Una fuga anunciada

HA SUCEDIDO lo que estaba anunciado. La aventurada interpretaci¨®n de las normas legales por parte del magistrado Jos¨¦ Donato Andr¨¦s, juez de vigilancia penitenciaria con jurisdicci¨®n sobre la c¨¢rcel de Zamora, ha propiciado la fuga del ultraderechista Emilio Hell¨ªn, condenado a 43 a?os por el asesinato, en 1980, de Yolanda Gonz¨¢lez, militante del Partido Socialista de los Trabajadores. El fugado ha aprovechado un permiso carcelario de seis d¨ªas para poner tierra por medio y desaparecer. Y no ser¨¢ porque esta posibilidad no se hiciera constar reiteradamente por los responsables de la Administraci¨®n penitenciaria y por el ministerio fiscal.La propensi¨®n de determinados jueces a favorecer a los terroristas de la extrema derecha acusados o condenados por graves delitos de sangre ha sido evidente en los a?os de la transici¨®n pol¨ªtica, y, a lo que parece, persiste en nuestros d¨ªas. Atr¨¢s queda la actuaci¨®n del juez G¨®mez Chaparro otorgando el permiso Carcelario que facilit¨® la fuga de Fernando Lerdo de Tejada, presunto asesino de los abogados de Atocha; la actitud benevolente del controvertido -por decir algo- Var¨®n Cobos con los ejecutores y c¨®mplices del asesinato de Yolanda Gonz¨¢lez, y la un tiempo frecuente protecci¨®n policial a grupos de extrema derecha implicados en muertes o atentados graves en la d¨¦cada de los setenta.

En estos ¨²ltimos a?os, la misma propension, pero encubierta en la. legalidad democr¨¢tica, ha sido palpable en algunos de los jueces a los que ha correspondido vigilar la ejecuci¨®n de condenas impuestas a ultraderechistas por sus cr¨ªmenes durante la transici¨®n. En los ¨²ltimos tiempos tanto el Ministerio de Justicia como el fiscal han insistido en m¨²ltiples ocasiones en que los permisos carcelarios de salida no deber¨ªan beneficiar a los terroristas. Y ello, tanto por la gravedad del delito como por el auxilio probable que les prestar¨ªa el grupo armado al que pertenecen. Pero, sobre todo, por su rechazo a la reinserci¨®n social, que es el objetivo de toda medida penitenciaria.

Los jueces deben asumir la responsabilidad de sus actos ante la sociedad y ante la ley. Y, si no lo hacen, alguien tendr¨¢ que emplear los mecanismos legales necesarios para que as¨ª sea.

En el caso de Hell¨ªn, algo tiene que decir el juez de vigilancia penitenciaria de Murcia, Jes¨²s Vall¨¦s, por autorizar, contra la reiterada oposici¨®n de la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias, el cambio de clasificaci¨®n del recluso, en abril de 1984, cuando estaba encarcelado en Cartagena. Y ahora algo tendr¨¢ que explicar el juez Jos¨¦ Donato Andr¨¦s, por conceder un permiso de seis d¨ªas a un recluso que ya se fug¨® de la prisi¨®n en una ocasi¨®n y lo intent¨® en otra.

Hell¨ªn cumpl¨ªa dos de los requisitos esenciales para este tipo de beneficio (estar clasificado en segundo grado -por una decisi¨®n arbitraria anterior- y haber cumplido una cuarta parte de la condena). Pero le faltaba el m¨¢s esencial: la probabilidad razonable de que no iba a aprovechar la salida de la c¨¢rcel para quebrantar su condena. Jos¨¦ Donato asegura que ten¨ªa la seguridad de ello por la promesa que le hab¨ªa hecho Hell¨ªn. Pues bien: o es un cr¨¦dulo, o un irresponsable, o las dos cosas a la vez. Y a¨²n debe ser dilucidado si no ha incurrido en infracciones de otro orden.

Demasiadas veces se olvida en este pa¨ªs que los jueces pueden prevaricar, y que este delito est¨¢ tambi¨¦n en los c¨®digos. Al margen la investigaci¨®n abierta por el Consejo General del Poder Judicial, cabe esperar por eso alguna acci¨®n por parte del ministerio fiscal y de los allegados de Yolanda Gonz¨¢lez para depurar, por la v¨ªa penal, las eventuales responsabilidades de una actuaci¨®n que ha producido un grave quebranto de la legalidad y ha permitido la fuga de un criminal endeudado con la justicia.