Dominar la inflaci¨®n, la asignatura pendiente

Estamos asistiendo estos d¨ªas a un debate que tiene mucho de di¨¢logo de sordos y que amenaza con convertirse en conflicto, con efectos muy negativos para el conjunto de la econom¨ªa espa?ola. Me refiero a las exigencias planteadas por patronal y sindicatos para el logro de una concertaci¨®n social y a la postura, mezcla de inhibici¨®n y admonici¨®n, del Gobierno.El ciudadano medio debe estar bastante perplejo ante la rotundidad con que se hacen afirmaciones contradictorias y 1 a especial dureza con que tratan de defenderse las respectivas posturas.

Es necesario esforzarse en una consideraci¨®n conjunta de los problemas y de proceder a su an¨¢lisis con la preocupaci¨®n esencial de dilucidar qu¨¦ es lo que necesita la sociedad espa?ola o, dicho de otra forma, qu¨¦ es lo que puede contribuir a mayores cotas de bienestar, del que se beneficien todos los ciudadanos.

Para poder llegar, a trav¨¦s de un razonamiento l¨®gico, a conclusiones generalmente aceptables, partamos de dos consideraciones en las que parece existir unanimidad: primera, el problema n¨²mero uno de la sociedad espa?ola es el desempleo; segunda, el problema n¨²mero uno de la econom¨ªa espa?ola, tras su primer a?o de integraci¨®n en la CE, es la competitividad de las empresas espa?olas. Si admitimos estas dos afirmaciones, debemos preguntarnos por los efectos que en la competitividad y en el empleo han de tener los acuerdos entre trabajadores y empresarios, sean o no fruto de pactos globales.

La primera reflexi¨®n a hacer sobre el particular se refiere a las perspectivas de inflaci¨®n para 1987. El Gobierno ha marcado un objetivo del 5%, superior, en un punto a sus previsiones iniciales, y se muestra dispuesto a adoptar las medidas necesarias para que ese objetivo se alcance. No es ocioso recordar que la reducci¨®n de nuestra tasa de inflaci¨®n figura entre los datos m¨¢s positivos de la gesti¨®n del Gobierno socialista en estos ¨²ltimos a?os. El proceso de ajuste seguido, del cual ha sido pieza b¨¢sica la moderaci¨®n salarial, ha sido juzgado muy positivamente, no s¨®lo por nuestros expertos, sino tambi¨¦n por la OCDE y el FMI.

Sacrificio salarial

A pesar de ello, la situaci¨®n en el momento actual dista mucho de, ser halag¨¹e?a. El cumplimiento de las previsiones de inflaci¨®n para 1986 no puede ser un motivo de satisfacci¨®n, cuando el dato elocuente es el de nuestro diferencial con el resto de los pa¨ªses europeos, y este diferencial ha pasado de tres puntos en 1985 a seis puntos en 1986. Nuestra inflaci¨®n en el pasado a?o ha sido una de las principales causas del deterioro de la competitividad.

En t¨¦rminos generales, los sindicatos no discuten la importancia de la inflaci¨®n en relaci¨®n con la competitividad. Lo que ocurre es que, en su opini¨®n, tras varios a?os de sacrificio de los trabajadores, es hora de que la inflaci¨®n se contenga a trav¨¦s de medidas que no sean salariales. Es aqu¨ª donde la ¨®ptica interesada de determinados colectivos empieza a poner en peligro la consecuci¨®n de los objetivos deseables para la econom¨ªa en su conjunto.

El nivel de los incrementos salariales no es algo que deba decidir el Gobierno, salvo en lo, que afecta a funcionarios y empresas p¨²blicas, Otra cosa es que mediante el conjunto de acciones que configuran su pol¨ªtica econ¨®mica, trate de asegurar la contenci¨®n de la inflaci¨®n dentro de los l¨ªmites propuestos. Tienen, pues, raz¨®n nuestros gobernantes cuando afirman que la fijaci¨®n de los incrementos salariales es algo a decidir entre empresarios y trabajadores. La cuesti¨®n clave est¨¢ en que la competitividad de nuestras empresas es fundamentalmente una cuesti¨®n de precios. Y en tal sentido, ni se puede pedir al Gobierno, como hacen algunos sindicalistas, que mantenga los l¨ªmites de la inflaci¨®n v¨ªa control de precios, ni puede el empresario trasladar alegremente a los precios los costes de las subidas salariales, si con ello se pierde competitividad.

Veamos el otro gran aspecto de la cuesti¨®n. ?Qu¨¦ ocurre con el empleo? Con independencia del impacto negativo que en el empleo tiene la p¨¦rdida de competitividad de nuestras empresas, habremos de preguntarnos por los efectos que en el empleo pueden tener las pol¨ªticas alternativas que el Gobierno puede sentirse movido a impulsar si los incrementos salariales ponen en peligro el objetivo del 5% de inflaci¨®n. Lo primero que cabe pensar es que acudir¨¢ a una pol¨ªtica monetaria especialmente dura y restrictiva. Si ello es as¨ª, la consecuencia ser¨ªa un menor grado de actividad y, por tanto, menos empleo.

Encrucijada

As¨ª pues, nos encontramos en una encrucijada en la que la sociedad espa?ola en su conjunto -no s¨®lo los trabajadores- tiene que soportar los efectos de una continuidad en el ajuste. Las subidas de los salarios reales en 1986 han supuesto la quiebra de una tendencia que nos permit¨ªa acercarnos a Europa. Si no se vuelve a la moderaci¨®n salarial anterior a 1986, ser¨ªa dificil conseguir el objetivo de reducir nuestras diferencias de inflaci¨®n con los pa¨ªses competidores, y si se consiguiese, ser¨ªa a costa de menor actividad y m¨¢s paro.

Parece que Gobierno y empresanos ven las cosas de esta manera. ?Puede hablarse de una confabulaci¨®n contra los trabajadores? Nada autoriza a decir esto seriamente. El futuro de los trabajadores, como el del resto de los ciudadanos, depende del grado de competitividad y consiguiente crecimiento de nuestra econom¨ªa. Por ello, con pacto social o sin ¨¦l, los acuerdos sobre incrementos salariales de 1987 deber¨¢n tener muy en cuenta la posici¨®n competitiva de cada empresa y evitar que la puesta en marcha de pol¨ªticas antiinflacionistas, no salariales, signifique un paso atr¨¢s en los niveles de actividad y empleo.