, por el hecho de ser privados y no depender de ning¨²n ayuntamiento concreto, tendr¨ªan -tambi¨¦n un car¨¢cter supramunicipal. El proyecto m¨¢s avanzado en este sentido es el promovido por la sociedad Parcesa, en el t¨¦rmino municipal de Alcobendas, en torno al cual se libra una verdadera batalla jur¨ªdica.

Una segunda empresa, Laparanza, SA, es propietaria de una finca de 1.081 hect¨¢reas situada en Alcobendas, junto a las tapias del monte de Vi?uelas. Parcesa y Laparanza firmaron una opci¨®n de compra sobre una parte de la finca, de una extensi¨®n de 40 hect¨¢reas. Al mismo tiempo, un particular, Leonardo S¨¢nchez, en representaci¨®n de Parcesa, firm¨® un convenio con el Ayuntamiento de Alcobendas en marzo de 1982, y que fue ratificado por la nueva corporaci¨®n el 31 de mayo de 1983, porel que Parcesa se compromet¨ªa a construir un cementerio, que se ceder¨ªa al Ayuntamiento para uso p¨²blico, y otros beneficios monetarios, que no se han dado a conocer con exactitud, pero que ser¨ªan "muy importantes", seg¨²n todas las fuentes consultadas, a cambio de que el Ayuntamiento diera el visto bueno para la construcc¨ª¨®n de otro segundo cementerio, ¨¦ste gestionado por Parcesa, con capacidad para 400.000 enterramientos.- Ambos cementerios se construir¨ªan en las 40 hect¨¢reas de la opci¨®n de compra.

Expropiaci¨®n urgente

La consejer¨ªa de Ordenaci¨®n del Territorio decidi¨® intervenir en el asunto. El Consejo de Gobierno regional, en su reuni¨®n del 22 de octubre de 1985, aprob¨® declarar de utilidad p¨²blica la construcci¨®n de un cementerio, de car¨¢cter supramunicipal, en los mismos terrenos donde Parcesa quer¨ªa construir el suyo. A estos efectos, el Consejo de Gobierno aprob¨® la expropiaci¨®n por v¨ªa urgente de 63 hect¨¢reas, en las que estaban comprendidas las 40 mencionadas antes, todav¨ªa propiedad de Laparanza, y fij¨® el coste de la expropiaci¨®n en algo m¨¢s de 23 millones de pesetas.

La intervenci¨®n de la consejer¨ªa echaba por tierra las expectativas inmediatas tanto de Laparanza como de Parcesa. Ambas interpusieron recursos, unos por v¨ªa civil, ante el Juzgado de Primera Instancia de Alcobendas, y otros por la v¨ªa contencioso-administrativa, ante la Sala Tercera de la Audiencia Territorial, con la pretensi¨®n de paralizar la expropiaci¨®n de los terrenos.

El juzgado de Alcobendas emiti¨® una sentencia, de fecha 2 de octubre de 1986, en la que se apreciaban fallos en el procedimiento seguido por la consejer¨ªa y, en consecuencia, se dejaba sin efecto el tr¨¢mite de la expropiaci¨®n. La consejer¨ªa ha presentado recurso de apelaci¨®n. Sin embargo, el 8 de enero de este a?o, la Audiencia Territorial rechaz¨® el recurso de la sociedad Laparanza, y estim¨® que la expropiaci¨®n de los terrenos se estaba llevando a cabo de forma legal. Por ahora, y hasta que se despeje la inara?a jur¨ªdica actual, la expropiaci¨®n est¨¢ paralizada, como lo est¨¢ tambi¨¦n el proyecto de construcci¨®n del cementerio privado.

Competencias legales

Uno de los argumentos esgrimidos por Laparanza es que la Comunidad de Madrid no tiene competencias legales para intervenir en un asunto, como el de los cementerios, que siempre ha sido de exclusiva competencia municipal. El Gobierno regional no est¨¢ de acuerdo con esta interpretaci¨®n.

Leonardo S¨¢nchez, representante de Parcesa, afirm¨® que la postura del Gobierno regional es insostenible y que no dejar¨¢ de serlo porque la Asamblea apruebe el mencionado proyecto de ley: "Si dan v¨ªa libre a la ley, recurriremos ante el Tribunal Constitucional si es preciso. La propia ley de Sanidad regula los requisitos que deben cumplir los cementerios, sean p¨²blicos, privados o particulares, como menciona el texto legal. La Sala Tercera de la Audiencia ha denegado simplemente la paralizaci¨®n del procedimiento de expropiaci¨®n, sin entrar en el fondo del asunto, que a¨²n no est¨¢ resuelto.

Pero, en el fondo, lo que est¨¢ en juego es el derecho de la iniciativa privada a operar en este campo, y, eso es algo que para nosotros est¨¢ fuera de toda duda, por que nuestra Constituci¨®n reconoce la econom¨ªa de mercado y la libre empresa".