El Tribunal Constitucional ampara a uno de los procesados en el 'sumario de la colza'

El Tribunal Constitucional ha anulado la pena de tres a?os de c¨¢rcel por delito monetario a que fue condenado el industrial aceitero catal¨¢n Miguel Par Balcells, procesado tambi¨¦n en el sumario de la colza. El tribunal se basa, para concederle el amparo, en su decisi¨®n anterior de declarar inconstitucional parcialmente la ley de control de cambios de 1979, que hab¨ªa sido la aplicada a Par Balcells en este caso, abierto al margen del sumario por el envenenamiento masivo en el que est¨¢ procesado por delilro contra la salud p¨²blica. Al serle anulada la condena aplicada mediante esa ley, este industrial aceitero se ve libre de cumplir cualquier pena por los delitos de los que fue declarado culpable en aquel caso, entre ellos, uno de falsificaci¨®n de documento p¨²blico. Este delito no fue tenido en cuenta por separado, sino como efectuado necesariamente para cometer el delito monetario.El alto tribunal ha mantenido, sin embargo, la multa de 78 millones de pesetas a los que tambi¨¦n fue condenado, como autor de un delito monetario continuado.

Miguel Par, gerente y copropietario de la empresa L¨ªpidos Ib¨¦ricos, SA, import¨® ilegalmente, en r¨¦gimen de mercanc¨ªas l¨ªberalizadas, m¨¢s de tres millones de kilos de aceite de colza crudo sin desnaturalizar. El aceite era transportado en barcos, que proced¨ªan de Rotterdam (Holanda), y era introducido en Espa?a a trav¨¦s del puerto de Barcelona.

La raz¨®n por la que Par ha obtenido el amparo parcial es que el Constitucional anul¨® la ley sobre el R¨¦gimen Jur¨ªdico de Control de Cambios -la aplicada al recurrente-, m¨¢s conocida por ley de delitos monetarios, en lo que se refer¨ªa a privaci¨®n de libertad, por tener rango de ley ordinaria. Seg¨²n la Constituci¨®n, las penas de privaci¨®n de libertad s¨®lo pueden imponerse en leyes con rango de leyes org¨¢nicas. El citado texto legal ya posee ahora el rango exigido.

La Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU), a trav¨¦s de su abogado Ignacio Uriarte, mantiene que Par debe ser condenado por los delitos de falsedades en documentos p¨²blicos que cometi¨® para llevar a cabo el delito monetario. La Audiencia Nacional consider¨® en su momento que las falsedades de documentos estaban "embebidas" en el delito monetario; es decir, que eran requisito indispensable para efectuarlo. La OCU recurri¨® la decisi¨®n.

El caso pas¨® a la Audiencia de Barcelona, debido a que la Audiencia Nacional estim¨® que el delito de falsedad no era de su competencia. Seg¨²n el letrado Uriarte, el caso ha sido archivado sin que se practicara diligencia alguna.