Episod¨ªos nacionales en Catalu?a

Uno de los grandes puntos de acuerdo entre las diversas fuerzas pol¨ªticas catalanas bajo el franquismo y en los inicios de la transici¨®n era el rechazo de la divisi¨®n del territorio de Catalu?a en provincias y la reivindicaci¨®n de una nueva organizaci¨®n territorial que superase el uniformismo impuesto por el centralismo tradicional y partiese de las nuevas realidades econ¨®micas, sociales y demogr¨¢ficas. Aquella voluntad com¨²n se plasm¨® en la Constituci¨®n y en el Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a, textos ambos que, pese a la limitaci¨®n que supon¨ªa la subsistencia de las provincias, sentaban las bases para una nueva ordenaci¨®n territorial. Han pasado unos a?os y en estas ¨²ltimas semanas Converg¨¦ncia i Uni¨® ha utilizado su mayor¨ªa absoluta en el Parlamento de Catalu?a para imponer una organizaci¨®n territorial que ha destrozado aquella inicial voluntad com¨²n. Aparte del conflicto generado en Catalu?a, creo que todos deber¨ªamos meditar sobre lo ocurrido, porque es un ejemplo de c¨®mo se gobierna un pa¨ªs m¨¢s all¨¢ de la ret¨®rica nacionalista.Los ejes principales de las cuatro leyes impuestas por la mayor¨ªa absoluta de CiU y conocidas con la sigla gen¨¦rica de LOT son la creaci¨®n de 38 comarcas, la supresi¨®n de la Corporaci¨®n Metropolitana de Barcelona y la regulaci¨®n de la autonom¨ªa municipal. El resultado global es la complicaci¨®n administrativa, el caos organizativo y la limitaci¨®n de la autonom¨ªa de los ayuntamientos. Basten dos ejemplos para demostrarlo.

La Catalu?a actual tiene poco que ver con la de la II Rep¨²blica, pero las 38 comarcas que se han creado son las mismas que se definieron entonces. Nadie sabe cu¨¢l va a ser su funcionalidad ni su coste; ning¨²n criterio t¨¦cnico las avala. Estas 38 comarcas no sustituyen a las diputaciones provinciales, sino que se superponen a ellas. Y aunque la LOT expresa el prop¨®sito de que en el futuro Catalu?a se convierta en una sola provincia, el hecho es que por ahora subsisten las cuatro. Por lo dem¨¢s, es dudoso que la provincia ¨²nica sea lo m¨¢s conveniente para Catalu?a, y lo cierto es que si las provincias desaparecen se recrear¨¢n de otra manera, bajo la forma de regiones o veguer¨ªas. Y en todo caso, nadie ha pedido la opini¨®n al respecto de los ciudadanos de Tarragona, L¨¦rida y Gerona. Pero aun suponiendo que la reivindicaci¨®n de la provincia ¨²nica acabe saliendo adelante, pese a todos los interrogantes, ser¨¢, como todo el mundo reconoce, en un futuro bastante lejano. Por consiguiente, el resultado concreto, visible e inmediato de la, nueva ordenaci¨®n territorial es que subsiste todo lo que ya exist¨ªa y se crean adem¨¢s 38 comarcas. Y si se tiene en cuenta que en cada comarca habr¨¢ un gerente de nombramiento pol¨ªtico que ejercer¨¢ de hecho la direcci¨®n ejecutiva y administrativa, el resultado ser¨¢ -para decirlo de manera m¨¢s gr¨¢fica- que en vez de los cuatro gobernadores civiles que exist¨ªan hasta ahora tendremos 42.

El segundo ejemplo es el de la supresi¨®n de la Corporaci¨®n Metropolitana de Barcelona. El n¨²cleo municipal de Barcelona en sentido estricto, es extremadamente reducido y no respon de a la situaci¨®n real de la conurbaci¨®n barcelonesa. La Corporaci¨®n Metropolitana ten¨ªa, sin duda, serios problemas de estructura y de representaci¨®n pero era un instrumento precioso para abordar, debidamente reformada, los complejos problemas que plantea el desarro llo y la planificaci¨®n de un n¨²cleo urbano como el de Barcelona y su entorno.

Pues bien, el Gobierno de CiU la ha hecho desaparecer y la ha sustituido por dos entidades (una, de transportes, con 18 municipios, y otra de servicios hidr¨¢ulicos y tratamiento de residuos, con 32 municipios), dejando en rnanos del propio Gobierno de la General¨ªtat la cuesti¨®n clave del urbanismo. Si a ello a?adimos que los municipios integrantes de la corporaci¨®n decidieron con anterioridad crear una mancomunidad para gestionar lo que estas leyes dejan fuera, tendremos que en el territorio de lo que hasta ahora era la Corporaci¨®n Metropolitana existir¨¢n los siguientes organismos, cada uno con sus propios ¨®rganos de direcci¨®n y con ¨¢mbitos espaciales distintos: el Gobierno de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y los dem¨¢s ayuntamientos implicados, la Diputaci¨®n de Barcelona, las comarcas, las dos entidades metropolitanas ya citadas, la mancomunidad, tambi¨¦n citada, y, naturalmente, la Administraci¨®n perif¨¦rica del Estado. Todo ello en un territorio que viene a ser la mitad del municipio de Madrid y con una poblaci¨®n sensiblemente igual a la de ¨¦ste.

En esto se ha convertido pues, aquella gran aspiraci¨®n pol¨ªtica del conjunto de las fuerzas pol¨ªticas catalanas. En vez de simplificaci¨®n, complicaci¨®n En vez de ordenaci¨®n, caos. En vez de eficacia administrativa, clientelismo. En vez de adecuaci¨®n a las nuevas realidades de Catalu?a, arbitrismo. En vez de consenso, prepotencia partidista.

Se me dir¨¢ que, en definitiva, esta ordenaci¨®n territorial ha sido aprobada por una clara mayor¨ªa parlamentaria y que esto es la democracia. Cierta mente es as¨ª, y nada hay que ob jetar desde un punto de vista formal. Pero en Catalu?a no s¨®lo hay esta mayor¨ªa. El 80% de la poblaci¨®n catalana vive hoy en municipios gobernados por la izquierda, entre ello Barcelona y las otras tres capitales de provincia. Todos los ayuntamientos de la suprimida Corporaci¨®n Metropolitana de Barcelona se han mostrado contrarios a esta supresi¨®n. Y esto tambi¨¦n es voluntad democr¨¢tica.

Lo que hay detr¨¢s de esta ca¨®tica decisi¨®n es muy simple, y el propio presidente, Jordi Pujol, lo ha expresado con gran claridad: se trata de aprovechar la actual mayor¨ªa parlamentaria para destruir todo lo que pueda hacer sombra al Gobierno de CiU y para controlar por v¨ªa administrativa lo que no puede gobernar por v¨ªa electoral. A trav¨¦s de las comarcas y sus gerentes, por ejemplo, ClU pretende controlar la Catalu?a industrial y desarrollada donde ella es sistem¨¢ticamente minoritaria. Con la supresi¨®n de la Corporaci¨®n Metropolitana de Barcelona pretende controlar la planificaci¨®n urban¨ªstica de la zona. Con la ley municipal quiere imponer su tutela sobre unos ayuntamientos en los que est¨¢ pol¨ªticamente en minor¨ªa. Y eso es todo.

Ocurre, sin embargo, que todo esto se just¨ªfica en nombre del inter¨¦s nacional de Catalu?a. El propio presidente Pujol ya ha denunciado por anticipado como un atentado contra ese inter¨¦s nacional el posible recurso de inconstitucionalidad contra la LOT que pueda presentar el Gobierno central, el ¨²nico que est¨¢ realmente en condiciones de presentarlo, pues en Catalu?a CiU tiene la mayor¨ªa suficiente para bloquear cualquier iniciativa en este sentido. Una vez m¨¢s se utiliza el viejo recurso del adversario exterior para cerrar el c¨ªrculo.

El episodio es una ilustraci¨®n casi perfecta de lo que hay realmente detr¨¢s de este nacionalismo. Pero tambi¨¦n es una demostraci¨®n de que la autonom¨ªa por s¨ª misma no garantiza una mayor democracia ni una mayor transparencia, y que, por consiguiente, la construcci¨®n de las autonom¨ªas no es s¨®lo un problema de competencias, sino tambi¨¦n una batalla por la democracia en cada una de ellas. Lo ocurrido va a crear muchos problemas en Catalu?a, pero por lo menos tiene la virtud de aclarar las cosas. Con su brutal simplicidad, la decisi¨®n del presidente Pujol, de su partido y de su Gobierno demuestra que detr¨¢s de sus invocaciones al inter¨¦s nacional de Catalu?a no hay m¨¢s que unos intereses de grupo muy concretos. La batalla pol¨ªtica inmediata pasa por hacer comprender esto a la mayor¨ªa de los ciudadanos de Catalu?a.