Droga con domicilio

LA DENUNCIA presentada en el Parlamento por la Coordinadora de Barrios de Madrid precisando, con nombres y direcciones, supuestos puntos de venta de drogas en diversas zonas de la capital, as¨ª como la presunta implicaci¨®n de determinados polic¨ªas en esta actividad, revela uno de los aspectos m¨¢s siniestros del narcotr¨¢fico.En no pocas poblaciones, no necesariamente de millones de habitantes, los traficantes de drogas act¨²an casi p¨²blicamente y con tal impunidad que los ciudadanos han recelado de una supuesta pasividad policial en la persecuci¨®n de este grave delito. En ocasiones, algunos padres tomaron la iniciativa de hablar con los mismos camellos para tratar de evitar, con dinero o con amenazas, que no facilitaran droga a sus hijos. Ahora, los denunciantes han llamado la atenci¨®n sobre la existencia de pisos a cuya salida eran detenidas personas que hab¨ªan adquirido peque?as cantidades de droga, mientras que los suministradores segu¨ªan negociando. La sospecha impl¨ªcita es que la polic¨ªa, o algunos polic¨ªas, considera preferible engrosar la estad¨ªstica de detenciones que capturar r¨¢pidamente al traficante.

Ante estas acusaciones, la polic¨ªa ha respondido llevando a los autores de la denuncia ante el juzgado de guardia. Respuesta insuficiente para desvanecer las sospechas, especialmente si no va acompa?ada de un pronunciamiento de los responsables del Ministerio del Interior. Porque no se trata s¨®lo de lavar ante el juez el honor profesional de unos polic¨ªas concretos, sino de disolver las suspicacias de amplios sectores de la opini¨®n p¨²blica sobre la actitud policial. Y m¨¢xime cuando entre los propios funcionarios de la seguridad del Estado se aplican numerosos miembros con gran profesionalidad y celo, por supuesto no compensados por sus retribuciones ni el reconocimiento social de su funci¨®n.

Los medios de comunicaci¨®n han reflejado en los ¨²ltimos a?os casos llamativos de corrupci¨®n policial en el tr¨¢fico de estupefacientes. La Memoria del fiscal especial antidroga correspondiente al a?o 1985 advert¨ªa que el riesgo de posibles corrupciones al que est¨¢n sometidos los distintos niveles de la Administraci¨®n que deben hacer frente a las redes de traficantes se ha convertido ya, en m¨¢s de una ocasi¨®n, en realidad. Por otra parte, en la ¨²ltima Memoria presentada al Gobierno por el fiscal general del Estado se subraya la existencia de lagunas de impunidad en el ¨¢mbito de las drogas duras y del tr¨¢fico organizado, que s¨®lo excepcionalmente caen ep las redes policiales. As¨ª, los datos judiciales del a?o 1985 apuntan a que s¨®lo el 7,48%. de los procedimientos por tr¨¢fico de drogas abiertos en aquel a?o corresponden a ocupaci¨®n de droga calificada como de notoria importancia (a partir de un kilo de hach¨ªs y entre 60 y 80 gramos de hero¨ªna). La conclusi¨®n obvia es que el peso de la represi¨®n cae sobre las drogas blandas y los peque?os traficantes, en muchos casos tambi¨¦n consumidores al final de la cadena.

Aunque en los ¨²ltimos meses se han producido algunos descubrimientos de importancia -frecuentemente en estos casos de drogas duras-, sigue siendo constatable la inclinaci¨®n a la persecuci¨®n del peque?o traficante-consumidor, o del consumidor a secas. Obviamente, el factor m¨¢s peligroso de este tipo de actividad delictiva no es el drogadicto, tan f¨¢cil y emocionalmente criminalizado desde algunos sectores, sino el gran traficante, que crea y explota la adicci¨®n. Precisamente este hecho ha obligado recientemente al Gobierno franc¨¦s a corregir su primitiva pol¨ªtica de basar la lucha contra la droga en la represi¨®n del drogadicto, poni¨¦ndole en la disyuntiva de curarse o de ir a la c¨¢rcel.

En cuanto a la reforma que proyecta el Gobierno espa?ol, la misma filosof¨ªa deb¨ªa inducirle menos a la agravaci¨®n de las actuales penas de prisi¨®n que a la creaci¨®n de mecanismos legales que impidan la realizaci¨®n de este lucro ilegal y su posterior blanqueo en actividades econ¨®micas o financieras l¨ªcitas.

En Espa?a existen unos 200.000 adictos a l¨¢s drogas duras, en su mayor¨ªa j¨®venes entre los 17 y los 25 a?os. En los ¨²ltimos tres a?os han muerto m¨¢s de 500 a causa de este consumo. Pero a esta tragedia deben a?adirse los que han contra¨ªdo el SIDA, quienes se ponen diariamente en peligro de contraerlo y todos aquellos cientos de miles que por culpa de la droga se encuentran, internados o no, en los m¨¢rgenes de la sociedad y, a veces, con enfermedades irreversibles.

Si se quiere acabar con esta sevicia, hay que actuar, pues, en¨¦rgicamente sobre las cadenas de traficantes. Centrar la lucha contra las drogas en la represi¨®n del consumidor podr¨¢ ser gratificante a los efectos de la estad¨ªstica policial, pero resulta poco efectivo para acabar con el comercio ilegal de la droga. Y har¨¢ sospechar a muchos que, con esa dejaci¨®n, el poder econ¨®mico del narcotr¨¢fico campa en nuestro entorno por sus respetos.