La reforma agraria

DESDE JOVELLANOS y los ilustrados, la reforma agraria ha aparecido siempre como uno de los latiguillos o de las necesidades de cualquier proceso de modernizaci¨®n de este pa¨ªs. Las protestas y huelgas de jornaleros que esta semana han tenido lugar en Andaluc¨ªa y Extremadura tienen una causa concreta: el pasado 3 de enero. entr¨® en vigor un decreto por el cual se aumenta al doble -de 10 a 20- el n¨²mero de peonadas que han de ser cumplidas para tener derecho al subsidio agrario (equivalente al seguro de desempleo). Adem¨¢s, en un principio no era computable el tiempo de ocupaci¨®n en el Plan de Empleo Rural. Tal limitaci¨®n ha sido eliminada despu¨¦s como consecuencia de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y UGT.El Gobierno asegura que lo que trata de hacer con el decreto es luchar contra la picaresca y el fraude. Pone de relieve lo que ya es conocido: la compraventa de peonadas, esto es, la justificaci¨®n falsa de jornadas de trabajo no realizadas efectivamente, a cambio de lo cual el trabajador pagar¨ªa parte de su subsidio al falsario; o el trabajo negro, por el que el obrero agr¨ªcola trabaja sin cotizar a la Seguridad Social y figura como parado sin serlo. La existencia de estas situaciones es cierta, pero conviene admitir tambi¨¦n que se dan dentro de un mundo de ingresos m¨ªnimos y de dificultades econ¨®micas rayantes a veces en la miseria. Las autoridades se ven impotentes para perseguir directamente a los defraudadores, mediante la inspecci¨®n, debido entre otras cosas a la extensi¨®n de las zonas agrarias y el car¨¢cter local y a veces familiar en que se realiza la trampa. Han optado entonces por recurrir a las grandes medidas colectivas en las que pueden caer efectivamente algunos ?legales -aunque seguir¨¢ siendo posible para ellos falsificar las 20 peonadas-, pero al mismo tiempo perjudicar¨¢ a un n¨²mero elevado de inocentes. Actuaciones semejantes en el terreno de la Seguridad Social, de las prestaciones de paro o incluso de la aplicaci¨®n de la fiscalidad general parecen mostrar esa tendencia a compensar los fraudes de algunos con el castigo,de todos.

El n¨²mero de personas afectadas por el decreto var¨ªa seg¨²n las estimaciones. El recuento oficial ha ido aceptando cada vez cifras mayores, desde las 19.000 que calcul¨® al emitir el decreto hasta 26.000 en la actualidad. Los sindicatos estiman que pueden pasar de 100.000 los trabajadores afectados. La multiplicaci¨®n de esos n¨²meros por el de familiares que viven de cada uno de los trabajadores arroja, en cualquier caso, unos totales inquietantes.

Pero este problema coyuntural vuelve a poner de relieve la verdadera cuesti¨®n de fondo: la cuesti¨®n social en la Espa?a agraria no tiene una soluci¨®n mediante la aplicaci¨®n de subsidios -mucho menos por su reducci¨®n-, sino por una nueva concepci¨®n del trabajo en el campo y de la productividad de las tierras y, al mismo tiempo, por la absorci¨®n del excedente de mano de obra en otro tipo de trabajos. Durante a?os este problema ha estado enmascarado por la emigraci¨®n al extranjero y a las grandes ciudades. Ello permiti¨® a los pol¨ªticos no abordar el grav¨ªsimo asunto de la reconversi¨®n agraria, muchas veces m¨¢s importante que la sider¨²rgica, minera o naval.

La Administraci¨®n, a pesar del alto porcentaje que a¨²n supone en Espa?a la ocupaci¨®n agraria, sigue retrasando la puesta en marcha de una reforma del campo. La poblaci¨®n activa espa?ola ocupada en el campo asciende a 1,7 millones de personas, un 15,7% sobre el total. En la Comunidad Europea la media de poblaci¨®n activa agr¨ªcola ocupada es de un 9%.

Es cierto que en las dos ¨²ltimas d¨¦cadas las condiciones de vida de la Espa?a agraria han mejorado. Pero siguen siendo paup¨¦rrimas en muchos casos. Una acci¨®n indiscriminada sobre el colectivo laboral agrario, como la que comentamos, encierra peligros potenciales evidentes. La indignaci¨®n oficial por el fraude deber¨ªa reflejarse en una persecuci¨®n directa de ¨¦ste, y muy especialmente de quienes lo est¨¢n utilizando como una nueva explotaci¨®n de los trabajadores, pero no en medidas generales que, siendo muy sanas para los presupuestos, pueden afectar seriamente a la ya dificil estabilidad de zonas extensas y provocar el estallido de la c¨®lera. Reducir la causa de las movilizaciones actuales a la acci¨®n de los agitadores, la mera picaresca o a intencionalidades pol¨ªticas es cerrar los ojos a la realidad.