La ley de financiaci¨®n local se aprobar¨¢ como muy pronto a fin de a?o, seg¨²n Pons

El presidente del Congreso de los Diputados, F¨¦lix Pons, manifest¨® ayer en Valencia que la futura ley de Financiaci¨®n de las Haciendas Locales no estar¨¢ aprobada, en el mejor de los casos, antes del pr¨®ximo mes de diciembre. Esta previsi¨®n de Pons part¨ªa de los supuestos de que el Gobierno remitiera al Parlamento el proyecto de ley citado en breve plazo y de que se tramitara por el procedimiento de urgencia.

Las manifestaciones del titular del Congreso fueron hechas en el transcurso de una entrevista que mantuvo con el alcalde de Valencia, el socialista Ricard P¨¦rez Casado, y los portavoces de los grupos pol¨ªticos del Ayuntamiento. F¨¦lix Pons, que ayer realiz¨® una visita institucional a Valencia, declin¨® comentar, en una conferencia. de prensa, la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la libre fijaci¨®n por parte de los ayuntamientos de la contribuci¨®n urbana.El Ayuntamiento de Madrid tiene que devolver 7.000 millones de pesetas a un mill¨®n de ciudadanos por haber aplicado en los tres ¨²ltimos a?os un tipo impositivo en la contribuci¨®n territorial del 28%. El alcalde, Juan Barranco, afirm¨® ayer que el dinero se va a devolver "de la forma m¨¢s r¨¢pida y m¨¢s c¨®moda posible para el ciudadano". Una posibilidad es que la devoluci¨®n se haga a trav¨¦s de las cajas de ahorro previa presentaci¨®n de los recibos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona se mantiene a la expectativa de una interpretaci¨®n en profundidad de la sentencia, incluso de una posible aclaraci¨®n de sentencia por los tribunales dada la complejidad de la misma. En opini¨®n de portavoces del ¨¢rea de Hacienda, "queda claro que los ayuntamientos no han actuado en ning¨²n momento en la ilegalidad" y que "la sentencia no habla de la obligatoriedad de devolver el dinero". A juicio de los responsables municipales lo ¨²nico que est¨¢ claro es que este a?o no se ingresar¨¢ el total previsto en la partida de contribuci¨®n (de 17.000 millones habr¨¢ una baja de casi 6.000 millones de pesetas).

Fuentes socialistas en la materia creen apresurada la decisi¨®n del alcalde de Madrid, Juan Barranco, de anunciar la devoluci¨®n, dado que si final' mente se interpreta que no existe obligatoriedad de efectuarla, dificilmente podr¨¢ el alcalde madrile?o exigir una subvenci¨®n estatal para hacer frente a ella.

En todo caso, el equipo de gobierno barcelon¨¦s no se pronunciar¨¢ oficialmente hasta conocer el alcance de la sentencia y la posici¨®n del Gobierno para hacer, frente a las hip¨®teticas devoluciones de a?os anteriores y a la baja presupuestaria de este ejercicio.

Que devuelva Hacienda

Tanto la Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a como la Asociaci¨®n Catalana de Municipios han hecho p¨²blica su opini¨®n de que debe ser el Ministetio de Hacienda quien se haga cargo de las devoluciones.

El Ayuntamiento de Jerez -informa Jos¨¦ Contreras- tendr¨¢ que devolver 845 millones de pesetas correspondientes a las contribuciones de los a?os 1985 y 1986, seg¨²n anunci¨® el portavoz del Grupo Popular, Aurelio Romero Gir¨®n, Tanto el alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, como el concejal de Hacienda, Jos¨¦ Luis Valle, .se negaron a hacer ning¨²n tipo de declaraciones sobre la sentencia del Tribunal Constitucional.

En 31 de mayo de 1984 la Audiencia Territorial de Sevilla dio la raz¨®n a Alianza Popular de Jerez al dictar un auto suspendiendo el acuerdo plenario por el que el Ayuntamiento jerezano aplicaba importantes incrementos y un recargo a la contribuci¨®n territorial urbana y r¨²stica. Pacheco calific¨® hace algo m¨¢s de dos a?os la ley ahora declarada inconstitucional como un "arma diab¨®lica del PSOE puesta en manos de los ayuntamiento".

El Ayuntamiento de Sevilla hab¨ªa acordado en 1983 aumentar en un 5%.cl tipo de la contribuci¨®n r¨²stica y urbana sobre un tipo anterior del 20%, lo que supon¨ªa, seg¨²n dijo el concejal de Hacienda, Jos¨¦ Vall¨¦s, un aumento de unos 350 millones de pesetas de recaudaci¨®n en cada uno de los tres a?os que se cobr¨®. Seg¨²n Vall¨¦s, el Estado deber¨ªa hacerse cargo de la devoluci¨®n.