Los ayuntamientos aseguran que Hacienda debe devolver los recargos de la contribuci¨®n
La Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP) considera que debe ser el Estado, a trav¨¦s del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, el que cargue con la devoluci¨®n de los excesos sobre el 20% fijados para la contribuci¨®n territorial urbana por muchos ayuntamientos. Fue el Gobierno el que envi¨® la ley al Parlamento y el que consigui¨® su aprobaci¨®n; los ayuntamientos se han limitado a aplicarla, dijo ayer Tom¨¢s Rodr¨ªguez Bola?os, presidente de la FEMP, y, por tanto, no tienen ninguna responsabilidad pol¨ªtica, jur¨ªdica o econ¨®mica.
Rodr¨ªguez Bola?os, en conferencia de prensa, insisti¨® en esta idea central, repitiendo que los ayuntamientos han sido meros ejecutores de una facultad establecida por una ley, votada por el Parlamento soberano y que ahora, en uno de sus art¨ªculos, se declara inconstitucional. La discrecionalidad que establec¨ªa la ley de medidas urgentes de las haciendas locales a la hora de fijar los topes para la contribuci¨®n territorial ha quedado expulsada del ordenamiento legal tras la sentencia del Tribunal Constitucional.El segundo punto fundamental para la FEMP, que ayer celebr¨® una reuni¨®n de sus ¨®rganos directivos, consiste en instar oficialmente al Gobierno para que, con la m¨¢xima urgencia, arbitre las medidas necesarias para resolver la situaci¨®n creada tras la sentencia de forma que no se perjudique a los contribuyentes.
Rodr¨ªguez Bola?os dijo que la postura de la FEMP ser¨ªa secundada por la inmensa mayor¨ªa de los 8.000 municipios que agrupa, e interpret¨® la afirmaci¨®n del alcalde de Madrid, Juan Barranco, de empezar a devolver los excesos cobrados como un simple deseo de colaborar con el Gobierno en la soluci¨®n del problema.
Como tercera cuesti¨®n abordada por la FEMP en su reuni¨®n de ayer destaca la exigencia de que se resuelva definitivamente el saneamiento de las haciendas locales. Rodr¨ªguez Bola?os admiti¨® que la ley hab¨ªa fracasado en su objetivo, y mucho m¨¢s tras la sentencia del Tribunal Constitucional.
Como tema paralelo -aunque el propio presidente de la FEMP reconoci¨® que era marginal por su escasa cuant¨ªa-, Rodr¨ªguez Bola?os plante¨® tambi¨¦n la ilegalidad en que se encuentran los ayuntamientos que han situado los porcentajes de recaudaci¨®n urbana por debajo del 20%, ya que la sentencia del Tribunal Constitucional niega que pueda fijarse otra distinta que el 20%, al declarar inconstitucional la facultad de que las corporaciones locales fijen los topes recaudatorios sin una banda previamente fijada por la ley.
El presidente de la FEMP insisti¨® en que en este momento es casi imposible fijar la cantidad que habr¨¢ de devolverse a los contribuyentes, aunque insisti¨® en que la cifra de 35.000 millones barajada por el Gobierno le parece escasa, y cree, de acuerdo con estimaciones aproximadas, que se acercar¨¢ m¨¢s a los 60.000 millones.
Devoluci¨®n con intereses
En cuanto a la postura final que adopte el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, dijo que no quer¨ªa pronunciarse, aunque insisti¨® en que debe arbitrar una soluci¨®n urgente. Tampoco quiso opinar sobre la posibilidad de que las cantidades se devuelvan incrementadas con el inter¨¦s legal que hayan devengado, aunque s¨ª admiti¨® que la devoluci¨®n de los recargos por el impuesto sobre el rendimiento del trabajo personal (IRPF), declarados ilegales, se hizo mal y tarde.Rodr¨ªguez Bola?os dijo en otro momento que el incremento de los porcentajes en la contribuci¨®n urbana no significa necesariamente que los ayuntamientos que los han aplicado hayan recaudado m¨¢s dinero, y puso como ejemplo al de Valladolid, del que es alcalde, donde, seg¨²n afirm¨®, el incremento se absorbi¨® con la supresi¨®n de varias tasas.
Representantes de la FEMP se reunir¨¢n con las autoridades de Econom¨ªa y Hacienda el pr¨®ximo d¨ªa 3. Fuentes del ministerio declararon ayer que est¨¢n estudiando la soluci¨®n al problema planteado por la sentencia del Tribunal Constitucional, y aunque no se pronunciaron sobre el fondo, s¨ª aseguraron que estudian la posibilidad de que las devoluciones se hagan de oficio o previa petici¨®n de los interesados.
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