El Poder Judicial ampara a los jueces frente a la "intromisi¨®n pol¨ªtica" de dirigentes socialistas.
BONIFACIO DE LA CUADRA, El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desautoriz¨® ayer las declaraciones de varios dirigentes socialistas particularmente, las del secretario general del PSOE de Vizcaya, Ricardo Garc¨ªa Damborenea, y las del presidente del Gobierno de Navarra, Gabriel Urralburu sobre la supuesta inhibici¨®n de los jueces del Pa¨ªs Vasco ante el terrorismo. El pleno del CGPJ reaccion¨® contra lo que calific¨® de "incoherencia con el orden democr¨¢tico" y menoscabo de la independencia judicial y expres¨® su amparo a los jueces frente a la "manipulaci¨®n o intromisi¨®n pol¨ªtica".
Con esta declaraci¨®n, el ¨®rgano de gobierno del poder judicial se pronuncia sobre las manifestaciones realizadas por Garc¨ªa Damborenea, que el pasado 1 de mayo arremeti¨® contra los jueces que ejercen sus funciones en el Pa¨ªs Vasco, de los que, entre otras cosas, dijo que "est¨¢n tan preocupados por los derechos constitucionales de los terroristas que no les queda tiempo para los derechos de la mayor¨ªa". En igual fecha, Urralburu se refiri¨® a "un poder judidical que a veces parece atemorizado y que se resiste a aplicar la ley con toda su fuerza contra los agitadores".Estas declaraciones de dirigentes socialistas no han sido hasta ahora desautorizadas por los m¨¢ximos dirigentes socialistas, sino por el contrario respaldadas de distinta forma por varios de ellos, incluido el propio presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez. Ayer, el secretario de organizaci¨®n del PSOE, Txiki Benegas, manifest¨®: "El poder judicial est¨¢ sometido a las cr¨ªticas de los partidos- y de los ciudadanos, como cualquier otro poder del Estado. Garc¨ªa Damborenea est¨¢ en el derecho de hacer las declaraciones que ha hecho. Suscribo las declaraciones de Damborenea en el sentido de que se puede hacer m¨¢s desde el punto de vista de la aplicaci¨®n de la legalidad por parte de la justicia". El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, dijo tambi¨¦n ayer: "es curioso que interesen m¨¢s, y se hable m¨¢s, de las declaraciones de un pol¨ªtico sobre el comportamiento de los jueces que sobre el atentado mismo que ha costado la vida a dos personas. Cuanto menos, eso a m¨ª me preocupa".
De ah¨ª que el pronunciamiento del Consejo -cuyos 20 vocales fueron, elegidos por el Parlamento de mayor¨ªa socialista- se dirige a "quienes ostentan responsabilidades pol¨ªticas" e imputan al poder judicial "actitudes de incumplimiento de'sus deberes o la realizaci¨®n de ¨¦stos de forma parcial y al servicio de fines no constitucionales".
Tres de los 19 asistentes al pleno (Terenciano ?lvarez no ha tomado a¨²n posesi¨®n y Antonio Gonz¨¢lez Cu¨¦llar se encontraba fuera de Madrid) estimaron no procedente hacer una declaraci¨®n, "porque no es funci¨®n del Consejo", dijeron, "responder a declaraciones pol¨ªticas". Se trata de Ignacio de Otto, Pablo Garc¨ªa Manzano y Valent¨ªn de la Iglesia Estos tres vocales y Emilio Berlanga, que propuso un texto alternativo, se abstuvieron en la votaci¨®n del texto ' mayoritario que obtuvo 15 votos. La declaraci¨®n se discuti¨® durante dos ho ras, tras analizar los cuatro borradores presentados: uno por el vicepresidente Manuel Peris y los vocales Francisco Huet, Jos¨¦ Luis Calvo y Mart¨ªnez Zato; otro por Adri¨¢n Celaya y Juli¨¢n Se-rrano; otro por Pablo Castellano, y otro por Emilio Berlanga.
Texto alternativo
El texto de Berlanga, que fue descartado, dec¨ªa as¨ª: "hacer recaer sobre los jueces responsabilidades que les son ajenas, para enmascarar la inoperancia de quienes tienen aquellas como propias; llevar la mendacidad hasta ocultar a la opini¨®n p¨²blica que a los jueces ejercientes en el Pa¨ªs Vasco les ha sido siempre legalmente sustra¨ªda, a favor de la Audiencia Nacional y Juzgados Centrales, la competencia para conocer de los delitos de terrorismo; acusar de lenidad precisamente a estos jueces, que de continuo han venido reclamando su competencia exclusiva para conocer de aquellos delitos, significa, no s¨®lo un reprobable atentado a la independencia judicial, sino tambi¨¦n un irresponsable cuestionamiento de los fundamentos mismos del Estado social y democr¨¢tico de Derecho".
Al dar cuenta del pleno del Consejo, Mart¨ªnez Zato contest¨® a los informadores que no existen datos sobre la veracidad de las imputaciones realizados a los jueces de Euskadi, en donde se ha experimentado una ligera mejor¨ªa* en la situaci¨®n de la administraci¨®n de justicia. En todo caso, manifest¨® con ¨¦nfasis: "los jueces en el Pa¨ªs Vasco no act¨²an con temor, sino con escrupulosa pulcritud".
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