Las paradojas del v¨ªdeo

LA INSISTENCIA del Gobierno en retrasar la ley que d¨¦ acceso a la iniciativa privada a la televisi¨®n y rompa el monopolio de propaganda y dirigismo que TVE y las televisiones oficiales auton¨®micas constituyen va pareci¨¦ndose cada d¨ªa m¨¢s al deseo de ponerle puertas al campo. Una reciente sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ratificando una decisi¨®n de la Audiencia de Sevilla que declaraba improcedente el cierre gubernativo de los llamados v¨ªdeos comunitarios ha venido a demostrar que el comportamiento del Estado en lo audiovisual es fruto exclusivo de sus deseos de control sobre la sociedad a la que te¨®ricamente se debe. En el desarrollo de la sentencia, el magistrado Mendiz¨¢bal Allende sienta jurisprudencia al diferenciar entre las emisiones de televisi¨®n difundidas por el aire y la distribuci¨®n de material audiovisual por cable.El alto tribunal considera la televisi¨®n por cable -de la que el v¨ªdeo comunitario es versi¨®n a peque?a escala- como una actividad leg¨ªtima, invocando los art¨ªculos 20 y 38 de la Constituci¨®n, que proclaman la libertad de expresi¨®n y la libertad de empresa. Al tratarse de un nuevo medio de comunicaci¨®n, no est¨¢ cubierto por la existente normativa legal, lo que impide su clausura por una decisi¨®n administrativa.

S¨®lo la ignorancia puede explicar la actitud medrosa del Gobierno frente a los avances de tecnolog¨ªa de la comunicaci¨®n: ante cualquier ampliaci¨®n de las posibilidades de diseminar informaci¨®n o entretenimiento, la Administraci¨®n queda desbordada por el dinamismo de una sociedad que no comparte su mezquindad. Al negarse a la revisi¨®n de prejuicios decimon¨®nicos, el partido en el poder da muestras de cu¨¢l es su verdadera agilidad mental y cu¨¢l el respeto y la atenci¨®n que le merecen los derechos de los ciudadanos.

El crecimiento del v¨ªdeo comunitario, que ha adquirido car¨¢cter de industria en Andaluc¨ªa y otras zonas, es un ejemplo de c¨®mo esa incapacidad para reaccionar diligentemente puede generar una situaci¨®n de hecho mucho peor que la que te¨®ricamente los protectores del pueblo quieren evitar -seg¨²n proclaman- mediante la prohibici¨®n de la televisi¨®n privada.

Consecuencia inmediata de la proliferaci¨®n del v¨ªdeo comunitario es el descenso en la asistencia a cines y el alquiler de videocasetes, principales v¨ªas para la explotaci¨®n del cine. La exhibici¨®n de pel¨ªculas en bares y otros locales p¨²blicos ensombrece a¨²n m¨¢s las perspectivas del sector. Se suscita el mismo dilema con los abusos de las fotocopias o las grabaciones caseras: armonizar el amparo del copyright con las nuevas realidades sociales. Es un reto que los legisladores tendr¨¢n que encarar tarde o temprano.

Pero todos tranquilos, porque de lo que se trata no es de legislar para el presente y para el futuro, sino de ganar las elecciones (hoy, las municipales; ma?ana, las legislativas). O sea que mientras esto sucede el Gobierno se garantiza el control de la informaci¨®n televisiva (y si es en Catalu?a, el Gobierno Pujol; y si en el Pa¨ªs Vasco, el Gobierno Ardanza; siempre el Gobierno). La libertad de expresi¨®n que la Constituci¨®n garantiza vale s¨®lo en este caso para los obedientes o para quienes ponen pel¨ªculas del Oeste, pero no reportajes sobre Melilla.