El hospital del SIDA

EN LA residencia de la Seguridad Social de Bellvitge, en Barcelona, se ha utilizado para transfusiones de sangre una partida de plasma sangu¨ªneo con anticuerpos del SIDA. No es s¨®lo un caso de negligencia profesional. Es, simple y llanamente, una barbaridad. Porque un centro de salud, destinado a luchar contra la enfermedad, se ha dedicado a expandirla.Una orden de la Generalitat, que entr¨® en vigor el 11 de noviembre de 1986,'obligaba a todos los bancos de sangre de Catalu?a a efectuar la prueba de detecci¨®n de anticuerpos del SIDA en cada una de las donaciones que se produjeran. Es obvio que la medida ha sido incumplida por la direcci¨®n de dicha residencia. Pero la cuesti¨®n ense?a, de paso, que no basta, con ser imprescindible, la elaboraci¨®n de normas para la prevenci¨®n de las enfermedades, ni aun en casos de tanta gravedad como el del SIDA. De poco sirven esas normas si la poblaci¨®n en general, y los colectivos sanitarios en particular, no toman conciencia de la necesidad inexcusable de su cumplimiento y de que cualquier frivolidad o error puede generar da?os irreparables.

La tarea que tienen los responsables de la pol¨ªtica sanitaria en el terreno de la prevenci¨®n del SIDA es ingente. Muy poco se ha hecho en Espa?a al respecto, lo que contrasta con la seriedad y el rigor con que el problema ha sido abordado en los dem¨¢s pa¨ªses industrializados. Hasta hace pocos d¨ªas ni siquiera era obligatoria en todo el territorio nacional la prueba de detecci¨®n del virus en las donaciones de sangre, y ha sido precisamente en una comunidad aut¨®noma que se hab¨ªa adelantado en la precauci¨®n donde la posterior falta de responsabilidad ha provocado el desaguisado.

Ello demuestra que la elaboraci¨®n de normas debe ir acompa?ada de una pol¨ªtica de supervisi¨®n y control. Las autoridades de la comunidad aut¨®noma catalana son, por lo mismo, igualmente responsables de lo sucedido. Y es de esperar que en todos los casos no se trate de hurtar las sanciones y los castigos a quienes tan negligentemente tratan con la salud p¨²blica.

La industria privada que comercializa productos derivados de la sangre adopt¨® hace ya un a?o como obligatorias las medidas que nuestra sanidad p¨²blica acaba de decidir. Adem¨¢s, en el centro hospitalario de Bellvitge se hab¨ªan producido reiteradas reclamaciones de personal sanitario alertando sobre los riesgos que comportaba el incumplimiento de las normas de prevenci¨®n. Los directivos demoraban las soluciones argumentando que carec¨ªan de presupuesto para subsanar el tema.

Nunca, antes del SIDA, un problema sanitario hab¨ªa ocasionado tan intensas reacciones de espanto social, no s¨®lo por su condici¨®n contagiosa, sino tambi¨¦n debido a que las principales v¨ªas de transmisi¨®n conocidas est¨¢n relacionadas con el sexo o la drogadicci¨®n. La tendencia a la ocultaci¨®n que influyentes grupos sociales y religiosos practican respecto de esta enfermedad dificulta la lucha contra ella. Pero, por encima de teor¨ªas y actitudes morales, sean ¨¦stas permisivas o rigoristas, el SIDA se extiende sin hacer distingos entre los partidarios de unas y otras.

Los pacientes que hayan podido sufrir las consecuencias de la desidia m¨¦dica en la residencia de la Seguridad Social de Bellvitge deben exigir una reparaci¨®n, diricil de ofrecer en el caso de los que hayan sido contaminados. La Administraci¨®n sanitaria ha de llegar hasta el final en su investigaci¨®n sobre lo sucedido, informar sobre ello y depurar las responsabilidades pol¨ªticas. Cabe preguntarse qu¨¦ otro tipo de cr¨ªmenes sociales se ven¨ªan cometiendo en ese hospital: si s¨®lo el SIDA ha podido ser inoculado en las transfusiones y si ¨²nicamente esa norma concreta respecto a esa determinada enfermedad era vulnerada tan impune como culpablemente.

En cualquier caso, y para empezar a actuar, es preciso llevar a cabo una revisi¨®n del estado de salud de todos los enfermos que han pasado por este hospital barcelon¨¦s y que han podido ser v¨ªctimas del contagio. Cualquier intento de minimizar lo sucedido o de relativizar sus consecuencias, aludiendo a un posible p¨¢nico o a exageraciones de la Prensa, constituir¨¢ una nueva agresi¨®n al derecho a la seguridad de quienes han sido pacientes del centro y de quienes m¨¢s pr¨®ximos est¨¦n a ellos.