El Gobierno argentino quiere promulgar una ley de 'pacificaci¨®n nacional'

ENVIADO ESPECIAL, Despu¨¦s de que el procurador general de la naci¨®n, Juan Octavil¨® Gauna, aceptara en su dictamen para la Corte Suprema de Justicia la eximente de obediencia debida, el Gobierno argentino busca urgentemente las f¨®rmulas que permitan promulgar una ley de pacificaci¨®n nacional, con el mayor consenso posible de las fuerzas pol¨ªticas y sociales, para poner fin a la dif¨ªcil situaci¨®n creada por los juicios contra militares acusados de violaci¨®n de los derechos humanos.

El dictamen de Gauna se esperaba con impaciencia desde hac¨ªa semanas, porque marca el inicio de una salida al problema militar. De hecho, la decisi¨®n del procurador nacional s¨®lo puede aplicarse al juicio del general Ram¨®n Camps, conocido como el carnicero de Buenos Aires durante su etapa al frente de la polic¨ªa de la provincia de Buenos Aires. Pero la aceptaci¨®n del principio de obediencia debida es el n¨²cleo sobre el que se desarrollar¨¢ la pr¨®xima normativa destinada a pacificar los cuarteles.Juan Octavio Gauna, de 50 a?os, acept¨® en su dictamen la citada eximente a favor de un cabo y un m¨¦dico de la polic¨ªa federal condenados en primera instancia por torturas. Pero ni el general Camps ni el comisario Etchecolatz, incluidos en la misma causa, pueden beneficiarse de la eximente, ya que fueron quienes dictaron las ¨®rdenes. Del mismo modo, el principio de obediencia debida no podr¨¢ aplicarse a los autores de "delitos aberrantes, como violaci¨®n o secuestro, a quienes se extralimitaron en la represi¨®n y a quienes obtuvieron beneficios propios"

Ahora se trata de crear una legislaci¨®n, bien a iniciativa del poder ejecutivo o bien del legislativo, que haga obligatoria la aplicaci¨®n de este principio en los casos ocurridos durante la llamada guerra sucia, entre 1976 y 1983. Ello supondr¨ªa el no procesamiento o 1a absoluci¨®n de centenares de oficiales que tenian una jerarqu¨ªa de mando intermedia durante la. dictadura. El proyecto de ley har¨¢ ¨²nicos responsables. de los delitos cometidos en acto de servicio a quienes dieron las ¨®rdenes, pero no a los que las ejecutaron.

Durante los ¨²ltimos d¨ªas se han mantenido numerosas reuniones entre el presidente, sus asesores y sus ministros, mientras que por otro lado se entrevistaban diputados y senadores de distintos partidos pol¨ªticos. Hay urgencia por encontrar una salida a la crisis y se da como muy probable que Ra¨²l Alfons¨ªn convoque este fin de semana en la quinta presidencia de Olivos a destacados dirigentes pol¨ªticos y sindicales.

Alfons¨ªn busca un compromiso lo m¨¢s amplio posible, similar al acta de apoyo al sistema democr¨¢tico que se firm¨® durante el mot¨ªn militar de Semana Santa. Empujado a terminar de una vez con el problema que supone el procesamiento masivo de oficiales de las fuerzas armadas, el presidente necesita esa concertaci¨®n entre diversos sectores sociales, adem¨¢s de una cuidadosa legislaci¨®n -que impida, por ejemplo, la constante interposici¨®n de recursos- y la conformidad, t¨¢cita o expresa, de la c¨²pula militar en activo.

Entre las soluciones que se barajan est¨¢ la famosa de trazar una raya a nivel de, teniente coronel, de tal modo que s¨®lo pudiesen ser encausados los jefes de grado superior (coroneles y generales). Adem¨¢s, se habla de un posible corte vertical por el que se, distinguir¨ªa entre quienes planearon y ordenaron la represi¨®n y aquellos otros que cumplieron esas ¨®rdenes.