Juicio del veneno

EL JUICIO sobre el s¨ªndrome t¨®xico ha comenzado sus sesiones con todos los rasgos que caracterizan los procesos con fuerte impacto social. As¨ª, se han producido emotivas escenas entre las v¨ªctimas en su primer contacto con los presuntos culpables o las primeras maniobras de los abogados defensores, incomprensibles para la galer¨ªa, para fijar su estrategia. Tambi¨¦n han surgido los primeros s¨ªntomas de enfrentamiento entre los propios procesados, con intereses no necesariamente coincidentes en este caso, donde los hechos originarios son tan complejos que la atribuci¨®n de los mismos a algunos puede significar la exclusi¨®n de responsabilidades para otros.Todas estas circunstancias pueden considerarse normales aqu¨ª. Pero lo que no es aceptable es que alguno de estos incidentes pueda ser utilizado para provocar la suspensi¨®n del juicio. Por eso, ha sido acertada la decisi¨®n de las asociaciones de afectados de renunciar a su presencia en la vista y evitar as¨ª que ciertas reacciones emocionales puedan ser interpretadas como presiones a la libertad de defensa.

Porque la suspensi¨®n del juicio constituir¨ªa burla infame para los allegados de los m¨¢s de 600 fallecidos,. para la memoria de ¨¦stos y para los 25.000 afectados, 6.000 de los cuales sufren todav¨ªa importantes y -dolorosos trastornos f¨ªsicos y ps¨ªquicos. A cualquier ciudadano espa?ol, por acostumbrado que se est¨¦ a padecer la horrorosa lentitud de la maquinaria judicial, le cuesta ya trabajo asumir que hayan sido necesarios seis a?os para concluir un sumario que contempla hechos tan graves. Ni el esfuerzo presupuestario para dotar con m¨¢s medios que los ordinarios al juez instructor ha sido adecuado para juzgar sin demora a los culpables de la matanza.

Por otro lado, a la insuficiencia de medios que aplazaron la iniciaci¨®n del juicio hay que a?adir la incomprensible disociaci¨®n de este proceso de la investigaci¨®n sobre la posible responsabilidad penal de quienes, a niveles pol¨ªticos y administrativos, propiciaron, con omisiones o consentimientos, el desarrollo del homicidio colectivo. Con ello se sigue hurtando a las v¨ªctimas, todav¨ªa por m¨¢s tiempo, el derecho a una pronta indemnizaci¨®n por los da?os que se les ha infligido.

Indudablemente, es un desaf¨ªo para los jueces discernir la verdad judicial entre las, distintas hip¨®tesis sobre las causas del envenenamiento. Pero asumir este desaf¨ªo es una ocasi¨®n capital para que la endeble estructura de la justicia espa?ola se fortalezca. Las consecuencias de aquel vil mercadeo fueron tan devastadoras para la poblaci¨®n que determinar qui¨¦nes son los culpables y establecer, si llega el caso, una justa condena para sus cr¨ªmenes es condici¨®n para que los espa?oles alberguen la esperanza de que en el futuro no ver¨¢n expuesta su salud y sus vidas a la voluntad de un pu?ado de logreros.

Finalmente, es tarea de la Administraci¨®n impedir que una sevicia semejante pueda llegar a mu?irse en Espa?a. En estos momentos, la falta de un control riguroso permite que siga en el mercado una oferta de garrafas de aceite a granel y de otros productos de consumo humano faltos de la inspecci¨®n y garant¨ªas debidas. Con ¨¢nimo fraudulento o no, la existencia de estos art¨ªculos representa diariamente un foco de riesgo del que ya han sido v¨ªctimas demasiadas veces los sectores sociales m¨¢s modestos. A tales pr¨¢cticas comerciales, incoherentes con el nivel de este pa¨ªs, s¨®lo conviene el nombre de delictivas. Y ante ellas, ser¨ªa incomprensible la pasividad de las autoridades p¨²blicas.